Gracias a una extraordinaria iniciativa privada se organizó la Mesa de Formalidad Laboral, constituida por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de AFP (AAFP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), tres gremios asumiendo el necesario liderazgo empresarial que Chile reclama -y toda sociedad que mira con perspectivas razonables su destino-, a efectos de presentar ideas y propuestas que les transcribimos y al final de la lectura, con el enlace abierto para que puedan conocer al detalle este loable esfuerzo.
Resumen Ejecutivo
La informalidad en Chile es un tema que, lamentablemente, no se aborda de manera urgente, a veces tampoco como importante, pero que subyace como causa y consecuencia de varios aspectos de nuestra economía y nuestra sociedad.
La tasa de informalidad laboral en Chile hoy se sitúa en torno al 27% de los ocupados, la que es relativamente baja comparada con la región, pero alta para estándares de países desarrollados. Pero lo más preocupante es que, si bien se ha visto algún avance en las últimas décadas, el trabajo informal pareciera ser la norma, y hacia adelante es posible vislumbrar una tendencia al alza por el deterioro de nuestro mercado laboral y menores perspectivas de crecimiento, así como por las tendencias demográficas y tecnológicas.
La informalidad es multidimensional y multifacética, presentándose principalmente en grupos como jóvenes, mayores, mujeres, inmigrantes, y personas con menores ingresos y nivel educacional. Es por esto por lo que, en la búsqueda de medidas para abordarla, se debe tener presente esta diversidad y pensar en grupos de medidas, que en conjunto o de forma aislada, ayuden a reducir la informalidad, por la vía de incentivar la formalización, de hacerla obligatoria, o no desincentivarla.
El enfoque de este trabajo intenta ser pragmático e ir directo a las medidas de política pública recomendadas por la Mesa de Formalidad Laboral, por lo que en la primera parte del estudio se presentan de forma sucinta los antecedentes principales sobre la informalidad laboral, su evolución y sus cifras, entendiendo que existen diversos estudios sobre ella en Chile, todos citados en la revisión bibliográfica al final del documento.
En la sección que le sigue, se abordan las principales tres medidas que la Mesa considera deben ser las primordiales, para abordar temas tanto de corto plazo como de largo plazo.
La primera es fomentar la formalidad laboral de los jóvenes, por la vía de realizar mejoras al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), ampliando el acceso al subsidio, revisando su monto y con un enfoque en el desarrollo profesional y carreras laborales, reconociendo la importancia de 9 marzo 2024 preparar a las presentes y futuras generaciones para un mercado laboral dinámico y en constante evolución.
La segunda busca abordar la informalidad laboral en independientes (empleadores o “cuenta propia”), tomando medidas más estrictas en la exigencia de su contribución a la seguridad social, condicionando determinados permisos al cumplimiento del pago de cotizaciones.
La tercera propuesta destacada, apunta a analizar un rediseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU), equilibrando la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones, al mismo tiempo que no desincentivando la formalidad laboral.
En la cuarta sección se abordan los cinco grupos de medidas propuestas, conteniendo en total, 15 medidas concretas de política pública. Ellas apuntan a grupos específicos, si bien hay algunas que son transversales. Todas tienen importantes desafíos tanto en su diseño como en su implementación, con distintos horizontes potenciales de ejecución y de logros, potenciales costos y beneficios y viabilidad política.
El primer grupo de medidas apunta a abordar la informalidad en jóvenes, dentro de las cuales destaca una de las medidas “top 3” mencionada más arriba. Así, además de la revisión del SEJ, la propuesta aborda la necesidad de reforzar la inversión en capital humano como un pilar fundamental para promover la formalización y reconversión laboral en Chile.
Esto implica reforzar la educación en etapas escolares, la formación técnica y avanzar en medidas para la reconversión laboral. La relevancia de estas propuestas radica en su enfoque dual: por un lado, se busca facilitar la contratación formal en la puerta de entrada del ciclo de vida laboral, y por otro, se pone énfasis en la preparación de los jóvenes para los desafíos actuales y futuros del entorno laboral, para una trayectoria laboral formal exitosa y sostenible.
