Mantener ministros que no producen buenos resultados es una mala decisión, pero peor es hacerlo con aquellos que producen autogoles y su trabajo no beneficia al de a pie. Ello, porque la gestión de un ministro de economía y finanzas se fundamenta en la #LegitimidadFiscal de sus decisiones, entendida ésta, como la confianza que gana mediante -haber realizado- el apropiado gobierno de la recaudación y del gasto de los tributos.
Por ello, mantener a un ministro que genera déficit fiscal de 4 puntos del PBI, a pesar de haber dado un Decreto de Urgencia para la sostenibilidad fiscal y el equilibrio presupuestario hace seis meses, es una torpeza suprema, dado que mayor déficit en proporción del PBI no es igual a mayor confianza de los inversores, porque saben que un mayor endeudamiento lo pagarán futuras generaciones de descontentos peruanos.
El ministro Arista otorgó amnistías perjudicando recaudación, aumentó el gasto corriente (10% en remuneraciones repartidas entre gobierno central y regionales). Y por otro lado, la inversión pública si bien mejoró -a nivel gobierno central-, no contrarrestó que múltiples proyectos continúen detenidos (mineros y agroexportación) y que la inversión de los gobiernos locales siga sin plena ejecución. Sin embargo, el mayor peso negativo provino de mantener desorganización, privilegios y sobrecostos en empresas públicas, como el Banco de la Nación, EsSalud, y PetroPerú, además que la falta de decisión en nombrar el reemplazante de la viceministra renunciante, no es buena señal.
Permítanme dimensionar el costo de la mala gestión de un ministro de economía y finanzas. Por ejemplo, en la administración previa (ministro Contreras), el aumento del endeudamiento en el año 2023 fue de 5,050 millones de dólares por la obligación de financiar déficit fiscal de 2.8% del PBI. Ello ocasionó que durante el año actual (2024), el pago de intereses totalice 26,385 millones de soles. Por lo tanto, su gestión significó un aumento de 5,988 millones de soles respecto de los intereses pagados el año anterior (2023) por 20,397 millones.
Siguiendo la misma lógica, los peruanos tendremos que pagar por la gestión del ministro Arista, quien elevó el déficit fiscal a 4.1% del PBI, un incremento de 12,250 millones de soles, dado que el pago de intereses llegará a 38,635 millones, asumiendo “ceteris paribus” todo, incluida la tasa a concertar por el nuevo endeudamiento. Esta cifra no está siendo consignada en el presupuesto 2025. Entonces si el anterior ministro fue malo, el reemplazo está siendo peor.
Visto el costo “veamos que trajo de bueno”. De la comparación de cifras entre el Banco Central de Reserva y el MEF, el crecimiento en el PBI se sitúa entre 2.8 a 3.2 % pero sin cambios en la productividad. La inversión privada no ha crecido y menos en nuevos sectores, es decir que ese crecimiento no se sentirá en el segmento de menores ingresos de la población que demandan empleo.
Término indicando que este “muy caro” ministro, además está apuntando a otras exoneraciones. Una mediante la suscripción de convenio de doble tributación con China; y la otra, mediante el impuesto cero para zona económica especial en Chancay. Estas son propuestas que no se sustentan a ser prioridad en la agenda, cuando lo primero y necesario, es el control del despilfarro, la inepcia e indiferencia, así como del entreguismo y clientelismo en la gestión de los estados. Porque la legitimidad fiscal, será el eje de competitividad en el presente siglo.
