Lo que era una sospecha, se vuelve cada día más una evidencia: se está desarrollando un plan de acción gubernamental gestado por un grupo de oficiales de escritorio de las fuerzas armadas, que teniendo lo que se conoce reservadamente como el Plan Decisión o “libro de aplicación y estrategias para el ejercicio temporal del gobierno en situaciones de catástrofe, calamidad o grave amenaza” ha sido puesto en manos del actual presidente, quien ha debido escalar etapas de su incorporación, cada una más corta que la anterior, a causa de los innumerables problemas ocasionados por el propio gobierno y su ausencia de control en el tiempo, que han surgido en un país a la deriva económica primero y sanitaria después, en una mezcla explosiva de contradicciones de gestión y denuncias de corrupción, que han ahogado todo tipo de dirección de gobierno.
El poder civil se rindió a un grupo de militares de trayectoria opaca, que nunca han tenido relevancia en su propia institución, más allá de grados y diplomas. Lo peor, que algunos de ellos están seriamente involucrados en actos de corrupción y el ser ministros por ejemplo, los habilita para una especial exclusividad: el artículo 99º de la Constitución otorga inmunidad al presidente de la República y ministros, para que no puedan ser investigados sin previamente haber sido sometidos al procedimiento parlamentario del “antejuicio político”. Fíjense pues ¿Dirá el militar primer ministro que no lo sabía?
Por eso, en el Plan Decisión, a cada crisis, se aceleró el siguiente paso y ahora estamos en el final: cimentar el control sobre los medios de comunicación y empresas asociadas en la opinión pública, y colocar en puestos claves de administración ministerial a elementos de las fuerzas armadas (presidencia del consejo de ministros, ministerio del interior, defensa, compras estratégicas…) demostrando que el poder se sustenta en “elementos de la alta oficialidad que participan del gobierno y hablan en su nombre”, como se ha demostrado el día de ayer en las declaraciones del militar que ejerce la presidencia del consejo de ministros al decir que, frente a la presentación de una Moción de Vacancia en el Congreso de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 113° de la Constitución Política del Perú “Las fuerzas armadas no van a permitir que se rompa el Estado de derecho con tanta necesidad que hay de la gente. En este momento, faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar a un presidente”
El militar primer ministro desconoce así y se subleva ante lo normado en el artículo 169° de la Constitución Política del Perú, que expresamente ordena: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional”. Además, el primer ministro es un oficial en retiro y no en actividad ¿Cómo se atreve entonces a hablar en representación de los actuales Comandantes Generales de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea? Ser primer ministro, no significa estar por encima del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Cabe entonces preguntar ¿Hasta dónde se está ejerciendo poder por encima de las leyes y la Constitución con estos generales golpistas que están en situación de retiro? ¿Cuentan con el aval y respaldo de las instituciones tutelares de la Patria, lo que sería abiertamente inconstitucional y un golpe de Estado de facto?
El Congreso de la República, aún teniendo gentes de poca instrucción y visión de futuro para el país, debería exigir su salida del gobierno, al igual que de los demás generales golpistas que hablan -digamos supuestamente por ahora-, en nombre de nuestras Fuerzas Armadas.
