La revolución del odio está escalando en el Perú y lo hace de la mano de un plan de siembra de violentas expresiones contra autoridades que ejercen alguna forma de gobierno o representan a la ciudadanía pero de forma irresponsable, como es el caso de los congresistas, gobernadores regionales y alcaldes. Esto sucede así porque a las izquierdas principalmente, les han fallado todas las formas de tratar de aglutinar ciudadanos en acciones políticas de presión social, como son las deslucidas y poco concurridas marchas o movilizaciones, las desprestigiadas “tomas de Lima”, la formación de colectivos de discursos políticos reactivos y las abandonadas jornadas de sensibilización o vigilancia en las que nunca participan los que las impulsan, aunque se dicen que son “líderes y dirigentes populares” pero siguen en la más absoluta soledad.
El tema es que no existe en esas personas un gatillante, un detonante, algo que sea el motor del impulso a las masivas movilizaciones y protestas que no suceden, que no se sucede, Por ejemplo, en Ayacucho, el actual Gobernador Regional obtuvo el 46.79% de los votos y su actual principal aliado el 34.19%, es decir que ambos grupos “oscorimistas” representan a más del 80% de los electores. Sin embargo, un grupo de alrededor de 200 ciudadanos le expresaron fuertes adjetivos a Oscorima por sus evidentes escándalos e incapacidad para el ejercicio de su gobernación. Los que lo eligieron, ya no lo quieren ahora.
Lo mismo ocurre con la Ministra de Cultura, a quien nadie la eligió y a quien nadie la respalda. Dicha autoridad nombrada por la presidenta Boluarte cometió un grave error -o quizás fue algo intencional- al dar un discurso donde el 90% de los presentes eran ex beneficiarios de subvenciones estatales que ella les retiró. Los provocó y obtuvo el griterío clásico de rechazo y condena. Un suceso que no escaló a la agresión.
En días pasados, una Congresista de la República fue cercada y atacada, agredida con objetos contundentes para hacerle daño en un establecimiento donde se fueron juntando varios activistas que se pasaron la voz para poner en marcha sus rechazos verbales y sus ataques físicos. Buscaban los agresores, que la Congresista o quienes le estaban acompañando reaccionen con la misma violencia pero eso no sucedió felizmente, porque se hubiera tratado de una batalla campal y las víctimas iban a ser los organizadores del ataque evidentemente, porque así es que fabrican sus estrategias de beneficio mediático y político.
El derecho a expresar descontentos, discrepancias, malestar, decepción o cualquier muestra de expresión pública es una reacción natural, no un derecho a la violencia, esa es la principal premisa. ¿Quieres mandar a la mierda a un político, congresista, ministro, alcalde, gobernador regional, periodista? Hazlo si lo deseas y si sabes a qué te enfrentas legalmente. ¿Quieres decirle sinvergüenza, ladrón, asesino, corrupto? Es tu decisión, no es un derecho a la violencia verbal, no es un derecho al agravio, así dicha “autoridad” esté siendo investigada o procesada.
Estamos en un nivel de “experimentar que va a pasar” si se sube la intensidad de las expresiones de rechazo y el uso de la violencia, pero tengamos mucho cuidado en cruzar la línea hacia el ataque corporal, porque pasamos de las agresiones, del lanzar objetos contundentes… ¿A una nueva de forma de protesta? ¿Proponiendo qué?