El segundo grupo de medidas es más extenso e intenta aunar medidas que, por un lado, mandatan la formalidad y, por otro, la facilitan. Este grupo parte reconociendo que hoy no son obligatorias las cotizaciones a la seguridad social para todos los trabajadores independientes con ingresos. Una forma de generar las condiciones para que esto se logre es generando la condicionalidad de permisos (municipales y otros) para trabajadores independientes y emprendedores. Como complemento a esto, es deseable que simultáneamente se avance en la idea de tener una Ventanilla Única entre instituciones, para facilitar el otorgamiento de dichos permisos.
En la misma línea, se propone pensar en un sistema de permisos provisorios, con silencio administrativo positivo. Dos medidas complementarias a lo anterior tienen que ver con los trabajadores independientes, por un lado, y los asalariados dependientes, por otro.
Para los independientes, se plantea la idea de que se mandate a los proveedores de dispositivos electrónicos (POS) para transacciones de pago a que exijan la iniciación de actividades a quienes demanden sus servicios. Para los dueños de negocios o empleadores, se propone ir eliminando el régimen de Renta Presunta, así, de esta forma, estarán los incentivos adecuados para la generación de gastos por la vía de la cotización de sus trabajadores.
La tercera categoría de medidas apunta a una revisión completa de los subsidios entregados, pero partiendo por lo que principalmente puede desincentivar la formalización. Así, dentro de las principales medidas de la Mesa, se destaca la revisión de la PGU, para que quede ligada a incentivos a la cotización. Pero es muy importante también, que se revisen y reevalúen los programas sociales para minimizar los desincentivos hacia el empleo formal.
El cuarto conjunto de estrategias, estrechamente ligado a los anteriores, se enfoca en reforzar las prácticas de fiscalización. Estas medidas se basan en la premisa de que una eficaz fiscalización depende crucialmente de una coordinación interagencias efectiva entre las distintas entidades gubernamentales. Dicha coordinación es esencial para potenciar la capacidad de supervisión, enfrentando desafíos como los elevados costos monetarios, las barreras tecnológicas y la burocracia existente.
En este contexto, se propone otorgar mayores poderes al Servicio de Impuestos Internos, habilitándolo para fiscalizar y sancionar a vendedores y compradores por igual. Esta medida es especialmente pertinente en el ámbito del comercio ambulante, caracterizado por una marcada informalidad.
Aunque estas acciones no garantizan completamente la formalización laboral, representan un paso crucial hacia este objetivo, beneficiando tanto a los vendedores como al comercio formal, en que se revisarán en profundidad los subsidios más relevantes y su impacto potencial en la formalidad laboral, que enfrenta una competencia desleal de aquellos que operan informalmente.
Adicionalmente, se propone la implementación de programas que brinden beneficios fiscales directos, incentivando a los consumidores a favorecer la formalización de las transacciones, tal como la exigencia de emisión de boletas tributarias.
El último grupo es más diverso, y abarca medidas que la Mesa discutió a fondo, y que no quiso dejar fuera por el impacto que implica en determinados grupos. Entre estas están Sala Cuna Universal, medidas para una mejor integración laboral formal de los inmigrantes, la puesta en marcha de un alza en la tasa de cotización diferenciada por nivel de ingresos o por edad.
La tarea de estimar con precisión el impacto potencial de las medidas propuestas por esta Mesa sobre el número de personas afectadas y, por consiguiente, la posible reducción de la tasa de informalidad a corto y largo plazo no ha sido sencilla. No obstante, los miembros de la Mesa sostienen firmemente la necesidad de iniciar cuanto antes la puesta en marcha de todas las medidas sugeridas.
Esta convicción surge del entendimiento que, aunque las proyecciones exactas son desafiantes de realizar, el comienzo temprano y la aplicación exhaustiva de estas estrategias son decisivas para abordar eficazmente la informalidad.
Cada grupo de medidas se aborda con un esquema que contiene una breve introducción y descripción de la medida, la relevancia de la propuesta (cifras y grupos objetivos), el impacto esperado, y la evidencia y perspectiva internacional.
Se ha recurrido a una extensa bibliografía, que se incluye al final de este documento, que complementó la discusión, en torno a las distintas medidas, sostenida con técnicos, economistas, abogados, autoridades y gremios.
Nota de Redacción: El documento titulado “Informalidad Laboral: Propuestas para un Futuro Mejor – Por un trabajo formal y un país desarrollado” lo puede leer completamente en el siguiente enlace:
https://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2024/04/Propuestas-Mesa-de-Formalidad-Laboral-2024.pdf
