Tras iniciarse la pandemia de la COVID-19, la disminución de ingresos promedio afectó más a los trabajadores con menor educación, cuyos ingresos laborales se redujeron un 17% en 2020 frente a 2019, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEI). En el último Informe Técnico sobre el comportamiento de los indicadores del mercado laboral de Perú a diciembre de 2021, se registra una recuperación de los sueldos promedio. No obstante, destaca que los trabajadores que solo contaban con educación primaria aún ganan considerablemente menos que la remuneración mínima vital (RMV), con un ingreso mensual de S/ 882.9.
Esto concierne mucho a los hogares de ingresos más bajos, pues ante el aumento de precios que se viene experimentando desde mediados del año pasado, su poder adquisitivo se ve reducido. Apoyo Consultoría estimó que, en 2021, el costo de la canasta básica de alimentos para una familia de cuatro miembros se incrementó en S/ 42 frente a 2020, situándose en S/ 806. El estudio señaló, además, que tal incremento afectaba directamente a las personas de los niveles socioeconómicos D y E, pues representaba un día más de trabajo cada mes para cubrir el nuevo monto.
El alza de precios no es un fenómeno exclusivo de nuestro país, se está sintiendo tanto en economías avanzadas como en las emergentes y en desarrollo. Si bien el conflicto entre Rusia y Ucrania agravó la situación, principalmente en cuanto al aumento de los precios internacionales de los combustibles, el nivel de precios general viene incrementándose fuertemente desde mediados del año pasado, como se evaluó en el semanario 1112 de ComexPerú.
Aunque aún no se cuenta con estimaciones sobre el costo de la canasta básica para 2022, es probable que este sea sustancialmente mayor, en un contexto en que los precios de los combustibles y del transporte de bienes y productos importados encarecen los fletes marítimos. Por ejemplo, el precio del saco de urea, principal fertilizante sintético usado en el Perú, pasó de costar S/ 65 en octubre a S/ 210 al final del año pasado, según lo mencionado por la Asociación Peruana de Productores de Arroz. Inclusive, señalan que, actualmente, el precio rodea los S/ 270. Ello tiene un impacto directo en los precios de alimentos y, por ende, encarece el costo de la canasta básica.
Frente a este contexto, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) definió su posición para hacerle frente a la inflación y viene ejerciendo una política monetaria contractiva desde agosto de 2021. Esta semana, la tasa de interés de política monetaria se elevó por novena vez consecutiva, estableciéndose en un 4.5%.
No obstante, dada la situación actual, el rango de acción de la política monetaria es limitado y los efectos no son inmediatos en cuanto al control de la inflación, debido a la fuerte dependencia de factores externos. Por tal motivo, resulta necesaria la implementación de medidas de política fiscal complementarias para aliviar el efecto del alza de los precios en el poder adquisitivo de los hogares. Estas medidas deben ser focalizadas, acotadas y contar con un sustento técnico adecuado que evite caer en populismo. Además, debe tenerse en consideración que ésta puede no ser un proceso inflacionario de corto plazo por lo que el manejo fiscal debe ser responsable.
En marzo del presente año, se registró una tasa de inflación mensual del 1.5% en el Perú y del 1.48% en Lima Metropolitana, la más alta en 26 años. Este aumento se debe, fundamentalmente, al incremento en los precios de combustibles, pues se transmite a los demás sectores de la economía, ya que genera un incremento de los costos de producción de diversas industrias y encarece el transporte de productos. De diciembre de 2021 a marzo del presente año, los precios de los combustibles se han incrementado un 13%, de acuerdo con cifras del INEI.
Actualmente, tres impuestos gravan a los combustibles en el territorio nacional: el impuesto general a las ventas (IGV), del 18%; el impuesto selectivo al consumo (ISC), del 10% para la gasolina y el 20% para el diésel; y el impuesto al rodaje, del 8% aplicable a gasolinas sobre el precio ex planta en el caso de venta al país o del valor CIF tratándose de la importación.
