Profunda indignación genera el escándalo de la vacunación irregular. Que funcionarios públicos hayan puesto por delante el egoísmo y su interés personal, antes que su compromiso de servicio al país no tiene justificación alguna. Que otros se hayan aprovechado de sus relaciones o “entorno cercano” para saltarse la fila y acceder a una vacuna, por delante de los miles de médicos y enfermeras que están en la primera línea, no tiene perdón.
Si se hubiese actuado de manera transparente y donado esas vacunas a los médicos, ¿Cuántas vidas de aquellos que se arriesgan día a día por protegernos se habrían salvado? Lo ocurrido, lamentablemente, muestra el egoísmo de nuestra sociedad.
Esa indignación que sentimos debe llevarnos a la acción. Todo el peso de la ley deberá caer sobre estas personas, inhabilitación de funcionarios públicos y pase a retiro de los funcionarios de Cancillería. Una rápida y contundente respuesta es necesaria para cerrar este doloroso capítulo con mensajes claros para nuestra población ante esta crisis de ética y valores.
Pero, así como existen malos funcionarios públicos, hay también muchos buenos servidores que cumplen cabalmente con sus responsabilidades, incluso con grandes limitaciones, pero siempre bajo principios éticos. Al haber pasado por el Estado, considero que ser un funcionario público es un honor y un orgullo. Contribuir al bienestar de los ciudadanos es lo más gratificante. Nuestro reconocimiento a todos aquellos funcionarios honestos, éticos, empáticos, responsables, que están al servicio del país. Y a los muchos jóvenes que sueñan con contribuir en políticas públicas: sigan ese camino.
Otra rápida respuesta ante lo ocurrido debe ser proteger y acelerar la campaña de vacunación. El sector privado está dispuesto a apoyar en la logística y la distribución para llegar a cada rincón del país. Muchos peruanos, especialmente personal médico, bomberos, policías y nuestros adultos mayores tienen esperanza y esperan la vacuna. Debemos asegurar que la vacunación sea efectiva y se haga lo más rápido posible.
Por último, la empresa privada puede y debe ser un socio del Estado. ¿Cuántas empresas pueden comprometerse a vacunar de manera gratuita a sus trabajadores, familiares y proveedores, así como a las comunidades de influencia? ¿Cuánto dinero se podría ahorrar el Estado? Ojalá que lo ocurrido sirva para que actuemos de una vez juntos, que pongamos por delante al ciudadano y dejemos de lado las mezquindades que lo único que hacen es cobrar más vidas cada día.
