La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, presentó el Informe Económico de la Construcción – IEC #47, donde asegura que el gobierno debería tener una posición clara de respeto a las normas establecidas para el desarrollo de los proyectos y tomar medidas urgentes y evitar daños irreversibles a empresas y a trabajadores, pero también no retrasar sus programas de inversión en infraestructura y en vivienda, que son clave para el crecimiento del empleo y de la producción en general.
Asimismo, el informe revela que la crisis del COVID-19 y los conflictos políticos ha afectado a la sociedad peruana, a la economía nacional y a la institucionalidad democrática de nuestro país.
CAPECO afirma que es necesario implementar iniciativas innovadoras, adoptar nuevos instrumentos legislativos y normativos, y asumir compromisos de largo plazo entre los actores políticos y sociales.
El gremio asevera la necesidad de una reforma fiscal integral, el incremento de recursos para subsidios habitacionales en el Presupuesto 2022 y articular los actores para la aplicación del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificaciones.
Por otro lado, si bien el crecimiento del 12.6% en setiembre, acumuló el 63.8% en los primeros nueve meses del año y 46.9% en los últimos doce meses; la caída de 2.2% en octubre terminó con las cifras en azul.
Además, esta edición revela que entre octubre 2020 y setiembre 2021, la construcción es el sector productivo con mayor tasa de crecimiento. En relación con octubre del 2019, el sector habría experimentado una subida de 11.9%. Por su parte, los precios de materiales de construcción continuaron al alza, es decir, de agosto 2020 a setiembre 2021, hubo fuertes subidas de precios: 43.6% en acero, 23% en ladrillos, 5.4% en losetas y 3.3% en mano de obra. El único producto que no registró incremento de precios es el cemento.
La obra pública crecería alrededor de 20% en 2021 y de 5% en 2022. Sin embargo, hasta el año pasado los niveles de ejecución para proyectos y obras apenas superan el 50% del presupuesto modificado, evidenciando una vez más problemas estructurales.
Por su parte, entre octubre 2020 y setiembre 2021 se colocaron 48,375 créditos hipotecarios, un aumento de 59.2% respecto al periodo similar anterior y 11.9% más que el número logrado entre octubre 2018 y setiembre de 2019.
Por otro lado, CAPECO propone una reforma fiscal integral, en lugar de una reforma tributaria y que esto sea fruto del consenso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con participación de los agentes económicos. Es así que, plantea mejorar el gasto en obras y esto mediante cuatro leyes.
Además, el gremio plantea la Ley de gestión de Infraestructuras y Equipamientos públicos que sustituya a la Ley de Contrataciones, para desarrollar proyectos de mejor, calidad mayor durabilidad, así como más transparencia y eficiencia para contratación de obras; Ley de reforma del CEPLAN, para promover planificación macro regional y desarrollo de mega proyectos con enfoque territorial; Ley de modernización del SENCICO, para promover política de innovación e investigación en construcción a partir de necesidades de trabajadores, empresarios y Estado y la Modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, para convertir en obligatorios Consejos Consultivos en ministerios.
Ello permitirá interacción transparente entre los sectores público y privado para formulación, seguimiento y mejora de políticas públicas, entre ellas la de la gestión de la construcción.
Modificación de la Ley de Tributación Municipal
Por otro lado, en relación al gobierno local se indicó que se debe introducir innovaciones para incrementar recaudaciones de impuesto predial, y adopción de mecanismos equitativos para determinación de base imponible. En nuestro país, el pago por impuesto predial bordea el 0.21% del PBI, el promedio de América Latina es de 0.47% y en los países miembros de la OCDE alcanza el 1.0% del PBI. Se debe establecer tasas diferenciadas del impuesto para el componente suelo, mucho mayores y crecientes para inmuebles en zonas consolidadas o de expansión urbana, considerando su potencial edificatorio. Es necesario incentivar regularización de construcciones informales, estableciendo subsidios directos en función de condiciones de pobreza de los propietarios.
