“Republicanos y Chile Vamos consiguen los 2/3 y podrían cambiar, por sí solos, el texto de la Comisión Experta”. Algo similar titulaban los periódicos luego de conocer los resultados de la elección de consejeros constitucionales el domingo 7 de mayo. Y es que lograr 34 consejeros fue algo inesperado.
El poder de representación que la ciudadanía le ha otorgado a la derecha tiene un objetivo claro y debiera cumplirse: un nuevo pacto que traiga paz social, progreso y estabilidad política. Necesitamos un texto que concite un amplio acuerdo de todas las fuerzas democráticas. Por eso la responsabilidad de que esto se cumpla es transversal.
El Partido Republicano ha explicitado sus posiciones durante este proceso. Sabemos qué opinan respecto del rol del Estado y la primacía de la persona, sobre la propiedad privada, la libertad de enseñanza y el espacio que ocupan los cuerpos intermedios en nuestro orden social. Cada una de estas ideas quedan cubiertas bajo el mismo paraguas que alberga a Chile Vamos: el principio de subsidiariedad.
Plasmar lo mejor de nuestra tradición constitucional en un nuevo texto debería ser el objetivo primordial de ambos conglomerados y ahí Chile Vamos puede cumplir un rol fundamental por dos razones. Primero, porque es sabido que para el mundo de las izquierdas los liderazgos republicanos les resultan hostiles y, segundo, porque Javier Macaya es un actor que ha unido puentes para lograr importantes acuerdos. De hecho, este segundo proceso fue impulsado en parte importante por él. Por ende, los partidos de Chile Vamos deberían cumplir un rol de puente con los diferentes conglomerados de izquierda, porque si hay algo que no debiera ocurrir, es que en diciembre no tengamos un texto constitucional o que se vuelva a rechazar la propuesta.
Sin embargo, el éxito del proceso no está garantizado. El avasallante triunfo de los partidos de derecha es una supina y dolorosa derrota para las izquierdas. En efecto, el Presidente ha quedado en una situación muy difícil porque su Gobierno ha sido vencido electoralmente dos veces en sólo ocho meses y de una manera contundente. La primera vez, el resultado del plebiscito le puso una lápida a su programa de Gobierno y, por tanto, al horizonte político que se había propuesto al llegar a La Moneda. Ahora, además de la debilidad en la que queda el oficialismo en el Consejo Constitucional, Boric deberá soportar y manejar la tensión que generará el Partido Comunista con el resto de la coalición. Guardar silencio frente al proceso lo volvería irrelevante, pero jugarse por aprobar la propuesta despertará enfrentamientos al interior de su peculiar coalición.
Por otra parte, el resultado de las elecciones de consejeros le otorga al rol de la Comisión Experta un valor especial que debería reflejarse en un cambio de actitud política en su interior. El escenario ideal sería que el borrador constitucional fuera redactado de tal modo por los expertos que genere un acuerdo transversal y que los cambios o nuevos aportes que agregaran los consejeros guardaran relación con temas menores.
Esto, sin embargo, no parece evidente. Puede que el diseño estratégico que se dibuje sea diferente. Es más probable que de aquí en adelante las izquierdas suban el tono político y sus demandas sobre los contenidos que permitirían llegar a acuerdos, con el objetivo de correr el péndulo lejos de las ideas de los republicanos y además tensionar la relación en toda la derecha. Es esperable que los expertos que representan los diferentes mundos de las izquierdas pretendan ingresar todo tipo de contenidos que sean rechazables para los republicanos.
Es decir, las izquierdas pondrían como condición de aprobación del borrador que en él se plasmaran nítidamente aquellas cuestiones que para ellas son fundamentales. Pero resulta que esas cuestiones ya fueron rechazadas en el plebiscito de septiembre. Por eso era y sigue siendo crucial generar reflexión y opinión sobre la relevancia y connotación del plebiscito que rechazó categóricamente la propuesta constitucional de la Convención.
En estas elecciones de consejeros la ciudadanía también entregó un claro mensaje a todo lo que envolvieron los delirios octubristas: plurinacionalidad, sistemas paralelos de justicia, intervención estatal en la educación, eliminación de contrapesos políticos, ecologismo radical y fragmentación del país, son ideas que no tienen cabida en el Chile de hoy. Por lo que no parece buena idea insistir en un modelo de Estado intervencionista.
Sin embargo, si este escenario se presenta, quizás el principal desafío que enfrentarán los integrantes de la Comisión Experta y luego los consejeros constitucionales que representan a Chile Vamos y a Republicanos, será evitar que esto ocurra. Estado social de derecho y subsidiariedad, una vez más, serán las palabras más recurridas.
Publicado originalmente en El Líbero, 13 de mayo de 2023
Imagen referencial, captura de pantalla del Podcast de Marcela Cubillos
