La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, presentó el Informe Económico de la Construcción – IEC #50 edición especial, donde revela que pese al crecimiento de 34.7% que experimentó la actividad constructora en el 2021 respecto al año anterior, se incrementa la probabilidad de que el sector sufra una contracción en el 2022, en razón del escalamiento del enfrentamiento y de la incertidumbre en el ámbito político; la demora del gobierno para tomar decisiones clave que corrijan factores que limitan la inversión pública y privada; y la influencia de factores externos en los precios de materiales de construcción y las tasas de interés.
Hay que tener en cuenta que la construcción sufrió una caída de 6.2% en el último trimestre del año pasado, tendencia que se habría extendido a enero 2022, mes en el que el sector se habría contraído 3.7%, de acuerdo a una estimación preliminar efectuada por CAPECO. Existe un alto riesgo de que en los próximos meses esta tendencia se mantenga, o incluso se acentúe, por la persistencia o agravamiento de los factores arriba señalados.
En esta edición del IEC #50, CAPECO presentó los resultados de la “Encuesta de Expectativas del IEC”, en donde señala que las empresas de la construcción apenas aumentarían sus inversiones en nuevos proyectos un 0.4% en el 2022. Asimismo, esperan una contracción de 1.2% en su nivel de operaciones para el primer bimestre y de 1.8% al cierre del presente año. Adicionalmente, el gremio indicó que la construcción tuvo una retracción de 6.2% en el último trimestre del 2021.
Respecto al incremento de precios de materiales de construcción, el mencionado Estudio de Expectativas empresariales detectó que entre julio y diciembre del 2021, los precios se incrementaron en 7.9%, mientras que el de las viviendas subieron en 3.3%. Se estima, que para el semestre enero-junio 2022, los materiales de construcción subirían en 4.5% mientras que las viviendas incrementarían su precio en 3.2%. Esta data determinará las nuevas necesidades de recursos para el otorgamiento de subsidios en el marco de los programas de vivienda social.
Por su parte, el BCRP pronosticó un débil crecimiento sectorial de 0.5% y algunas consultoras privadas ya han previsto una caída de la inversión privada de entre 4% y 8%. Por lo que, posiblemente el sector sufra una contracción entre (2.5% y 7.8%) en el 2022.
Los segmentos que han obtenido un significativo impacto positivo, a pesar de las dificultades en su ejecución fueron: Obras Públicas, Construcción Informal y la actividad de Inmobiliaria Residencial. Por su parte la Inmobiliaria No Residencial ha sido el único que no ha logrado remontar los niveles pre-pandemia.
– Obras Públicas. En el año 2021, presentó un incremento de 30.4% respecto al 2020. Sin embargo, la contracción de 17.7% ocurrida en el último trimestre del año pasado pone en evidencia las limitaciones estructurales y coyunturales del modelo de contratación pública.
– Construcción y empleo informal. Obtuvo un resultado positivo de manera lenta al cierre del 2021. De acuerdo con el Estudio de Expectativas de CAPECO en esta edición del IEC#50, la construcción informal llegó a tener el 39.0% de las ventas de materiales de construcción en el 2021, ligeramente superior a la participación que se alcanzó en el 2019 (37.0%), pero muy inferior al del año 2020 (49.8%). De otro lado, el empleo informal en Lima Metropolitana presentó un ritmo de crecimiento mucho mayor (35.3%) al del empleo formal (6.8%).
– Inmobiliaria Residencial. El desembolso de créditos hipotecarios para esta actividad bordeó las 50 mil operaciones entre enero y diciembre del 2021, llegando a ser una cifra récord de 63.7% mayor de la alcanzada en 2020. Por su parte, el Fondo Mivivienda otorgó 12,871 créditos hipotecarios durante el 2021, la segunda cifra más alta desde que se creo el programa. De otro lado, en el programa Techo Propio desembolsaron subsidios para financiar 47,596 viviendas, la cuarta cifra más alta desde que se creó dicho programa.