Así también se recomendó reducir la evasión del impuesto predial que es significativa en la mayoría de distritos urbanos del país, para lo cual se propone:
– Incluir el pago de impuesto predial (y arbitrios) en los recibos de luz o de agua
– Incrementar beneficios a pagadores puntuales, con apoyo de empresas
– Incorporar a los deudores a las centrales de evaluación crediticia, tal y como ocurre con los servicios públicos
Vivienda de interés social
Si bien se tiene como prioridad la consolidación de la recuperación de la construcción, venta de viviendas sociales, de cubrir los mayores costos derivados del aumento de precios de materiales de construcción y de un muy probable subida de las tasas de interés, es necesario aprobar un incremento de los recursos asignados a subsidios habitacionales en el Presupuesto General de la República (PGR) el próximo año.
Hasta el momento, el proyecto de PGR para el 2022 ha considerado 634 millones de soles para el otorgamiento de bonos Mivivienda y Techo Propio. Esto implicaría reducir a menos de la mitad las metas de colocación de VIS para el próximo año con relación al promedio de los últimos dos años.
También se debe incrementar los valores de los subsidios, para evitar que los prestatarios deban tomar créditos por un mayor monto, para compensar el aumento de precios de las viviendas y la posible subida de tasas de interés. Ello sin considerar que es necesario elevar los precios máximos de las VIS para reflejar el incremento de los costos de materiales que se viene produciendo desde abril 2020.
Ley de Financiamiento Habitacional y Urbano
Capeco propone un marco legal que organice todos los programas estatales de vivienda, tanto en áreas urbanas como rurales, así como el mejoramiento integral de barrios, asegurando además la sostenibilidad de los recursos que se les asignen. Éstas contemplarían:
– La priorización de recursos asignados a subsidios bajo criterios de progresividad (a más necesidad, más recursos), factibilidad (existencia de oferta y demanda) y transparencia en la asignación.
– La obligación de que el Estado fije un monto mínimo y creciente para subsidios habitacionales en el Presupuesto General y en el Marco Macro-económico.
– La posibilidad de que Gobiernos Regionales y Provinciales destinen recursos del canon a subsidios.
– La actualización periódica del monto a subsidiar por cada solución habitacional, y la facultad de establecer subsidios diferenciados por zona geográfica.
– El estímulo a la competencia para extender el crédito hipotecario y reducir tasas de interés a segmentos de menores ingresos y a quienes viven en el interior del país.
– La transformación paulatina del Fondo Mivivienda, priorizando sectores de menores ingresos, utilizando mecanismos como el seguro hipotecario o la securitización de cartera.
– El fortalecimiento de mecanismos de ahorro previo, para favorecer el acceso al crédito hipotecario a grupos poblacionales con ingresos informales.
– El establecimiento de un sistema de información habitacional para facilitar decisiones entre actores públicos y privados, incluida la ciudadanía.
– La recuperación del modelo de intervención integral en los proyectos de mejoramiento de barrios y de vivienda rural, así como la asignación de subsidios por concurso.
Conflictos sobre normativa urbana
Al respecto, el gremio propone aprovechar reducir los riesgos que traen consigo la inserción de megaproyectos de infraestructura y para ello se requiere un nuevo modelo de gestión territorial que contemple lo siguiente:
– Definición más apropiada del ámbito de influencia del proyecto, buscando concretar en el territorio, oportunidades de inversión complementarias.
– La realización de un diagnóstico social, ambiental y económico de toda el área de influencia definida, así́ como la determinación de indicadores relevantes para la constitución de líneas de base que permitan una evaluación real del impacto del megaproyecto.
– Formulación de un Plan de Desarrollo Territorial que comprenda la identificación y cuantificación de áreas urbanas o rurales requeridas para la localización o relocalización de población y de la instalación de equipamientos, infraestructuras y de servicios.
– El Plan deberá identificar las necesidades de la población, reconocer sus potencialidades y recoger las expectativas de los diferentes actores locales.
– También se debe registrar las condiciones territoriales que deben darse para asegurar una operación adecuada del megaproyecto.
- La creación de una instancia permanente de coordinación del Plan de Desarrollo Territorial y del Programa de Inversiones, constituida por representantes de los tres niveles de gobierno, de las comunidades, de las juntas de usuarios y de las empresas.
