No suelo escribir sobre temas culturales, pero en esta ocasión creo importante denunciar el lamentable papel que vienen desempeñando tanto el Ministerio de Cultura como el ministro a cargo, señor Alejandro Neyra, con respecto al complejo arqueológico de Caral.
Solo como información general extraída de Wikipedia, la Ciudad Sagrada de Caral-Supe o simplemente Caral, es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización Caral. Se encuentra en el valle de Supe, cerca del poblado actual de Caral, 182 kilómetros al norte de Lima. Se le atribuye una antigüedad de 5.000 años y es considerada la ciudad más antigua de América, pues no se ha encontrado hasta ahora en nuestro continente otro sitio más antiguo con semejante diversidad de edificios monumentales, con distintas funciones ceremoniales y administrativas. Ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
La cultura Caral se desarrolló entre 3.000 y 1.800 a.C., contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India, Sumeria, China, pero a diferencia de ellas (que intercambiaron sus logros), se desarrolló en completo aislamiento.
Hoy, a vista y paciencia del Ministerio de Cultura y con la excusa de la pandemia, que lamentablemente distrae a nuestras limitadas fuerzas de seguridad, falsos agricultores han invadido y perpetrado actos predatorios contra este importante complejo arqueológico.
Desde mayo del 2020, muchas familias han invadido y construido casas precarias y sembrado plantas de paltos y mangos. Al típico estilo de los invasores de tierras eriazas que en muchos lugares del litoral peruano, invaden áreas pertenecientes al Estado peruano o a comunidades campesinas, “toman posesión” mediante estos procedimientos expeditivos ilegales, solicitan el derecho de posesión, para luego solicitar la propiedad del bien.
En este caso, evidentemente, no se trata de tierras eriazas sino de áreas legalmente establecidas como zonas arqueológicas y que cuentan con toda la fundamentación científico-académica: El sitio arqueológico Caral se encuentra reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación mediante la Resolución Directoral Nacional del Instituto Nacional de Cultura N.° 720/INC del 20 de setiembre del 2002 y ratificada mediante la Resolución Viceministerial N.° 256-2011-VMPCIC-MC del 3 de marzo del 2011. Y desde el 2009, declarado Patrimonio cultural de la humanidad.
Me he informado, porque no es mi especialidad, que una hectárea cultivable con tierra de buena calidad y provisión de agua, como es en el área invadida, tiene un valor de mercado de US$ 25.000 a US$ 30.000. Aquí, se está hablando de aproximadamente 40 hectáreas, lo que hace cerca de un millón de dólares. Estando en producción con plantas de cuatro a cinco años el valor se duplica y estamos hablando ahora de dos millones de dólares en un plazo de tres o cuatro años.
Que quede claro entonces que aquí estamos hablando de tráfico de terrenos, lucro y corrupción, no de agricultores pobres, que por supuesto no viene al caso.
Quien está detrás de toda esta cochinada, apañando y apadrinando a todos estos delincuentes, es el congresista Carlos Almerí Veramendi, congresista de Podemos Perú, el partido trucho de uno de los más grandes gánsteres de nuestra política, José Luna Gálvez, hoy con prisión preventiva.
El “señor” Almerì, un hijo cuya madre sin duda tenía el útero podrido, un traidor a la patria, un delincuente, que busca cobijar a estos invasores con el fin de dar cierta apariencia de carácter social a este delito, llamó a los traficantes de terrenos, “agricultores emprendedores”, que merecen el apoyo y protección legal de las autoridades. De esta manera, lamentablemente, se aprovecha de nuestro pobre sistema judicial y neutraliza y deja sin piso las acciones judiciales y policiales de los encargados de Caral, que en varias ocasiones han visto fracasadas las acciones de desalojo de las áreas invadidas.
No nos sorprendamos, una vez más, de una autoridad parlamentaria apoyando a los que violan la ley. Los encargados de la zona arqueológica han denunciado que la policía y las autoridades municipales se hacen de la vista gorda ante estas acciones atentatorias del patrimonio arqueológico, que cuentan con la protección del delincuente Almerí.
Estos mafiosos han llegado a tal extremo, que la señora Ruth Shady, directora del proyecto Caral, se ha visto obligada a realizar serias denuncias, “Estamos recibiendo amenazas de personas que se están aprovechando de las condiciones de pandemia para ocupar los sitios arqueológicos e invadirlos para establecer cabañas, pasar maquinarias por las tierras… destruyen lo que encuentran”, dijo ella durante una entrevista. Y agregó: “Un día llamaron al abogado que trabaja con nosotros y le dijeron que lo iban a matar junto conmigo y nos iban a enterrar cinco metros debajo del suelo si persistían los trabajos en el lugar”.
Esta conducta mafiosa es la consecuencia de un accionar coordinado entre los traficantes y delincuentes como el congresista Almerí y su jefe Pepe Luna, “el patrón de mal”, puesto que las acciones ilegales y criminales que realizan los traficantes de tierras, encuentran su complemento en las gestiones oficiales (solicitudes de Mesa de Diálogo) mientras son protegidos para evitar el desalojo.
Mientras el complejo arqueológico más antiguo de América se destruye en manos de políticos, delincuentes e invasores, nuestro Ministerio de Cultura y sus cagones ministros se ocupan de contratar a cefalópodos como Richard Swing y de premiar con US$ 75.000 a Mayra Couto en la categoría de Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) para grabar el primer capítulo de su teleserie llamada ‘Mi cuerpa, mis reglas’. Ni hablar del papelón que está haciendo el ministerio, en referencia a la casona de Miraflores que alojó durante muchos años al restaurante “Las Brujas de Cachiche”, que tan bien llevó y dando cátedra, el gran Patipo Alcorta.
Estamos jodidos, nuestro país se está yendo a la mierda por la vía rápida.