El domingo 3 de abril, a través del Decreto Supremo N.o 068-2022, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de reducir el pago del ISC a los combustibles hasta en un 90% y excluirlos del pago de IGV de forma temporal. Con la reducción de costos de los combustibles en planta se esperaría que los precios que pagan los consumidores finales disminuyan en entre S/ 3 y S/ 4 por galón.
Por otro lado, también se ha decretado la medida del aumento de la RMV de S/ 930 a S/ 1,025. Sin embargo, dadas las características estructurales de nuestra economía, esta medida no beneficiaría al grueso de la población. En 2021, la tasa de empleo informal a nivel nacional alcanzó el 76.8%, de acuerdo con el INEI. Por lo que solo alrededor del 20% de los trabajadores peruanos se vería beneficiado por este aumento.
Por ende, urge pensar en otro tipo de medidas temporales que brinden alivio efectivo a los hogares de menores ingresos. Esta semana, el Congreso aprobó el proyecto de ley que exonera el IGV a los alimentos de la canasta básica de consumo. Asimismo, se creó un mecanismo de devolución del crédito fiscal del IGV acumulado, el cual será aplicado toda vez que grave la adquisición de materias primas e insumos de la cadena productiva de alimentos contemplados en la exoneración.
Otra medida complementaria podría ser la exoneración temporal de aranceles a determinados productos de la canasta familiar que se importan, como algunos alimentos, bebidas, productos agrícolas, entre otros.
En el caso peruano, la inflación anual de alimentos y bebidas a 12 meses registrada en febrero fue del 7.9%. Al analizar el desempeño de las importaciones de productos alimentarios, encontramos que, en términos de volumen, estas han disminuido; no obstante, su valor incrementó. Es decir, estamos importando menos, pero más caro. Esto se apaciguaría en cierta medida con un eventual recorte de los aranceles que puedan estar gravando a ciertos productos que importamos.
Por ejemplo, en el caso de alimentos terminados de consumo no duradero, ciertas menestras y frutas tienen un arancel nacional de 6%. Exonerar a estos productos del pago de impuestos a la importación recaería directamente en el precio que pagan los consumidores finales. En línea con ello, también se podría evaluar la exoneración de aranceles a aquellos insumos o bienes intermedios para la industria, abaratándose los costos de producción de alimentos de manera que impacte en el precio final de los productos terminados.
Otro factor por evaluar es el alza de precios de los fertilizantes, insumo necesario para la producción agrícola y cuyo costo se transmite al precio de los productos alimentarios. En respuesta al incremento de más del 100% en los precios de fertilizantes, se podría establecer un programa de subsidios indirectos en apoyo a los productores agrícolas mediante la venta subsidiada de fertilizantes y semillas, tal como se realizó en países de Centroamérica durante la crisis de los precios del petróleo, entre 2006 y 2008. Dado que ningún fertilizante agrícola que importamos está gravado por algún arancel podría pensarse en esta alternativa, así como una exoneración del pago del IGV.
En otra instancia, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, está adoptando medidas extraordinarias para proteger el bienestar de hogares en situación de pobreza. El Midis informó que el Gobierno otorgará un presupuesto adicional orientado a la protección de 1,300,000 personas a través de programas sociales. Como parte de las medidas para enfrentar el alza de precios de alimentos de primera necesidad, se entregará una subvención extraordinaria a los usuarios de Juntos, Pensión 65 y Contigo, dinero que se distribuirá en el próximo pago. Además, se plantea entregar 700,000 canastas de alimentos a la población organizada en ollas comunes del país.
Es un hecho que la inflación se está incrementando fuertemente y su control, dado el contexto internacional, escapa de las manos de instituciones como el BCRP y el Gobierno. No obstante, este último está en la facultad de evaluar qué medidas son efectivas para reducir el costo de vida de los peruanos. Ello sin caer políticas que han sido probadamente fallidas, como el control de precios, con resultados contraproducentes para quienes se pretende ayudar. Cabe destacar que estas medidas deben ser temporales, hasta que se estabilice el nivel de precios.
Nota de Redacción: El presente artículo se publicó originalmente por ComexPerú en www.comexperu.org.pe
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