La discusión generada por la última moratoria de pensiones votada en el Congreso Argentino dejó en claro que, además de las emergencias financieras, la otra gran «bomba» que recibirá el próximo gobierno será el de un sistema de pensiones (de retiro) que todos los analistas consideran colapsado, injusto y fiscalmente inviable.
Fue la conclusión expresada por todos: desde los opositores que criticaron la moratoria y la ven como una injusticia hacia quienes contribuyeron, hasta los kirchneristas que la votaron como una solución de corto plazo y celebraron una victoria política sobre «la derecha» pero al final Reconocen la necesidad de una reforma estructural.
Uno de los más explícitos en este sentido fue el Diputado Daniel Arroyo -exministra de Desarrollo Social-, quien tras la moratoria admitió ante las cámaras de televisión: “Se necesita un cambio profundo en el sistema de retiro, no podemos vivir de moratoria en moratoria. Con el tiempo habrá menos cotizantes, porque los jóvenes que hoy trabajan en las motocitos son monotributistas, entonces hay que prever otro tipo de aportes y El problema de la informalidad.
Y concluyó con una frase contundente: “El sistema está agotado”. Es todo un cambio de postura, si se tiene en cuenta que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el entonces ministro Martín Guzmán indicó que una de las ventajas del “stand by” es que no prevé una reforma previsional.
Ahora en cambio, esa definición de Arroyo sobre el agotamiento del sistema que perfectamente podría haber sido firmada por los diputados opositores que rechazaron la moratoria y criticaron el costo fiscal de casi medio punto del PIB.
Entonces, el diputado José Luis Espert Basó la necesidad de una reforma en que los pensionistas excepcionales ya son mayoría: «El esquema general representa una cuarta parte, otro cuarto son las moratorias y el resto son regímenes especiales».
La última moratoria votada en el Congreso suma 800.000 jubilados y pone de manifiesto la inviabilidad del sistema a medio plazo
Sistema agotado, de Argentina a Francia
La existencia de una «bomba de pensiones» deja, al menos, un consuelo: a diferencia de lo que ocurre en temas como la inflación o la bolsa, no se trata de un despilfarro argentino sino de una crisis que se vive en casi todo el mundo. mundo desarrollado. De hecho, estos días hemos visto imágenes de masivas protestas callejeras en Francia, contra una reforma que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años.
En Francia, los motivos expuestos para introducir estos cambios no son tan diferentes a los que se ven en Argentina: cambios demográficos, cambios culturales, dificultades fiscales.
¿Y en Argentina? Las estadísticas son convincentes: hoy la esperanza de vida es de 80 años para las mujeres y 76 años para los hombres, mientras que en la década de 1960 la expectativa era de 67 y 61 años respectivamente. Y esta situación positiva, permitida por el avance de la medicina, implica el desafío de cómo sostener a los jubilados que ganarán por mucho más tiempo que las generaciones anteriores.
En definitiva, en todos los países se produce una reducción del número de cotizantes al sistema. es una consecuencia de envejecimiento de la poblaciónpero también de impacto tecnológico En el mercado laboral. Y, en el caso argentino, todo se ve agravado por la informalidad de la economía, que afecta a más de un tercio de los trabajadores.
Los expertos estiman que solo seis de cada 10 jubilados alcanzan la edad de jubilación habiendo cumplido 30 años de aportes. Y lo peor aún está por venir: “Hay que advertir a los monotributistas y autónomos que van a tener bajas jubilaciones, ya que los aportes jubilatorios de estos regímenes son ínfimos. Solo las categorías IV y V de los trabajadores por cuenta propia pagan una cotización igual o superior al salario medio en relación de dependencia”, puntualiza Andrea Falcone uno de los principales abogados previsionales del mercado argentino.
Jubilación, la variable de ajuste
Por supuesto, en el caso argentino existen, además del cambio demográfico, otras motivaciones más urgentes: básicamente, las arcas del erario agotadas. Y dado que las jubilaciones y pensiones son la partida de mayor peso en el gasto público -aproximadamente el 40% del total-, es inevitable que, cada vez que se suba la bajada de impuestos, son candidatos para el ajuste.
Prueba de ello es que el FMI, en su revisión de diciembre, recomendó recortar el gasto en pensiones un 0,2% y la asistencia social en un 0,6%. Y a pesar del alto costo político que implica esta medida en un año electoral, hasta ahora se está cumpliendo con este recorte, por licuefacción inflacionaria.
La caída real de las jubilaciones fue una de las variables que permitió reducir el déficit fiscal en 2022
El recorte -de 0,3 puntos del PIB- fue lo que permitió el año pasado haber cumplido la meta de bajar el déficit fiscal de un nivel de 3,6% a 2,4%. Entre los que más se habían opuesto a la moratoria estaba el exministro Guzmán, quien entendió que sumar 800.000 jubilados pondría en riesgo la meta fiscal.
Aun así, el monto de las pensiones ha disminuido en términos reales, a tal punto que, según la defensor del pueblohay un 70% de jubilados que ganan menos de la canasta básica estimada para ese segmento de la población.
Una historia de licuefacciones
¿Cómo se explica que, con un sistema que tiende a costarle cada vez más al Estado, los jubilados sean simultáneamente la variable del ajuste fiscal? La respuesta es simple: lo que aumenta por un lado, se compensa mediante fórmulas de indexación que no protegen contra la erosión inflacionaria.
