Ayer en otro medio escribí el porqué del narcotráfico, quienes ganan, qué lo motiva, y por qué el Ejército no logra combatirlo.
Ampliando lo último debo empezar diciendo que uno de los más graves triunfos de los terroristas dirigidos por Helen Mack, Eduardo Stein y Edgar Gutiérrez ha sido la reducción del Ejército de Guatemala de 44 mil efectivos a más 11 mil. Gracias a los ex Presidentes Pérez Molina y Jimmy Morales aumentó a más o menos 20 mil efectivos.
Con armamento arcaico, galiles de los años 70s, deben enfrentarse a narco-guerrillas de psicópatas armados hasta los dientes con armamento moderno del más alto calibre. Así, jamás acabaremos con el narcotráfico en Guatemala.
Para rematarla, los militares tienen de sobra razones para no querer arriesgarse además porque los derechos humanos, herramienta de izquierda, defiende a los narcos, a los mareros y a los criminales y no a las víctimas ni a las fuerzas del orden.
Si queremos seguridad en Guatemala, urge un Presidente que denuncie el Pacto de San José, nos saque de la nefasta Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los Estatutos de Roma, y de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todos esos entes son herramientas de la Internacional Socialista (que Guterres, Secretario General de la ONU presidía hasta ser electo en la ONU), y no buscan otra cosa que la eliminación de todos los entes que se les oponen en el mundo, incluyendo los Ejércitos.
Haciendo eso, la Corte de Constitucionalidad podría revertir muchas cosas incluyendo los resarcimientos que Guatemala ha pagado y está pagando ilegalmente a tantos, empezando por las Mack. Los resarcimientos son expresamente prohibidos por la Constitución. Los otorgados por Yasmin Barrios, Erika Aifán, Xetumul y Miguel Angel Gálvez se basan en el nefasto Pacto mencionado, que no tiene efecto retroactivo.
Cuando los supuestos crímenes de guerra ocurrieron, Guatemala no era signataria del mentado Pacto de San José. Por ende, aplicarlo es ilegal, a todas luces.
Esas acciones también liberarían que se militarice, en el sentido de entrenamiento, armamento y disciplina a la PNC. Una PNC adiestrada y equipada es una fuerza del orden efectiva.
Tanto el Ejército como la PNC deben aumentar en efectivos y hay que mejorarles la paga.
Y todo eso va de la mano de que se implemente la pena de muerte y se amplíe a asesinos en serie, extorsionadores, mareros, violadores seriales y pedófilos.
Millones de empleados en Ministerios inútiles, con duplicidad de funciones, que destinan el 60% de su presupuesto a “funcionamiento” debieran ser usados en salud, educación y seguridad.
El día que un candidato a la Presidencia tenga esa visión, voluntad y el valor de ejecutar esto, Guatemala comenzará a avanzar a pasos agigantados hacia el progreso para todos. De eso depende que haya inversión, empleo, disminuya la migración ilegal, y que en todo el país termine la trata de blancas, los abusos a los niños, etc.
