Incluso, el presente informe señala que existen empresas del sector que prevén que sus niveles de operación se van a reducir drásticamente en el segundo semestre del presente año. Para el gremio, hay factores de corto y mediano plazo que pueden afectar el desarrollo de la construcción en lo que queda del 2021 y el próximo quinquenio.
No obstante, a pocos días de conmemorar el Bicentenario de la Independencia Nacional, el sector construcción viene encadenando diez meses de crecimiento sostenido continuo, habiendo recuperado – y en algunos casos superado – los niveles de producción previos a la pandemia; contribuyendo a la recuperación de la actividad económica general y del empleo.
Así, el sector construcción habría crecido 115% en junio; mientras que el PBI sectorial aumentó en 257% en mayo. Mientras que los créditos hipotecarios, crecieron 314% en mayo (-3.4% respecto a abril). En cuanto a la inversión minera, esta presentó una variación en el mismo mes.
Además, la ejecución de obra pública presentó un crecimiento del 687% en mayo; asimismo, el consumo del cemento alcanzó 227% durante el mismo mes. Por otro lado, hubo una variación del empleo formal en construcción en trimestre abril-junio (+7% respecto a prepandemia).
El Informe Económico de la Construcción señala que hay entidades oficiales y consultoras privadas que mantienen sus pronósticos sobre un incremento de dos dígitos para la actividad constructora al cierre del 2021 y una ralentización sustantiva del ritmo de crecimiento sectorial para el 2022.
Para CAPECO, resulta indispensable abordar problemas urgentes que no han podido ser resueltos por la administración del presidente Francisco Sagasti. En ese sentido, en el corto plazo, propone:
Respecto a la obra pública, su desarrollo está sujeta a lo dispuesto en la normativa de contratación pública nacional, la cual debe ser sustituida por un nuevo modelo de gestión de infraestructura y edificaciones públicas, lo que demandará un esfuerzo de mediano plazo, ya que implica la aprobación de normas con rango de Ley. Para ello, se necesita un Plan de Medidas Urgentes para la Obra Pública:
1. Impulsar el funcionamiento de las juntas de resolución de disputas que ya han sido incorporadas a la normativa de contratación pública, pero cuya adopción requiere de un compromiso mayor del MEF y de OSCE, sobre todo para obras en ejecución y proyectos de gobiernos regionales y locales.
2. Sustituir los criterios de selección de contratistas de obras y de consultores para formulación de expedientes técnicos basado en el menor precio por otro en el que se ponderen las propuestas técnicas con las económicas. Puede reimplantarse el mecanismo del doble promedio o uno similar.
3. Implementar, a través de COFIDE, programas que permitan a contratistas superar las dificultades para obtener fianzas, entre ellos, la constitución de fideicomisos para la gestión de toda la obra y no sólo de los adelantos, como establece actualmente la Ley. Ello permitiría implementar la figura del Project Management Office (PMO) y una mayor celeridad en los avances físicos y financieros de obras. Podría implementarse también algún mecanismo de garantías colaterales para proyectos pequeños o la retención de un porcentaje del monto de contratación hasta finalización de las obras.
4. Establecer mecanismos que aseguren la igualdad de condiciones para empresas nacionales y extranjeras en procesos de contratación pública. En esta línea, es necesario verificar que las empresas extranjeras tengan la capacidad técnica y económica para ejecutar las obras.
5. Definir criterios objetivos para el empleo de los acuerdos de gobierno a gobierno, los que solo deben ser utilizados en proyectos que exijan innovaciones técnicas relevantes y asegurándose que éstas puedan ser incorporadas a la ingeniería nacional a manera de legado.
6. Optimizar el proceso de supervisión de obras, en particular en aquellas de menor dimensión y complejidad que ejecutan los gobiernos sub-nacionales, para lo cual se puede contar con equipos técnicos a cargo de colegios profesionales.
7. Continuar con la implementación del Plan BIM Perú, a cargo del Ministerio de Economía, más allá de la actual gestión gubernamental, por ser un instrumento que favorece una gestión más eficiente de infraestructuras y equipamientos, un seguimiento durante toda su vida útil y la reducción de la corrupción.
8. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de pactos colectivos por rama de actividad que negocian la FTCCP y CAPECO, en todos los procesos de contratación de obras, en particular en las ejecutadas por los gobiernos sub-nacionales tanto por contrata como por administración directa.
9. Reiniciar las obras aun paralizadas y reanudar los pagos pendientes a contratistas, que se han producido por desacuerdos respecto a la ampliación de plazos e incremento de presupuestos. Ello exige una mayor presencia de OSCE y Contraloría en estas gestiones.
10. Evaluar la conveniencia de la presentación de cartas de líneas de crédito bancarias como factor de demostración de la capacidad financiera de los contratistas, requisito que no garantiza que los postores posean dicha capacidad y no siempre es fácil de obtener.
11. Facilitar la libre disponibilidad de los terrenos sobre los que se deben ejecutar las obras o donde se ubican los depósitos de material excedente (DME), las canteras, las áreas auxiliares para campamentos y las plantas industriales. Se necesita contar con un equipo técnico de la entidad contratante desde la convocatoria a licitación.
12. Reducir las deficiencias que se presentan frecuentemente en los expedientes técnicos, lo que implica modificaciones en las disposiciones para la evaluación de propuestas priorizando la competencia profesional sobre el precio. Además, es necesario que los funcionarios que aprueban las prestaciones adicionales no sean los mismos que aprobaron el expediente, para evitar conflictos de interés.
