La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, presentó el Informe Económico de la Construcción #42, en el que presentó una proyección de la situación del sector ante un eventual gobierno liderado por Pedro Castillo, donde empresas proyectan una retracción de 13.1% en sus operaciones durante el presente año.
Los empresarios entrevistados para el presente informe, señalan que debido a la actual incertidumbre política se han empezado a generar algunos cambios en ciertos segmentos de la industria. Hasta el segundo bimestre del 2021 habían logrado un importante aumento en su nivel de operaciones (+27%). No obstante, dicho resultado indica que mientras las operaciones de los proveedores de materiales alcanzaron un crecimiento de 58.7%, las de los constructores de infraestructura aumentaron 25.4% y las del segmento inmobiliario apenas subió un 0.2%.
En tanto, las operaciones de las empresas habrían crecido 17.0% en el tercer trimestre del 2021, proporción que llega a 40.8% entre los proveedores; 25.0% en los constructores de infraestructura y se traslada a escenario negativo en el segmento inmobiliario (-10.8%), sobre todo por la mayor retracción en la vivienda no social (-19.2%) y en Mivivienda Tradicional (11.7%).
En cuanto al PBI sectorial, se estima que alcanzará una subida de 256% en mayo respecto al mismo mes del 2020 y 23% si se compara con mayo del 2019. Además, la fuerte caída que sufrió la construcción en junio (- 45%) y en julio del 2020 (-13%) permite anticipar que el sector también crecerá en los próximos dos meses.
Por su parte, la actividad constructora ha presentado un crecimiento de 987% durante el mes de abril del 2021, acumulando 82% en el primer cuatrimestre y 13% en los últimos doce. Estos resultados se explican en el “rebote estadístico” provocado por la dramática contracción de 90% que experimentó el sector en abril y 35% en los primeros cuatro meses del año pasado.
Inversión privada
En el ámbito de la vivienda social, se desembolsaron 10 059 operaciones, 7.4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el mes de abril se ha presentado una reducción de los créditos hipotecarios de alrededor de 10% respecto al mes previo.
La colocación de créditos hipotecarios de vivienda social también dependerá de las políticas del próximo gobierno. Los empresarios del sector inmobiliario que respondieron al sondeo efectuado para la presente edición del IEC #42, señalaron que este año se podrían desembolsar entre 11 mil y 7 mil créditos, dependiendo de la política a implantar por el nuevo gobierno.
Respecto a la inversión en nuevos proyectos de construcción, de las encuestas realizadas podemos desprender que en caso que el gobierno entrante no modifique radicalmente las políticas económicas, las empresas invertirían en nuevos emprendimientos 18% más recursos que en el 2020. Sin embargo, no hay la misma confianza hacia un régimen de Perú Libre; manifiestan los empresarios que ante esta posibilidad la inversión se reduciría en 24%.
Por otro lado, en caso que se presentase un gobierno liderado por Keiko Fujimori, los rubros de la construcción más dinámicos serían la infraestructura pública (de acuerdo con la opinión del 43% de entrevistados), la infraestructura privada (25%) y la vivienda formal (16%). Si el partido de Pedro Castillo llegase al Ejecutivo, el 54% de las empresas entrevistadas considera que la vivienda informal presentará un mayor dinamismo en el 2021 (el 25% señala a la infraestructura pública y el 5% a la vivienda formal).
En relación con el empleo, si bien la población que se desempeña en la actividad constructora, registró un crecimiento de 166% en Lima Metropolitana durante el trimestre marzo-abril-mayo 2021 respecto al mismo trimestre del año anterior, implicó que se tenga hoy casi 46 mil empleos más que hace un año en el sector. Pero mientras el empleo adecuado en el último trimestre analizado ha subido apenas 2% en relación con el trimestre enero-marzo 2020 (antes de la pandemia), el subempleo ha subido 47%.
