A una semana de la llamada “tercera toma de Lima” a manos de subversivos, resulta urgente que el Gobierno adopte criterios firmes de defensa de la democracia y dicte medidas concretas de represión de la hordas que amenazan con la violencia.
Primero debe aclararse que en el Perú no existe el derecho a la protesta. La Constitución en su artículo 12, concordado con el numeral 15 de la Convención Americana, establece el derecho de manifestación y reunión pacífica y sin armas de la población para manifestarse. No cabe la “protesta” contra el sistema democrático y cuando se piden violentamente acciones gubernamentales -sí imposibles e inconstitucionales- como la renuncia en masa de la presidente de la República, los congresistas, la liberación y la reimposición del gobierno golpista de Pedro Castillo Terrones.
Las movilizaciones sociales tampoco son aceptables cuando se declara el estado de emergencia, según el artículo 137 de la Constitución; el cual se justifica “en caso de perturbación de la paz o del orden interno”. Y durante ese periodo quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
La emergencia se justifica por cuanto los organizadores de las marchas, encabezados directamente por el militarizado partido comunista del Perú (Sendero Luminoso), llaman a atacar y sabotear activos críticos de la nación como carreteras, puertos, aeropuertos, edificios del Ministerio Público, del Poder Judicial y hospitales y hasta la sede del Congreso de la República. Por lo tanto no se debe permitir el acceso masivo de manifestantes a la capital, quienes llegan en caravanas claramente financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal.
Como acción preventiva procede la captura de los cabecillas ya identificados del plan subversivo y que incluyen no solamente a senderistas, sino también a activistas extranjeros, a saber franceses, norteamericanos, europeos, venezolanos, cubanos, argentinos, chilenos y peruanos que ya están identificados.
Y nuestra diplomacia debe advertir al mundo que si se producen disturbios la responsabilidad por la víctimas será de los subversivos. En cuanto a militares y policías, esta vez el Gobierno debe darles el apoyo político y la seguridad jurídica indubitable para que reaccionen y repriman con todas las armas de reglamento. Boluarte debe estar advertida: en el Perú no permitiremos la situación patética y criminal que acaba de producirse en el estado fallido de Francia. Aquí el comunismo no pasará.