13. Evaluar las implicancias y contingencias que generan a la entidad contratante los mayores costos y plazos de ejecución derivados de las deficiencias en los expedientes técnicos, así como la conveniencia de implementar mejores procedimientos de control de calidad de los expedientes.
14. Trasladar la responsabilidad por la toma de decisiones operativas en las obras al supervisor, evitando las demoras injustificadas en la ejecución y la sobrecarga de trabajo en las entidades contratantes.
15. Modificar los índices de actualización de precios de insumos de construcción que elabora mensualmente el INEI y que han quedado retrasados por el fuerte incremento de precios de materiales, en razón de la devaluación, del aumento de los costos de transporte y de los precios internacionales de algunos materiales clave.
16. Reducir costos administrativos que cobra el OSCE por la prestación de servicios a proveedores y contratistas.
Respecto a la obra privada, los problemas críticos a resolver son:
Ø La asignación de un presupuesto adicional de subsidios para evitar que los programas Techo Propio y Mivivienda se paralicen en agosto, pues se perjudicaría a 30 mil familias.
Ø La resolución del conflicto entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda respecto a la aplicación de un reglamento técnico para la construcción de vivienda social que puede reducir en un 30% la oferta Mivivienda en Lima.
Ø La actualización de precios máximos de las viviendas a financiar a través de Mivivienda o Techo Propio, para registrar el incremento de costo de materiales.
Ø La reglamentación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.
Para el mediano plazo, CAPECO ha planteado un conjunto de Metas Sectoriales para el 2026, cuyo abordaje exige la puesta en marcha de una serie de nuevos instrumentos de gestión que se incluyen en una “Agenda de diez reformas para la Construcción Sostenible” que debería ser discutida y consensuada entre las autoridades del nuevo gobierno y entidades representativas de la actividad constructora, idealmente en el marco del Pacto Nacional.
Pacto Nacional por la democracia, la reconciliación y la inclusión
Si bien la pandemia y la agudización de la crisis política y económica han agravado una serie de problemas críticos para nuestro país, la institucionalidad democrática y la funcionalidad del modelo económico, ya se veían afectadas desde antes por la escasa representatividad de las organizaciones partidarias; la persistencia de la corrupción y la ineficiencia del Estado en la provisión de bienes y servicios básicos de calidad; la informalidad, entre otros. En ese sentido, CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) proponen un gran Pacto Nacional por la democracia, la reconciliación y la inclusión de los más necesitados, con objetivos inmediatos, de corto y mediano plazo.
a) En el plazo inmediato, es necesario que las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo acuerden una estrategia conjunta para garantizar: (i) la continuidad del plan de vacunación y de control de la pandemia del COVID-19; y (ii) la ejecución eficiente de los recursos presupuestales en lo que queda del año; y (iiii) la formulación del Presupuesto General de la República del 2022. Ello implica, acelerar el proceso de transferencia de información en las diferentes entidades del Poder Ejecutivo, así como la conformación de una Mesa de Negociación entre las organizaciones políticas con representación en el Parlamento. Los acuerdos a que se arriben deberán ser explícitos y conocidos por toda la ciudadanía.
b) En el corto plazo debe iniciarse un proceso más amplio de negociación para consensuar iniciativas de política pública que se pondrán en marcha una vez que se instale el nuevo gobierno, dirigidas a: (i) asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales, que podría incluir la implementación de tributos temporales; (ii) establecer un plan coordinado para otorgar subsidios económicos a familias afectadas por la pandemia; (iii) implementar medidas excepcionales para la generación de empleo formal, en particular de mujeres y jóvenes; (iv) priorizar los programas sociales y de inversión pública y privada que más impacto tengan en la superación de brechas económicas y en la inclusión social. Estas iniciativas deberán ser discutidas y aprobadas en un Acuerdo Tripartito entre el Estado, representado por los poderes públicos; así como los gremios representativos de la fuerza laboral y del sector productivo, incluidas pequeñas y micro-empresas.
c) En el mediano plazo, es indispensable emprender una amplia reforma institucional dirigida al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, la optimización del modelo económico y el establecimiento de un nuevo acuerdo que rija las relaciones entre la sociedad y el Estado, lo que implicará la modernización de: (i) la estructura del aparato estatal para hacer más eficiente y transparente la gestión pública; (ii) el proceso de descentralización buscando el desarrollo más equilibrado en todas las regiones del país; (iii) el diseño y funcionamiento del Congreso de la República, que permitan una mayor representatividad y legitimidad de sus decisiones, preservando el equilibrio de poderes; (iv) la administración de justicia y de los organismos reguladores, que garanticen la protección de los derechos ciudadanos, incluyendo los de las minorías, y la seguridad jurídica; y (v) los mecanismos de participación ciudadana en la formulación, actualización y seguimiento de políticas y programas públicos. Este gran esfuerzo reformador sólo podrá llevarse a cabo y sostenerse en el tiempo, si se sujeta a las normas constitucionales, si trasciende a los periodos gubernamentales y si es que se incluye en su implementación a organizaciones representativas de la sociedad civil. El espacio más indicado para la discusión de estas reformas es el del Acuerdo Nacional, cuya conformación sin embargo deberá ser ajustada para incluir a nuevos actores sociales. La formalización de una buena parte de estas iniciativas exigirá modificaciones legales e incluso constitucionales, cuyo alcance y mecanismos de aprobación deberán también establecerse por consenso y respetando el régimen jurídico vigente.
