La prisión preventiva existe en el Código Penal para que una persona permanezca en prisión temporal mientras se dicta sentencia sobre su caso. Según nuestra ley, dura un máximo de 12 meses (1 año). Cuando la difunta aberración que llamamos cicig ordenaba “prisión provisional” violaba nuestra ley porque esa figura NO EXISTE en nuestro ordenamiento jurídico.
Sabiendo eso, es fácil preguntarse cómo es posible que haya gente en prisión preventiva por años, incluso, habiendo fallecido en prisión preventiva. Hay personas que están esperando juicio desde hace 5 años. Eso es un abuso a sus derechos humanos, una aberración jurídica, un abuso de autoridad y de poder y una herramienta político ideológica muy fuerte.
Por ejemplo, el abogado Moisés Galindo está en prisión preventiva desde el 2018. Se le acusa de oponerse a la cicig y a su mandato en Guatemala. Esa asquerosa entidad dirigida por el terrorista (por sus vínculos con las FARC) Iván Velasquez y las ratas que la apoyaban (Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y los Demócratas encabezados por el pervertido Todd Robinson), llegaron al extremo de tratar de quitarle sus propiedades adquiridas con su práctica como abogado como forma de represión.
Galindo alzó la voz para denunciar que esa mafia intimidaba jueces, empresarios, políticos, militares etc. para encerrarlo, utilizaron una grabación que obtuvieron de un cliente de Galindo, a quien coaccionaron para que lo grabara mientras hablaba sobre todo esto. Cómo si oponerse hubiese sido delito. Moisés Galindo está preso por una prueba ilegal y un argumento que insulta el raciocinio.
Velasquez, Aldana, Sandoval, Barrios, Xetumul, Gálvez y Aifán decidieron que primero se mete preso y después se arresta cuando se trata de sus opositores. Ahora que el Ministerio Público y jueces que ya no se sienten coaccionados quieren aplicar la ley como está escrita, los acusan de corruptos. Han violado la Ley en todos sus niveles, incluyendo el Código de Ética del Colegio de Abogados.
Sinibaldi robó millones al Estado. Y está en prisión preventiva en su casa dónde pudo incluso pasar la Navidad con su familia. Lo mismo Sandra Torres, que incluso se sospecha ordenó el asesinato del periodista Hugo Arce. Ahora resulta que Gustavo Alejos está en arresto domiciliario, a pesar de ser sindicado de liderar la línea, de contratos ilegales a granel, de enriquecimiento ilícito, e inclusive, en el libro de Aziza Musa lo señala como responsable del asesinato del empresario Khalil Musa y su hija Marjorie.
Sólorzano Foppa está en arresto domiciliario por delitos electorales y está acusado también de violencia contra la mujer. En el caso Odebrecht, la terrorista (por sus vínculos con la guerrilla terrorista) Ericka Aifán le negó a Carlos Batres Gil el arresto domiciliario. Pero Alvaro Colóm y Juan Alberto Fuentes Knight, ligados a proceso por fraude y peculado por el caso transurbano están libres. Fuentes inclusive también está implicado en el caso Odebrecht. Si eso no es favoritismo, habría que revisar la definición de favoritismo.
Lo mismo con nuestros veteranos presos por actos no cometidos por ellos, como la violación que es un delito individual no imputable a terceros, basados en convenios que no son retroactivos y que no aplican al momento en que los supuestos delitos fueron cometidos. Convenios que las perversas terroristas Aifán y Barrios (ambas con vínculos directos a la guerrilla terrorista) se empeñan en aplicar ilegalmente. Octogenarios que sufren tremendos quebrantos de salud y que debieran estar en todo caso, bajo arresto domiciliario, aunque los fundamentos mismos de los juicios sean ilegales y absurdos.
Sólo en el 2018 fallecieron 56 personas en prisión preventiva. En el 2017 fallecieron 58, en el 2016 fueron 52, en el 2015 fallecieron 47, en el 2014 fueron 35, en el 2013 fueron 20, en el 2012 fallecieron 19, en el 2011 murieron 13, en el 2010 fueron 21, en el 2009 fueron 15, en el 2003 fueron 23.
La selectividad en la aplicación de justicia de todas estas ratas con toga es inaudita, aberrante, y deben pagar por sus culpas. Aifán, Barrios, Xetumul, Galvez, Sandoval, Aldana, Veliz, y sus secuaces deben ir presos. Nadie puede estar por encima de la ley y la ley jamás debe ser usada como herramienta política.
En lo personal, me encantaría poner a todos los socialistas, comunistas, globalistas y progresistas en un calabozo bajo 7 mil llaves y tirarlas al mar, pero eso no estaría apegado al Derecho. Hasta esas ratas deben afrontar la ley respetando el debido proceso.
