No deja de sorprender la ignorancia y la arrogancia de dos grupos que siempre tienen como objetivo hacerle daño a las personas, en una forma u otra: el gobierno y el Congreso.
Hoy trataremos de señalar nuevamente, algunos de esos dardos venenosos que requieren un antisuero que neutralice su efecto pernicioso, deteniendo un mayor daño, aunque no invierta los perjuicios ya hechos.
Primero que todo, hay que indicar que el proyecto del Congreso (de la denominada absurdamente “reforma”) es una copia del emitido por el gobierno, vía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la llamada Comisión de Protección Social (CPS), que como vemos era más de desprotección al trabajador, porque no trataba en ningún lugar de su propuesta, los temas que se requieren para mejorar, fortalecer e impulsar todo que corresponde al sistema privado de pensiones y al sistema nacional, sino que, paradojas de las reformas, se trataba de desaparecer el éxito privado y justificar el fracaso del Estado.
El punto de partida fue el pésimo diagnóstico que se evacuó, algo así como la introducción “copy paste” de una publicación sin base ni fundamento. ¿Quién presidió ese grupo de trabajo en la CPS? El representante de la ONP, que estuvo acompañado de gentes anti empresa privada. Entonces, sesgado equipo o confluencia de un sector ideologizado, se apuraron en buscar un nuevo modelo previsional, un “modelo peruano” para la posteridad, antes que entender, estudiar, analizar y comprender porqué el sistema privado de pensiones funcionaba, rendía y daba utilidades y, en la vereda del frente, el sistema nacional de pensiones estaba quebrado y seguía recibiendo decenas de miles de millones de soles de nuestro alicaídos impuestos, para maquillar un rostro y cuerpo totalmente inerte, extinguido, desprestigiado.
Presentaron el Estudio de la CPS y el rechazo comenzó a encenderse en diversos frentes, a pesar de la millonaria campaña de prensa que se desarrolló y, evidentemente, la consabida publicidad mediante entrevistas a los clásicos economistas pro estatismo encubierto, justificadores de cualquier tropelía, realizando algunas conferencias y mesas redondas (en realidad cuadradas) y columnas de opinión.
Así, la propuesta pasó al Congreso anterior pero, felizmente no entendieron nada esos representantes y simplemente, lo mandaron a la congeladora. Una sabia decisión no meterse en temas que no entienden y mejor aún, si están mal elaborados.
Pasó el tiempo y algunos grupos parlamentarios comenzaron a buscar proyectos archivados o que nunca llegaron a verse en las comisiones y encontraron el del MEF, así que “copy paste” y en alocada carrera contra sus tiempos y ambiciones, lo presentaron varios grupos desde distintas formas, previo maquillaje legislativo.
Esa es la breve historia de los antecedentes que junto al errado diagnóstico de la realidad, llevó a que la actual Comisión congresal, lo haga suyo -todo, el estudio, el diagnóstico y los errores- y presente, luego de la clásica ronda de invitaciones y reuniones, un Proyecto de Ley insostenible.
Veamos el por qué:
- Un sistema “integrado” de pensiones, que implica unir el sistema nacional (ONP quebrado), el sistema privado (ahorro de los afiliados a las AFPs) y Pensión 65 (beneficencia); una idea descabellada e insostenible, financieramente significaría invertir por lo menos US 500 millones para darle operatividad y asumir los pasivos.
- Que todos los nuevos entrantes a la fuerza laboral (sea en el sector formal o informal, sean trabajadores dependientes o independientes) se afilien obligatoria y automáticamente al “nuevo sistema integrado” a cargo del Estado. Desaparece lo privado en privilegio de lo estatal.
- Los actuales afiliados a las AFP mantendrían sus ahorros acumulados en el sistema integrado aunque éstos ahorros pasarían a un sistema de inversiones denominado “nuevo esquema de gestión de carteras de inversión” (tomen nota de este invento estatal financiero llamado GCI en los siguientes puntos).
- Se crea un sistema de reparto “implícito” donde los ciudadanos a través del pago de más tributos financian la pensión básica de los jubilados, vía el incremento de la presión tributaria y otros esquemas de subsidios.
- Todos recibirán a los 65 años una pensión equivalente a S/ 135 soles. Lo que aportes de los descuentos por tu salario cada mes, va a dos cuentas: 30% automáticamente al “fondo de todos” y 70% a tu “cuenta individual”, pero no se te garantiza que a más aportes, mejor pensión, sino que a más aportes por mayor salario, sirves de financiamiento para que se nivele la pensión de todos y esos S/ 135 suban progresivamente… ¿Hasta cuánto y por cuánto tiempo? Nadie sabe.
