El sector minero es uno de los más importantes para el país, lo cual se aprecia en su invariable, pero considerable participación en la producción nacional, pues la minería metálica pasó de representar el 8.9% al 8.8% del PBI entre 2010 y 2020. Además, el año pasado aportó considerables recursos al Gobierno, pues la recaudación de canon minero ascendió a S/ 4,504 millones y las regalías mineras alcanzaron los S/ 2,565 millones, lo que representó un 4.3% y un 2.5% del total recaudado en el periodo, respectivamente, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)[1].
Lamentablemente, al igual que en los últimos años, la ejecución de estos recursos se situó muy por debajo de lo disponible, con apenas S/ 2,367 millones y S/ 1,060 millones ejecutados provenientes del canon y las regalías en 2020, lo que significó apenas el 52.6% y el 41.4% del monto recaudado, respectivamente.
A pesar de que la minería solo generó 132,083 puestos de trabajo el año pasado, lo que representó apenas un 0.9% del total de empleos y una reducción del 29.9% con respecto a los resultados de 2019, según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), se debe resaltar su alto grado de formalidad. En particular, dicha actividad registró una tasa de empleo formal del 50.7%, ampliamente mayor al promedio nacional del 24.7%.
Además, pese a su baja participación, la creación de empleos mineros genera una mayor demanda de recursos en la economía (transporte, consumo, entre otros) que dinamiza aún más el mercado laboral peruano, tanto así que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estimó, en 2018, que por cada empleo en la minería se crean 6.25 empleos adicionales en el país.
Actualmente, el Perú se posiciona como el segundo productor mundial de cobre, únicamente por debajo de Chile, con US$ 2,403 millones exportados de minerales de cobre y sus concentrados durante el primer trimestre del presente año, lo que corresponde al 21.6% del total exportado en el mismo periodo, aunque presenta una reducción del 4.3% con respecto al mismo trimestre de 2020. No obstante, lograr este desempeño no fue tarea fácil, pues el incremento considerable en la producción de cobre recién sucedió tras la reforma de los años noventa, que instauró un régimen económico de mercado y significó un gran impulso para la inversión privada en exploración y explotación, así como un incremento notable de los territorios concesionados, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En contraste, durante la década de los setenta y ochenta, el Gobierno fue el principal actor en la explotación de los recursos mineros a través de empresas estatales como Minero Perú, Centromín y Hierro Perú, pero, aun así, el principal productor de cobre fue una empresa privada de capitales extranjeros. Ello explicó el aumento de la producción, que entre 1960 y 1989 creció de 183,988 a 368,168 toneladas métricas, a razón del 2.4% promedio por año, pero tras las reformas pasó de 323,412 a 2,455,440 toneladas métricas entre 1990 y 2019, a razón del 7.2% anual, según el Minem.
¿HACIA UNA MENOR COMPETITIVIDAD?
Por ello, resultan preocupantes las propuestas de “renegociar las condiciones de contrato” y, en caso las empresas mineras no las acepten, que el Estado intervenga en su reemplazo, lo cual ignora que durante varios años las empresas públicas fueron incapaces de lograr el auge del sector. Por si ello no fuera suficiente, durante la vigente campaña electoral también se ha propuesto la implementación de nuevos gravámenes al sector, en busca de una mayor recaudación gubernamental, pero esto también omitiría un factor relevante: la alta carga tributaria en el Perú para el sector minero.
En realidad, nuestro país impone una mayor tasa efectiva de tributación —que se define como el monto de impuestos pagado por una empresa como porcentaje de su utilidad financiera antes de impuestos— que el régimen chileno, debido a que la tasa nominal de impuesto a la renta en el Perú ascendió al 29.5% en 2019, mientras que la de Chile aumentó gradualmente del 15% al 27% entre 2000 y 2019, según la Cepal. Por su parte, el Instituto Peruano de Economía también analizó la carga tributaria para el sector entre los países mineros a nivel global, y halló que el Perú presentaría la segunda mayor tras encontrar que el 47.07% de las utilidades de una empresa minera se destinan al pago de impuestos, únicamente por debajo de México (48.5%). En contraste, Australia impone una carga del 44.3%, seguido por Chile (40.7%) y Canadá (35.5%).
Sin dudas, el sector minero ha contribuido considerablemente al desarrollo de la economía peruana, pero todavía tiene potencial por aprovechar. Esto se aprecia en la actual cartera de proyectos de construcción de minas presentada por el Minem, la cual contempla un total de 46 proyectos que en conjunto están valorizados en US$ 56,158 millones. En particular, sobresale que el 68% de dicho monto se destinaría a proyectos de exploración cuyo principal mineral para extraer sería el cobre, seguido por un 14% orientado al oro y el resto distribuido entre hierro, fosfatos, zinc, uranio/litio y plata. Empero, también lo hace la procedencia de las inversiones, pues apenas el 7.7% del total a invertirse sería de origen nacional; mientras que un 21.5% provendría del Reino Unido, un 18.6% de China, un 15.3% de Canadá y un 12.8% de EE. UU., y el resto estaría distribuido entre otros seis países.
Esto significa que difícilmente el Gobierno peruano podría compensar los proyectos perdidos por las propuestas mencionadas o por las referentes a “desglobalizar la economía”. Todo esto en un contexto en el que el precio del cobre aumenta sostenidamente desde junio de 2020, al pasar el promedio mensual de 238.09 a 465.38 centavos de dólar por libra a mayo del presente año[2], según el Banco Central de Reserva del Perú.
Así, las propuestas que respaldan algunos candidatos no solo destruirían las condiciones que han permitido el desarrollo del sector, sino que implicarían una pérdida considerable de las oportunidades con las que cuenta el país actualmente, capaces de aprovecharse en caso sean correctamente gestionadas, sobre todo en Cajamarca, pues cinco proyectos de construcción de minas se realizarían en dicho departamento y concentrarían US$ 17,900 millones y un 31.9% del total de la inversión estimada por el Minem.
