Hablar de pensiones, explicar el tema de las pensiones, nivelar las expectativas de ahora con las expectativas futuras “pensando en el futuro cercano sobretodo” es muy complejo en cualquier país, pero en especial en América Latina, donde existen contraposiciones políticas sobre realidades económicas y posibilidades financieras de cada persona y de los gobiernos, que en su mayoría van a lo pasajero, al aplauso de la masa que no conoce y no sabe, que no está alfabetizada ni educada, como queriendo crear por ley, esperanzas que jamás serán ciertas. Por eso, publicamos una síntesis de la propuesta del más prestigiado centro de estudios de políticas públicas de Chile y a nuestro entender, del latinoamérica; nos referimos a Libertad y Desarrollo www.lyd.org
1. Fortalecimiento a la PGU con foco en las mujeres:
a) Aumentar la PGU para llevarla al monto de la línea de la pobreza, de tal manera que el Estado garantice que ninguna persona mayor de 65 años tenga una pensión inferior a ese monto.
Esto significaría aumentar la PGU desde los $206.173 a $220.301 (y luego se reajuste según cómo suba la línea de la pobreza). El costo de este incremento, en régimen, se estima en torno al 0,11% del PIB (US$ 1.216 millones adicionales), que debe ser financiado con aporte fiscal a través de impuestos generales.
b) Elevar adicionalmente en 30% la PGU de mujeres que hayan cotizado al menos 15 años, llegando a $286.391. Para aquellas que tengan entre 5-15 años de cotización, el monto del beneficio sería proporcional a esos años cotizados.
c) Aumentar la PGU en 30% para personas con dependencia severa, sin importar si cotizaron o no, favoreciéndose a más de 200.000 personas.
En conjunto estas medidas implican, un gasto total en PGU de US$ 17.699 millones, unos US$ 2.182 millones adicionales al gasto estimado para 2050, los que deben ser financiados con recursos públicos de manera permanente en el tiempo.
Proponemos que se financien con parte de los recursos provenientes de la reciente aprobada ley del Royalty, pues 1/3 de su recaudación se destina al desarrollo productivo de las regiones y comunas del país, mientras que el 2/3 restante va a las arcas fiscales, lo que deja el destino de estos recursos libres para ser asignados.
2.Incremento de la cotización individual respetando la propiedad de los fondos:
Proponemos aumentar la tasa de cotización en 6%, lo que se traduciría en el futuro en una pensión 60% mayor a la que se podría obtener hoy. Este ahorro debe ser destinado a cuentas individuales de propiedad del trabajador. Se propone que ellas sean administradas por las instituciones privadas existentes que se rijan bajo nuevas reglas, nuevos actores que podrán ingresar a la industria o por una administradora pública de pensiones, según elija el trabajador. Todas ellas competirán bajo las mismas condiciones.
3. Apoyo del Estado a pensionados actuales y prontos a jubilar:
El Estado entregará un aporte fiscal adicional transitorio para quienes tienen una tasa de reemplazo menor a una tasa de reemplazo objetivo que deberá ser determinada por un grupo de expertos autónomo convocado por el Ejecutivo, cuya composición no puede depender del gobierno de turno.
Dicha transitoriedad se justifica porque dado el mayor ahorro y los ajustes que se plantean para la PGU, en el largo plazo los trabajadores debieran acumular ahorros suficientes para conseguir dichas tasas de reemplazo objetivo. Los costos de esta medida son abordables financieramente con cargo a las rentas generales.
Aunque proponemos que la tasa de reemplazo objetivo sea determinada por un ente técnico y autónomo, se puede modelar el costo fiscal si se toma una tasa determinada como referencia, además de considerar a quienes tengan un mínimo de 15 años de cotizaciones. Es decir, el aporte del Estado es un premio que se otorga a quienes hayan cotizado al menos 15 años, por lo que a su vez es un incentivo a cotizar.
Por ejemplo, si la tasa de reemplazo objetivo fuese de 62% (promedio de la OECD) se requeriría 0,2% del PIB para mejorar las pensiones de quienes ya están pensionados, mientras que si la tasa fuese de 70% (coherente con otros beneficios sociales en Chile, como la pensión de invalidez total), esta proporción sube a 0,4% del PIB.
4. Más competencia y fiscalización en la industria:
a) Creación de una administradora pública de pensiones: se propone que el Estado pueda participar de la industria a través de una entidad pública que compita bajo las mismas reglas y condiciones que los operadores privados.
b) Aprovechar economías de escala: se propone centralizar el proceso de cobro de cotizaciones impagas.
c) Mayor transparencia en el cobro de las comisiones de intermediación.
d) Mayor fiscalización sobre cotizaciones impagas y para quienes subdeclaran cotizaciones.
e) Profundizar o ampliar la licitación de nuevos afiliados.
5. No evadir los temas políticamente complejos: edad de jubilación e informalidad:
a) Aumentar la edad de jubilación en hombres y mujeres de manera gradual, como lo sugirieron las comisiones Marcel y Bravo. En primera instancia, se debe extender la edad de jubilación de las mujeres a los 65 años, para luego aumentar la de hombres y mujeres hasta 67 años, la misma a la que están transitando países como Reino Unido, Alemania y Australia. Es recomendable además vincular la edad de jubilación al aumento de la expectativa de vida, por lo que será necesario establecer una revisión cada cierto número de años por parte de una comisión técnica[1]. Sin embargo, para lograr este tipo de modificaciones se requieren importantes acuerdos políticos, siendo esta la razón de por qué en América Latina, las edades de retiro han permanecido relativamente estables (Cepal, 2019).
b) Combatir la informalidad laboral: Todos reconocemos que los sistemas de pensiones se basan en ahorro obligatorio y deben tener una base lo más amplia posible, debido a que los sistemas de pensiones son reflejo del mercado laboral. No se pueden entregar mejores pensiones cuando 3 de 10 trabajadores son informales o si quienes trabajan formalmente cotizan por un tiempo menor o igual a 20 años. Es por ello que se debe aumentar la fiscalización y las sanciones para quienes evaden o subdeclaren el pago de cotizaciones. Si las personas no cotizan, no ahorran y las pensiones no aumentarán.
Proponemos por lo tanto aumentar la fiscalización y sanciones para quienes evaden o subdeclaren el pago de cotizaciones. El Estado a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR), debe perseguir el pago de las cotizaciones por parte de los empleadores de una forma más activa y efectiva, además de fortalecer la fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo.
En total, los recursos públicos que se requieren para financiar las mejoras de la PGU y las pensiones de los actuales pensionados se ubicarían entre 0,43% y 0,63% del PIB, dependiendo de la tasa de reemplazo objetivo. Estas medidas son perfectamente financiable con un conjunto de medidas ya aprobadas (royalty) y otras que gozan de consenso político (combate a la evasión y elusión, eliminación de exenciones injustificadas).
De este modo lograríamos una reforma que respeta las preferencias de las personas, se hace cargo de las pensiones futuras con responsabilidad y de las actuales con solidaridad, con especial énfasis en mujeres y adultos con dependencia severa, y que imprime mayor competencia a la industria. Este esquema puede lograr mayorías en el Congreso
[1] Otra medida adicional puede ser establecer incentivos para quienes sigan cotizando después de la edad de jubilación (i.e. abono fiscal de una fracción de UF por cada mes cotizado adicional). Sin embargo, como se necesita financiamiento fiscal, debe ser revisada siempre y cuando exista financiamiento garantizado.
Imagen referencial elegida por la Mesa de Redaccion de MDP, Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (Conapran)
