El profesor de derecho constitucional Emílio Peluso, de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), aseguró en una entrevista con The Intercept que el Tribunal Supremo de Brasil tiene ahora una misión similar a la de la Alemania posnazi al juzgar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado.
A primera vista, la comparación puede parecer fuerte, pero es esclarecedora. Su argumento es que el juicio a Bolsonaro no es sólo sobre un expresidente, sino sobre el futuro mismo de la democracia en Brasil. En otras palabras, lo que está en juego, según Peluso, no es sólo el castigo a un individuo o a un grupo de personas, sino la definición de hasta dónde llega la tolerancia institucional frente a un movimiento político que ha intentado perturbar la democracia.
Diferencias y similitudes con el caso alemán
Los contextos son diferentes y casi un siglo separa los casos de Alemania y Brasil. Pero en la posguerra, Alemania tuvo que lidiar con la amenaza de grupos neonazis que se reorganizaban dentro de la democracia y tomó decisiones que establecieron barreras institucionales contra el intento de reconstruir ese régimen. Del mismo modo, la justicia brasileña tiene la oportunidad de establecer principios que minimicen los riesgos de que las conductas golpistas se normalicen y amplíen el margen de tolerancia para las acciones que ponen a prueba los límites de lo que es considerablemente aceptable en un régimen democrático.
Además de los desafíos legales, Brasil también se enfrenta al desafío social y político de cómo lidiar con un amplio espectro de partidarios y simpatizantes de Bolsonaro, como he analizado en mi investigación sobre estos votantes. Esto incluye a aquellos que tienden a mantener su apoyo al expresidente incluso después de la divulgación de los documentos de la acusación de la Policía Federal y la acusación de la Fiscalía General, que muestran que la trama golpista preveía el asesinato del presidente y vicepresidente electos, un juez del Tribunal Supremo y la detención del presidente del Senado.
A diferencia del contexto alemán, en el que la posguerra marcó un punto de inflexión, Bolsonaro sigue activo y movilizado, sostenido por una base popular que no desaparecerá simplemente con las sentencias judiciales. Al contrario, aún existe el riesgo de que su proceso sea instrumentalizado para reforzar el argumento de la persecución judicial repetido por Bolsonaro. Esto significa que la respuesta al golpe no puede limitarse al ámbito jurídico. Necesita ser entendida y legitimada socialmente para evitar que la narrativa de la persecución política gane aún más tracción entre su base de apoyo.
Así pues, el primer reto no consiste sólo en garantizar que la rendición de cuentas se produce dentro de las normas del Estado de derecho, sino en cómo percibirán esta rendición de cuentas los distintos segmentos de la sociedad. Si, por un lado, la justicia tiene el papel de garantizar que los intentos de ruptura democrática tienen consecuencias, por otro, la forma en que se comunique esta respuesta determinará si contribuye a reforzar el sistema político o si alimenta nuevas formas de radicalización y resentimiento.
La experiencia internacional nos demuestra que las respuestas institucionales no pueden ser sólo punitivas: deben ir acompañadas de la construcción de un consenso sobre los límites democráticos. Alemania, por ejemplo, además de prohibir los partidos neonazis invirtió en una cultura política que reforzara el rechazo al autoritarismo. En Brasil, el desafío es encontrar formas de enfrentarse al legado de Bolsonaro sin fortalecer su retórica de victimización.
Comunicar a la sociedad la naturaleza del crimen
Uno de los desafíos más específicos de este proceso es que la población comprenda los tipos de crímenes que se cuestionan. El delito de un intento de golpe de Estado difiere en muchos aspectos de los delitos ordinarios con los que la población está más familiarizada, en los que la materialidad suele ser más evidente, como en los casos de robo u homicidio.
En el caso de un golpe de Estado, la tentativa en sí ya es un delito, aunque no se haya materializado en el derrocamiento del gobierno. Esta lógica, sin embargo, puede parecer abstracta a algunas personas, que tienden a asociar el delito con consecuencias tangibles e inmediatas.
Este aspecto hace aún más delicada la comunicación de la sentencia. Parte del público puede interpretar la responsabilidad como exagerada o movida por intereses políticos. Sin una explicación clara de la naturaleza de este crimen, existe el riesgo de que la decisión del Tribunal Supremo sea percibida como un castigo excesivo por un acto que nunca ocurrió, como defiende la familia Bolsonaro.
Si la comprensión de los crímenes comunes ya está permeada por interpretaciones moralizantes en el debate público, un crimen contra el Estado democrático que no ha sido cometido en su totalidad requiere un esfuerzo mayor para garantizar que su gravedad sea ampliamente comunicada y reconocida.
Otro reto es la movilización internacional, especialmente en Estados Unidos, algo que ha cobrado impulso con el compromiso de figuras influyentes como Elon Musk. Desde la suspensión temporal de X en Brasil, Musk ha utilizado su plataforma para amplificar las narrativas de Bolsonaro, incluida la afirmación de que Brasil carece de libertad de expresión.
Así, Elon Musk no sólo ha amplificado las narrativas de Bolsonaro, sino que les ha dado una plataforma global y un barniz de credibilidad. Esta retórica, aunque basada en una distorsión de los hechos, sirve a un propósito estratégico: presentar a Bolsonaro y a sus aliados como víctimas de un régimen autoritario y así buscar apoyo externo para la deslegitimación de las instituciones brasileñas.
Este tipo de intervención forma parte de un fenómeno más amplio de redes transnacionales de extrema derecha que operan en el entorno digital. El reto de la movilización, por tanto, no se limita a la respuesta interna, sino también a la capacidad de Brasil para comunicar este proceso con claridad en la escena internacional.
Si la ofensiva digital no se contrarresta con una estrategia comunicativa institucional, el riesgo es que la movilización de Bolsonaro se vea reforzada por redes fuera del país que puedan ejercer presión contra las decisiones de la justicia brasileña.
Nota de Redacción: el presente artículo, se publicó originalmente en portugués, en www.theconversation.com bajo la autoría de Antropóloga social e coordenadora da Pós-Graduação em Antropologia, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Brasil.