Y es un tema que no distingue color político ni ideologías, porque en mayor o menor medida todos los gobiernos de la historia reciente lo han hecho.
La administración de Cristina Kirchner que por un lado incrementó el gasto al sumar tres millones de personas sin aportes suficientes, compensado con una fórmula de indexación «procíclica» -es decir, cuando la economía caía, las jubilaciones se hacían en mayor proporción-.
Luego el macrismo, con la «reparación histórica» de 2016 lo que reconoció las masivas reclamaciones judiciales, también incrementó el costo de las jubilaciones. En ese momento, se generaron debates internos en el gobierno: la facción más «fiscalista» -que se mantuvo en minoría- argumentó que el gasto en pensiones podría crecer hasta representar el 13% del PBI, tasa que duplicaría el promedio latinoamericano y que superan a sus propios inventores del «estado de bienestar» como Francia y Gran Bretaña que rondaban el 12%.
La forma de compensar este gasto fue la famosa y accidentada reforma de diciembre de 2017. Un Congreso bajo piedras votó por una fórmula de indexación que el macrismo presentó como progresista, porque se ajustaba a la inflación.
El cambio en la fórmula de indexación de 2017 generó violentas protestas en las inmediaciones del Congreso
De hecho, lo que estaba en la mente de los funcionarios era que la inflación continuaría cayendo, mientras que la economía crecería. De esta forma, las jubilaciones pesarían cada vez menos en términos de recaudación y PIB. sin embargo, el crisis devaluatoria de 2018 arruinó todo el plan.
Esta situación derivó en la reforma impulsada en 2020 por Guzmán, que luego sería ácidamente criticada desde el kirchnerismo. En particular, se recuerda la definición de la diputada díscola Fernanda Vallejos -la calificó como «esa reforma de mierda que nos hicieron votar»- y la responsable de la derrota electoral en el legislativo
Lo cierto es que el mecanismo de indexación volvió a la lógica «procíclica», lo que hizo que las pensiones quedaran descubiertas en un contexto de inflación creciente. Prueba de ello es la permanente necesidad de aprobar bonos extraordinarios para compensar la erosión del poder adquisitivo. En este período de gobierno, las jubilaciones han sido la principal variable de ajuste. El último informe fiscal marca una caída real del 4%.
Esperando la próxima fórmula
Y todo indica que la historia se repetirá. Los expertos en las finanzas del sistema de pensiones dan por hecho que en 2024, gane quien gane, habrá otro cambio de fórmula de indexaciónpara compensar el impacto de la última moratoria.
De acuerdo a Fundación Mediterránea, en 14 provincias ya hay una mayoría de jubilados y pensionados que accedieron a su beneficio a través de moratorias. Hay tres millones y medio de beneficiarios.
Habrá un desafío adicional: corregir la injusticia hacia los jubilados que han hecho sus aportes en regla. El economista George Colina, directora de Idesa, señala que mientras los jubilados del régimen general reciben en promedio $125.000, los moratorios reciben $120.000. Casi lo mismo, pero sin haber hecho aportaciones.
Pero en este punto, la «solución» de la licuefacción por inflación también encuentra sus límites.
Las reformas en estudio prevén el impacto de las nuevas modalidades laborales, con menor incidencia del empleo dependiente
“El problema será para los que en serio quieren bajar la inflación. Porque tendrán más pensiones que pagar, gracias a la renovación de las moratorias de 2023, sin la licuefacción de los retiros de 2023. Porque cuando baja la inflación, la fórmula de la movilidad hace que los pensionistas recuperen lo perdido”, argumenta Colina.
Y afirma que manipular la regla de movilidad implica «un tiro por la culata», porque generar deuda pensional ocultaque termina pagando posteriormente con retroactividad, intereses y honorarios en juicios de pensión.
¿Tiempo para la reforma estructural?
En consecuencia, las posibilidades de una reforma estructural aparecer más alto que nunca. De hecho, ya se están estudiando iniciativas en la oposición. Y se descuenta que el tema también estará entre las demandas del FMI.
Entre los puntos más mencionados está la posibilidad de que los trabajadores puedan ahorrar para tener un complemento individual a la jubilación estatal. Los expertos también sugieren que el sistema permita «jubilaciones parciales»: hoy una persona sin aportes y otra con 29 años se jubilan con la pensión universal, de $41.000. Esto supone un desincentivo a la aportación de aquellas personas que ya saben que no podrán cumplir los 30 años, y que esperarán a una nueva moratoria.
«El otro El defecto del PUAM es que prohíbe el trabajo. Las personas que reciben el PUAM no son discapacitadas. Son personas que reciben una pensión universal en reconocimiento de haber alcanzado la edad de jubilación. Como cualquier otro jubilado, tiene derecho a seguir trabajando”, dice Colina.
Y luego está, por supuesto, el gran tabú: edad de jubilación y tasa de reemplazo -es decir, el porcentaje del salario que formará la jubilación-. Pero es un tema que, aun con el costo político que implica, se está discutiendo en el mundo.
“Desde 2010, la Unión Europea viene desarrollando iniciativas para prolongar la vida laboral activa. Debemos promover programas para el reciclaje laboral de los mayores de 45 años”, dice el abogado Falcone.
A primera vista parecen debates que, en la Argentina de hoy, están cubiertos por emergencias. Sin embargo, son en la base de la otra «bomba» que el nuevo gobierno tendrá que desactivar.
Fuente: iprofesional.com
