La construcción nacional tuvo un importante crecimiento en los dos últimos meses del año pasado, registrando un 17.3% en noviembre y un alza de 6.9% en diciembre. Estas cifras evitaron que la contracción interanual prevista del 30% se hiciera realidad. Sin embargo, al cierre del año, el sector registró una caída del 16.7%.
El consumo de cemento y la obra pública registraron alzas positivas en el mes de noviembre del 2020. El consumo de cemento acumuló cuatro meses consecutivos de subida con 17.2% en noviembre pasado, y para diciembre, CAPECO estima un 15.4%, lo que produciría una disminución alrededor del 13.5% al cierre del 2020.
La obra pública, por su parte, alcanzó su segundo mes de aumento con 16.2% en noviembre y, según la estimación del IEC, presentaría un descenso de 18.4% en diciembre, con lo que el avance de este sector habría cerrado el año con una disminución interanual de 27.6%.
Respecto a la inversión privada, la contracción del 2020 habría sido de 20% y presentaría una recuperación este 2021 que llegaría al 17.5%; año que, además, presenta una proyección condicionada si se recupera la confianza de las empresas y familias para iniciar o reanudar sus planes de inversión, los cuales fueron afectados por la pandemia, la inestabilidad económica y política.
La brecha del ahorro privado en el sector inmobiliario es un punto a destacar al cierre del 2020, ya que registró un importante 9.2%, su máximo histórico desde 1970. Este incremento obedece a la menor caída de los ingresos debido a los cambios de consumo y nuevos hábitos de gastos durante la pandemia; una tendencia que ya se da en países como Francia y Reino Unido.
Este resultado debe ser visto como una oportunidad para contribuir a la reactivación del sector, siempre y cuando, parte de estos recursos se destinen a la inversión de un bien propio en el sector inmobiliario y de infraestructura. Ante ello, el Banco Central de Reserva, ha implementado el mecanismo SWAPS para reducir aún más las tasas de interés y estimular así, el uso del ahorro privado para la adquisición de viviendas. Otra alternativa, es destinar una parte del retiro de fondo de la AFP para completar la cuota inicial de una vivienda, aprovechando las tasas bajas de interés. Para CAPECO, es clave implementar una estrategia de promoción coordinada entre promotores privados, instituciones financieras y el Estado.
El subempleo mostró un dinamismo importante al cierre del 2020. Sin embargo, según los resultados de la última encuesta realizada a los proveedores de materiales para el IEC en diciembre del año pasado; anticipan un estancamiento y prevén que la facturación del mercado informal pase de un 49.5% a un 42.5% al término del 2021.
Esta edición del IEC estima que el desembolso de créditos hipotecarios en el segmento de vivienda se redujo alrededor de 29% en número y 23% en monto al cierre del 2020. En el caso del Fondo Mivivienda se desembolsaron 362 créditos hipotecarios, es decir, 31.6% menos que el 2019. Asimismo, el Fondo entregó 48.454 mil subsidios de Techo Propio el año pasado (9% menos que el 2019). Para este 2021, el informe estima un alentador crecimiento de poco más de 10% en el mercado hipotecario y la venta de viviendas.
CAPECO sostiene que, para consolidar el proceso de recuperación del sector inmobiliario, especialmente el de vivienda, es necesario poner en marcha medidas urgentes que tras ser expuestas por CAPECO comenzaron a ser estudiadas por el gobierno del ex presidente Vizcarra, así como a funcionarios del nuevo gobierno del presidente Sagasti, a continuación, las principales:
- La puesta en marcha de un programa estatal de financiamiento que asegure la continuidad de proyectos de vivienda social, cuyo flujo financiero se vio afectado por la reducción de las preventas. Esta medida busca evitar que las ventas del siguiente bienio se afecten por insuficiencia de oferta. Se requeriría una línea de financiamiento a cargo de Mivivienda por S/ 600 millones en los próximos dos años.
- El incremento de los valores de los subsidios de Mivivienda y Techo Propio en un 60% por los próximos dos años, e implementar un seguro temporal para posponer el pago de cuotas en caso de pérdida de empleo o reducción de ingresos, para incentivar a los demandantes a no postergar su intención de adquirir vivienda en estos momentos de incertidumbre.
- El reinicio de la ejecución de 48 proyectos Techo Propio paralizados por la liquidación de la Financiera TFC. Estos proyectos comprenden el 70% de la oferta actual del programa, sumando unas 10 mil viviendas, la mitad de las cuales ya fueron vendidas. Se necesita implementar fideicomisos que permitan que los promotores inmobiliarios cumplan con el compromiso de construcción y entrega de las viviendas a las familias beneficiarias de los proyectos y que, a la vez, las familias puedan cumplir las obligaciones ya asumidas frente a las entidades financieras. Además, resolver este problema ayudará a restituir la confianza de inversionistas, promotores y compradores en este programa.
- Aprobar una norma nacional que impida que las municipalidades restrinjan el reinicio de obras, anulen o nieguen licencias, en particular las de vivienda social, afectando la continuidad de la oferta inmobiliaria. Además, es fundamental que el Ministerio de Vivienda ejerza –cabalmente su atribución– de emitir opiniones vinculantes y de denunciar ante el INDECOPI a las municipalidades que impongan barreras burocráticas irracionales o ilegales.
- Replantear las nuevas exigencias técnicas para la certificación de proyectos de vivienda social que serán financiados por Mivivienda Verde, de manera que se recupere el ritmo de colocaciones que había presentado este producto hasta diciembre del 2019. La dificultad para “recertificar” los proyectos en marcha y la imposibilidad de implementar las nuevas especificaciones en todos los proyectos, hacen necesaria una urgente revisión de este proceso.
- La asignación de recursos presupuestales suficientes para el otorgamiento de subsidios dentro de los programas Techo Propio y Mivivienda el 2021. El monto aprobado en el Presupuesto General de la República para el próximo año sólo alcanzaría para financiar un número de bonos equivalente al 50% de los otorgados el 2020. Es indispensable corregir esta brecha antes del cambio de gobierno, para evitar que se produzcan cortes en el desembolso de subsidios como ocurrió en los años 2011 y 2016, en los que también se produjeron cambios en la conducción del gobierno nacional.