- No existe ni un solo Estudio Financiero ni Actuarial que sustente esa cifra, ni esa propuesta del congreso, ni la del gobierno (aunque son gemelas).
- La integración de los sistemas ONP y AFP, con Pensión 65, otorgaría entonces una pensión “básica” y selectiva (no es como dicen, universal); no es una pensión mínima que sea igual a la Remuneración Mínima Vital (porque se calcula en el mismo monto de Pensión 65) bimensual. Este Pilar previsional sería administrado por la ONP, hoy desfinanciada, quebrada.
- Todos los peruanos mayores de 18 años tendrán automáticamente una cuenta de ahorro individual, asociada a su número de DNI y se incentivará un ahorro previsional adicional con estímulos desde el Estado, a condición de no retirar los ahorros (95.5% o vivienda) ni jubilarse anticipadamente, perdiéndose un derecho. En otras palabras, te motivarán para que logres mejorar la pensión que NO te van a poder dar a cambio de tus aportes (o sea, otra vez el drama de la ONP).
- Se normará la centralización obligatoria de los servicios de administración de cuentas individuales y atención al cliente (al trabajador afiliado) en una sola institución pública que se denomina preliminarmente la “Centralizadora” pero que será… la ineficiente y quebrada ONP. Es decir, premio a su burocracia y despido a los trabajadores de las AFP.
- La Centralizadora, el nuevo nombre de la ONP, asumirá la representación de los afiliados ante las Gestoras de Carteras de Inversión (GCI). Las GCI “reemplazarán a las actuales AFP” y serán seleccionadas por la Centralizadora vía licitación internacional pública.
- Las GCI se concentrarán en la gestión de activos, en la gestión de la inversión de los ahorros previsionales de los afiliados y la Centralizadora “ordenará el mercado” licitando los saldos de los ahorros a un número limitado de GCI. El Estado, interviniendo otra vez.
- La Centralizadora delegará vía contrato de mandato la gestión de inversión de los ahorros previsionales a las GCI que ganen la licitación. El contrato de mandato tendrá una vigencia 5-7 años, después de los cuales la Centralizadora podrá renovarlo o re-licitar los saldos. Cada 5-7 años “licitación”, sinónimo de más corrupción.
- Los afiliados “tendrían” derecho a elegir la GCI (aunque se daría por defecto, al no informarse a los trabajadores). El afiliado comunica su elección directamente a la Centralizadora (y no a la GCI elegida) la cual mantendría el contacto directo con la GCI en representación de los afiliados. ¿Más enredos? Te afilian, eligen por ti, deciden en tu nombre.
- Cree el gobierno y lo mismo el Congreso, que “dado el tamaño del mercado peruano” un número no mayor a 5 GCI sería suficiente para administrar el total del ahorro previsional obligatorio, ¿En vez de 4 AFP? ¿No es otro “oligopolio”, pero impulsado por el Estado?
- Un “Comité de Notables” (conformado por expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio, y seleccionados y convocados por el MEF) establecería una Cartera Benchmark de Ciclo de Vida para cada generación (o cohorte) de trabajadores, cada 5 o 10 años. ¿Notables funcionarios públicos y burócratas de organismos internacionales que están vendiendo la idea de todo este nuevo modelo?
- Así, por ejemplo, se establecería una Cartera Benchmark para los trabajadores nacidos entre 1980 y 1984; otra para los trabajadores nacidos entre 1985 y 1989, y así sucesivamente. La Centralizadora actuaría como Secretaría Técnica para el trabajo del Comité de Notables.
- Pero, al ser una cantidad muy grande de dinero de los aportes de los trabajadores, y como entran “operadores institucionales vía lobby”, para hacer “viable” una adecuada diversificación de activos, se tendría que ampliar significativamente los límites a la inversión en activos externos.
En resumen: Convertir con otro nombre a la ONP, en la única administradora de pensiones, supervisora de gestión de fondos y el ente que licitará los ahorros de millones de trabajadores, para que unos lobbystas internacionales se apoderen del dinero cada 5-7 años mediante licitaciones del Estado y den una rentabilidad mínima por el dinero. Multiplicar subsidios para justificar estos cambios y crear un monstruo burocrático. Todos tendrán una Pensión Básica de S/ 135 soles a los 65 años, monto que irá subiendo cada cierto tiempo, progresivamente (por inflación, por IPC, por más aportantes, no se sabe); si quieres mejorar esa pensión básica (no dicen cómo, cuánto, el tiempo, bajo qué parámetros), el Estado te dará incentivos a condición que no hagas retiros de tus aportes ni te jubiles anticipadamente, pero administrando siempre tus aportes adicionales.
Y finalmente, si no estás contento, puedes ir a una AFP, si es que existen en medio de todo este enredo y locura.
