A Estados Unidos le preocupa profundamente que el gobierno de Nicaragua bajo el control de Daniel Ortega haya rechazado los llamamientos de sus propios ciudadanos y de la comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, para generar confianza en el proceso electoral, al no aprobar reformas significativas para permitir elecciones libres y justas en noviembre.
En cambio, el martes 4 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua si aprobó una legislación que negará al pueblo de Nicaragua unas elecciones genuinamente libres y justas.
Las medidas electorales, que son contrarias a las solicitadas en la resolución de octubre de 2020 de la Asamblea General de la OEA, no prevén la presentación de informes de resultados oportuna y transparente, ni la observación independiente de observadores nacionales o internacionales.
También se suman motivos preocupantes que excluyen a candidatos en su participación y otorgan a la Policía Nacional de Nicaragua el poder de prohibir las reuniones de los partidos y los eventos de campaña. Por separado, la Asamblea Nacional también aprobó el nombramiento de magistrados para el órgano de control electoral, el Consejo Supremo Electoral, todos los cuales son afines al presidente Ortega.
Con estas acciones, así como la continua represión de los derechos humanos, el presidente Ortega y sus partidarios están señalando un inquietante desprecio por la voluntad del pueblo nicaragüense y los compromisos de Nicaragua en virtud de la Carta Democrática Interamericana.
“Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para apoyar los llamados de los nicaragüenses a la democracia y la justicia, para tener elecciones libres y justas”
Esta declaraciones fueron formuladas por Ned Price, portavoz del Departamento de Estado USA.
Traducción de la Mesa de Redacción de MDP, Minuto Digital Perú
Fotografía referencial y reseña siguiente a la Nota de Prensa del U.S. Departmento of State: Coordinadora de ONGD
Para tu conocimiento:
El 18 de abril de 2021 se cumplieron tres años del inicio de la represión violenta y permanente por parte del Gobierno de Nicaragua contra el derecho a la protesta y a la movilización ciudadana. Los últimos datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, de noviembre de 2018, situaban en 514 el número de personas asesinadas.
El comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos denuncia la existencia de 779 personas encarceladas -–en muchos casos sometidas a torturas y tratos crueles y degradantes-. Según un reciente informe de Naciones Unidas, 60.000 personas están hoy exiliadas fuera del país.
