Publicamos el día de ayer un Informe Especial de nuestro equipo de investigación periodística, que pone en alerta algo que es evidente: en el Perú existe una industria del “chuponeo” y de “operaciones encubiertas” que opera en la clandestinidad pero se nutre, se alimenta desde el Estado utilizando infraestructura y recursos públicos. ¿Cómo es que esto ocurre? Por dos causas, la primera reside en la necesidad de los cárteles políticos de subsistir a todo costo y la segunda, en la urgencia de los operadores financieros (mercantilistas) por no perder espacios de presión y de poder, así de simple.
Se ofrecen servicios a diversos postores interesados en objetivos establecidos en una agenda muy amplia de identidades por mapear y se entregan paquetes de información capturada para procesarse y generar acciones de extorsión, chantajes, condicionamientos, compromisos irregulares e ilegales y hasta desprestigios o destrucción de la imagen. Eso ha ocurrido, está ocurriendo y por lo visto, tiene para rato todavía. Y en ese sentido, algunos medios tienen el sucio privilegio de las oscuras primicias, de la fábrica del lodo por supuesto.
No se trata de acusar a las empresas proveedoras de esos sistemas de actuar para facilitar el delito, eso no es así. No se trata de acusar a los miembros de la DINI Dirección Nacional de Inteligencia de estar al servicio de poderes gubernamentales para trabajar al margen de la Ley, eso no es así. Lo que estamos descubriendo es una red de unidades de inteligencia privada, usando estructuras de inteligencia estatal, que trabajan para asegurar exigencias y presiones sobre ciudadanos, políticos, empresarios, usuarios de redes sociales e influencers, acumulando y procesando, o usando y alterando información clasificada, datos personales y conversaciones privadas, a fin de ser manipuladas con fines perniciosos.
De acuerdo a nuestras fuentes, el Estado ha ido adquiriendo y probando equipos y sistemas de ciberespionaje como los denominados Pegasus, Reliant, y el precursor Constelación, que bajo el pretexto de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, se desvían con los fines ya mencionados.
Del mismo modo, hemos señalado a empresas extranjeras ofreciendo sus servicios al Estado, a los gobiernos y a empresas públicas y privadas. ¿Es eso legal? Por supuesto que sí, dentro de lo que la legislación permite para cada nivel de contratantes y en cada nivel de autorización. Pero lo que no es legal, es aquello que invade la privacidad, aquello que se infiltra en la reserva personal, aquello que luego es reconvertido para dañar, cambiado para perjudicar, alterado para dar golpes fatales a la integridad, honorabilidad e imagen de las personas y sus familias.
Así que prepárense porque esto va para más y este domingo, tendremos una segunda parte, donde veremos la relación de los servicios de inteligencia con el G2 de Cuba, el SEBIN de Venezuela y cómo se filtraron agentes del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) de España en actividades que necesitan esclarecerse. Estos no son sólo antecedentes, sino muestras que dan luces en relación a la maraña compleja de intervenciones en el sistema de inteligencia peruano.
Y como cereza del pastel, seguiremos armando la escalera de peldaños que nos llevaría a considerar como cierto que el Perú cuenta con el sistema Pegasus operando en este momento, pero no contra el crimen organizado, contra el narcotráfico o el terrorismo, sino en contra de la democracia y la Libertad.
Imagen referencial de la portada: “chuzadas o chuponeo”