Inversión Pública
Respecto al 2020, el avance de obra pública aumentó 15 puntos porcentuales en las municipalidades, 10 puntos en los gobiernos regionales y 6 en el gobierno nacional. Para cumplir con la proyección del instituto emisor sobre inversión pública, se requiere que la ejecución promedio mensual en el periodo mayo-diciembre se incremente 47% respecto al que se ha obtenido en el primer cuatrimestre del año.
La necesidad de un Pacto Nacional
Para CAPECO, en relación a la coyuntura de división política, conflicto social y debilidad institucional resulta muy difícil emprender estos desafíos urgentes para la construcción pública como privada, así como el proceso de modernización sectorial. Estos objetivos sectoriales solo se podrán alcanzar si es que se enmarcan dentro de un esfuerzo reformador de mayor alcance y profundidad. En ese sentido, el gremio recomienda estas iniciativas por el “Pacto Nacional por la democracia, la reconciliación y la inclusión” de los más necesitados, con objetivos inmediatos, de corto y mediano plazo.
En el plazo inmediato, es necesario que las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto las salientes como las entrantes, acuerden una estrategia conjunta para garantizar:
- La continuidad del plan de vacunación y de control de la pandemia del COVID-19;
- La ejecución eficiente de los recursos presupuestales en lo que queda del año; y
- La formulación del Presupuesto General de la República del 2022. Ello implica, acelerar el proceso de transferencia de información en las diferentes entidades del Poder Ejecutivo, así como la conformación de una Mesa de Negociación entre las organizaciones políticas con representación en el Parlamento. Los acuerdos a que se arriben deberán ser explícitos y conocidos por toda la ciudadanía.
En el corto plazo, debe iniciarse un proceso más amplio de negociación para consensuar iniciativas de política pública que se pondrán en marcha una vez que se instale el nuevo gobierno, dirigidas a:
- Asegurar la sostenibilidad de las cuentas fiscales, que podría incluir la implementación de tributos temporales;
- Establecer un plan coordinado para otorgar subsidios económicos a familias afectadas por la pandemia;
- Implementar medidas excepcionales para la generación de empleo formal, en particular de mujeres y jóvenes;
- Priorizar los programas sociales y de inversión pública y privada que más impacto tengan en la superación de brechas económicas y en la inclusión social. Estas iniciativas deberán ser discutidas y aprobadas en un Acuerdo Tripartito entre el Estado, representado por los poderes públicos; así como los gremios representativos de la fuerza laboral y del sector productivo, incluidas pequeñas y micro-empresas.
En el mediano plazo, es indispensable emprender una amplia reforma institucional dirigida al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, la optimización del modelo económico y el establecimiento de un nuevo acuerdo que rija las relaciones entre la sociedad y el Estado, lo que implicará la modernización de:
- la estructura del aparato estatal para hacer más eficiente y transparente la gestión pública;
- el proceso de descentralización buscando el desarrollo más equilibrado en todas las regiones del país;
- el diseño y funcionamiento del Congreso de la República, que permitan una mayor representatividad y legitimidad de sus decisiones, preservando el equilibrio de poderes;
- la administración de justicia y de los organismos reguladores, que garanticen la protección de los derechos ciudadanos, incluyendo los de las minorías, y la seguridad jurídica; y
- los mecanismos de participación ciudadana en la formulación, actualización y seguimiento de políticas y programas públicos. Este gran esfuerzo reformador sólo podrá llevarse a cabo y sostenerse en el tiempo, si se sujeta a las normas constitucionales, si trasciende a los periodos gubernamentales y si es que se incluye en su implementación a organizaciones representativas de la sociedad civil.
El espacio más indicado para la discusión de estas reformas es el del Acuerdo Nacional, cuya conformación sin embargo deberá ser ajustada para incluir a nuevos actores sociales. La formalización de una buena parte de estas iniciativas exigirá modificaciones legales e incluso constitucionales, cuyo alcance y mecanismos de aprobación deberán también establecerse por consenso y respetando el régimen jurídico vigente.
