Carta de Alan García, publicada por su abogado Erasmo Reyna, sobre las razones para el pedido de asilo a la República Oriental del Uruguay.
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Como es fácil “etiquetar” de corrupta a una persona difundiendo y repitiendo rumores para lograr reacciones emocionales, creo necesario recordar hechos que no se conocen o se olvidan.
Primero. En el año 2013 el Señor Fiscal de la Nación, Dr. Antonio Peláez, máxima autoridad del Ministerio Público, inicio de oficio una investigación por presunto enriquecimiento ¡lícito contra mí y durante un año analizó e investigo cada uno de mis ingresos y el único bien inmobiliario que poseo, adicionalmente cada una de las conferencias dictadas como conferencista internacional, y un año después en diciembre del año 2013 expidió su Resolución Final en la cual estableció: “No se ha demostrado existir ningún enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial o lavado de activos en el presidente Alan García”.
Segundo. En el año 2011, tras el fin de mi segundo gobierno, el parlamento, de mayoría adversaria y gobiernista, creó una comisión llamada la Mega Comisión sobre los presuntos ¡lícitos cometidos por Alan García y, en los años siguientes, levantó mi secreto bancario, analizó mis bienes que se limitan a mi vivienda particular, estudió mis ingresos; es decir, mi pensión como ex Presidente, mi salario como director de un Instituto Universitario y el producto de mis conferencias internacionales y, en el año 2016, antes de cerrarse ese congreso de mayoría adversaria presentó un informe que fue aprobado por el Congreso, en el cual consta textualmente: “No se ha encontrado ningún indicio o prueba de enriquecimiento ¡lícito o patrimonial de Alan García”.
Tercero. En el año 2017, el actual Congreso, en el que el Partido Aprista Peruano, solo cuenta con cinco de ciento treinta parlamentarios, creó la llamada Comisión Lava Jato, que por dos años, llevó a cabo una investigación sobre más de diez obras construidas en tres gobiernos y sobre más de 400 personas, y su conclusión votada el ocho de octubre señalo explícitamente: “No hemos encontrado ningún indicio, delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos”, que sí han involucrado documental y probadamente a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski e inclusive a otros funcionarios como la alcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán.
Cuarto. El Fiscal de la Nación, que sucedió al Fiscal Peláez, Dr. Pablo Sánchez, ordenó en el mes de junio de 2018, el archivamiento de las nuevas investigaciones sobre lo ya investigado, por haberse establecido que no tenía ninguna vinculación con delito o enriquecimiento patrimonial. Y de esta manera, fue el segundo Fiscal de la Nación que lo hizo, aunque ninguna de ambas resoluciones sea respetada, en este momento, por fiscales de inferior categoría que conducen la persecución política en mi contra con simples especulaciones y rumores, que lanzadas y repetidas se vuelven verdad para muchos.
Quinto. En todas y cada una de las declaraciones bajo juramento, que por acuerdo entre Perú y Brasil han ofrecido, el dueño de la empresa Odebrecht y sus más altos funcionarios han reiterado que no tengo relación con ningún delito ni he recibido ni pedido algún beneficio para mí. Así lo dijo Marcelo Odebrecht al fiscal del Perú y al procurador brasileño: “Nunca hemos hablado de nada ilícito ni ilegal con Alan García”; su representante en el Perú, Jorge Barata ha dijo en el proceso que “jamás conversó conmigo sobre ningún soborno” y que sí, según dijo, apoyó al partido aprista peruano en una elección hace doce años fue “Sin conocimiento de Alan García, que nunca habló conmigo y que no sabe si alguna vez tuvo conocimiento de eso”. Finalmente, el tesorero de esa empresa, Carlos Nostre, brasileño, declaró en el mes de octubre que, en efecto, sobornó a un viceministro (Jorge Cuba) depositándole dinero en una cuenta en Andorra pero que jamás tuve yo nada que ver en ello, ni lo supe.
Sexto. Todos estos hechos comprueban cuánto y cómo estoy alejado de actos delictivos, por lo cual, en más de siete años de terminado mi gobierno no he tenido ningún proceso. Pero ahora, para vincularme con algún hecho se utilizó una de las 36 conferencias mundiales que he dictado como expresidente, la sostenida en el auditorio de la Federación Industrial de Sao Paulo argumentando que ella había sido pagada indirectamente por Odebrecht, una de las empresas miembros de esa Federación y presumiendo, sin prueba, que ese dinero provendría de ilícitos de la empresa. Pero es público que, en el año 2012, nadie en América Latina tenía conocimiento de las acciones delictivas y de soborno que esa empresa protagonizaba, pues solamente se conocieron en el año 2016. Además, recibí los honorarios de la Federación y su agenda, enviados desde el Banco do Brasil y por los que pagaron impuestos, en mi cuenta pública en Urna y pagué el 30% de impuestos por ella. Pero por especulación malévola se ordenó el 17 de noviembre mi impedimento de salida del país por 18 meses.
Séptimo. He asistido a 48 citaciones de jueces y fiscales sobre cada una de las obras que hizo la empresa Odebrecht en el Perú, pero, llegado a Lima el día 15 para asistir a la citación número 49 encontré que esta se suspendió, solicitándose mi impedimento de salida del país sin ninguna explicación. Personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación, nos hizo saber que esa medida se adoptaría a pesar de lo cual y por no creerla, asistí, pero se cumplió. Luego, se nos informó que, para la siguiente audiencia, la número 50, el 19 de noviembre se aplicaría una medida de detención preliminar en la propia audiencia para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses, en una suerte de emboscada inaceptable.
Octavo. En los días siguientes se ha comprobado lo siguiente: la orden de impedimento fue dictada por el juez el 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde, pero como lo demuestra el documento oficial, el Ministerio del Interior ya habían dispuesto desde el 1 en la mañana ese impedimento informando a todas las garitas de salida del país, lo que demuestra que la orden judicial había sido antecedida por una orden política. Tan grave como ello es que, ahora, para responder a la denuncia de persecución política, el jefe de los fiscales que ven este caso diga abierta y descaradamente en la televisión que: “Solo se trataba de una sospecha inicial para la cual no tenemos todavía ningún elemento fundamental”. Pero al decir eso con respecto a la conferencia, no da marcha atrás en el impedimento de salida de 18 meses que es una limitación a la libertad y una sanción política ante el país, ni desmiente que el día 19 iba a procederse a mi detención por una “sospecha inicial” que es solo una especulación o rumor.
Así se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos y se comienza acusando de lavado de activos porque según se dice el dinero de la conferencia habría provenido de actividades ilícitas de Odebrecht; tras lo cual se añade el tipo de Organización Delictiva y de esa manera se tiene una detención de 36 meses que es una sentencia en sí misma ampliable a otros 36 meses mientras “se hace la investigación”. Pero todo ello coincide con el calendarlo electoral y con las acciones del gobierno.
Noveno. En ningún otro tema existe declaración, ni delación acusatoria, ni cuenta corriente por ninguno de los proyectos. Con esa confianza he participado, repito, en 48 audiencias fiscales y judiciales explicando que el Presidente de la República por emitir decretos de urgencia para realización de las obras en una democracia, no tiene ninguna culpabilidad por el delito de algún funcionario menor.
Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa.
Alan García
