Un diario que se caracteriza por despedir a sus trabajadores sin haberles pagado lo que les corresponde, sin haber depositado los descuentos que les hacen cada mes de trabajo para sus ahorros previsionales y seguridad social, sin remunerarles como corresponde, encabeza una secuencial manipulación desde su posición extremista contra cualquier candidato que no se arrodille ante sus exigencias de aplaudir el discurso de violencia y agresión que es empleado por hordas comunistas en la Región Puno.
Bajo un miserable titular que dice: “Aimaras y quechuas rechazan a Keiko Fujimori y advierten a Rafael López Aliaga que no venga a Puno” pretenden amenazan directamente con hacerle daño, agredir físicamente y con grupos armados, en este caso, contra los dos candidatos presidenciales que lideran las encuestas.
¿Alguna organización de defensa de los derechos humanos o de los derechos de las mujeres ha elevado una voz de protesta? No, al contrario, algunas callan como siempre, pero otras, parecieran estar de acuerdo y listas para defender a los atacantes, a los criminales, a los subversivos, mientras el pueblo puneño se encuentra asombrado que un diario de Lima dirija y ordene qué deben hacer las autoridades en su región.
“”Ningún medio de comunicación, ni sus operadores políticos, están por encima de la Constitución y la Ley. ¿No lo entienden? Van a entenderlo muy pronto, ha sentenciado Paco Huancca, poblador de Huancané y dirigente de los numerosos comerciantes artesanales que están viendo mermar sus ingresos ante la caía de miles de turistas que no viajan a Puno por los actos de violencia anunciados en estas elecciones.
Mientras tanto, las organizaciones formales de la economía, la industria y la producción, también han mostrado su malestar e indignación por cuanto los medios de izquierda alientan el odio político y el odio regional cuando dicen los dirigentes comunistas que “Lima es la culpable de todo, que no vengan los de Lima ni los extranjeros” (esto es un nivel de locura y fanatismo extremo).
Los agitadores comunistas y sus medios extremistas pretenden decidir quién pueden ir a Puno o ser linchado, quieren que Puno sea “zona liberada”, lo mismo que hacía el partido comunista Sendero luminoso.
Es momento que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial estén en alerta y garantizando los derechos humanos fundamentales de los peruanos que participan en política, ya sea como candidatos o representantes de partidos que intentan explicar, informar y responder a las expectativas de la población.