– Según el 26º Estudio del Mercado de Edificaciones Urbanas desarrollado recientemente por CAPECO, en el año 2021 se vendieron 19,764 viviendas nuevas en Lima Metropolitana, 44.0% más que en el 2020 y 9.5% mayor al nivel alcanzado en el 2019. Se trata del cuarto mejor resultado obtenido por este indicador desde que CAPECO inició estas investigaciones en 1996, sólo superado por los alcanzados en el trienio 2011-2013, en el que tuvo lugar el mal llamado “boom inmobiliario”.
– El estudio revela además que prácticamente la mitad de estas unidades habitacionales correspondieron a vivienda social, en tanto que sólo el 30% de estas ventas se produjeron en los seis distritos capitalinos donde residen las familias de ingresos altos.
– Inmobiliaria No Residencial. En este segmento la inversión no llegó a ascender. La oferta nueva de oficinas Prime en Lima Metropolitana sumó 29 mil metros cuadrados en 2021, que es apenas el 12.8% de la oferta récord que se introdujo en el 2015.
En el ámbito sectorial, la precariedad de la gestión gubernamental ha impedido que se tomen decisiones clave para corregir aquellos factores que limitan la inversión pública y privada, así como atemperar la influencia de factores externos en el incremento de los precios de materiales de construcción y de las tasas de interés.
En las últimas ediciones del IEC, CAPECO ha propuesto un conjunto de iniciativas de corto plazo para el sector construcción, siendo las más relevantes:
- Modificar el actual Reglamento de Contrataciones Públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas debe constituir una Mesa de Trabajo público-privada. Para la modificación CAPECO ha brindado dieciséis propuestas. Entre las más urgentes se encuentran eliminar el requisito de presentación de cartas de líneas de crédito bancarias como factor de demostración de la capacidad financiera de los postores, impulsar el funcionamiento de las Juntas de Resolución de Disputas y modificar los índices de actualización de precios de insumos de construcción que han quedado retrasados por el fuerte incremento de precios de materiales. Además, sustituir los criterios de selección de contratistas de obras y establecer mecanismos que aseguren la igualdad de condiciones para empresas nacionales y extranjeras en procesos de contratación pública.
- Asegurar que las licitaciones públicas convocadas por instituciones públicas de manera directa o encargadas a organismos internacionales, no establezcan requisitos de admisibilidad excesivos, atentando contra los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, equidad e integridad que rigen las contrataciones estatales.
- Garantizar la neutralidad de las autoridades durante la campaña electoral, con el propósito de evitar que los recursos del Estado sean mal utilizados. Es indispensable asegurar que las obras que ejecuten los gobiernos sub-nacionales tengan un mínimo de racionalidad y transparencia, evitar que el gobierno central, el Congreso y los candidatos ofrezcan la ejecución de obras o la autorización de actividades o beneficios económicos cuya viabilidad no ha sido debidamente sustentada y combatir las invasiones y el tráfico de tierras, que en periodos electorales se intensifican. Asimismo, prevenir la exacerbación de conflictos sociales para postergar o frustrar la ejecución de proyectos mineros, energéticos o de infraestructura, estrategia que habitualmente emprenden organizaciones políticas contrarias a estos proyectos durante los procesos electorales.
- Otorgar mayores recursos presupuestales para incrementar las metas de colocación y los valores de los subsidios habitacionales para los programas Techo Propio y Mivivienda, con el propósito de cubrir los mayores costos derivados del aumento de precios de materiales de construcción, así como el alza que ya se viene produciendo de las tasas de interés, y que puede continuar en los siguientes meses.
- Propiciar la aplicación coherente de la normativa nacional que rige los procedimientos técnico- administrativos de habilitación urbana y de edificación, evitando los conflictos que se generan en estos trámites, por la renuencia de algunas municipalidades de adecuar sus normas a las disposiciones que establece el marco legal y reglamentario y de respetar las opiniones vinculantes que emite el Ministerio de Vivienda en dichas materias. En esta línea, es urgente lograr un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad de Lima y algunas municipalidades distritales importantes para resolver las controversias sobre la aplicación del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificaciones, de manera que se pueda promover una mayor oferta de vivienda social.