El sábado 14 de agosto, el Gobierno aprobó, mediante el Decreto de Urgencia N.° 079-2021, las reglas fiscales para el año 2022. Este decreto establece, principalmente, dos objetivos. Primero, el déficit fiscal anual del Sector Público No Financiero (SPNF) para el año fiscal 2022 no debe ser mayor al 3.7% del Producto Bruto Interno (PBI). El segundo es que la deuda bruta total del SPNF no debe ser mayor al 38% del PBI. En ese sentido, es importante recordar la trayectoria de déficit fiscal en los últimos años y su importancia como determinante del resultado económico de nuestro país.
Mediante el Decreto Legislativo N.° 1276, publicado en 2016, el Ejecutivo estableció que el déficit fiscal anual no debe ser mayor al 1% del PBI y la deuda bruta total del SPNF no debe ser mayor al 30%. Cabe mencionar que desde 2012 no se ha superado el 3% de déficit fiscal e incluso hubo años en los que se contó con superávit.
Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, en 2020 se suspendieron temporalmente las reglas fiscales. Se dieron estímulos fiscales grandes como la medida temporal que suspendía o reducía los pagos del impuesto a la renta, transferencias a las familias, etc. Además, la menor actividad económica también tuvo como consecuencia una menor recaudación. Así, estos factores hicieron que el déficit fiscal para el año 2020 sea un 8.9% del PBI y la deuda pública sea del 35%, según cifras del BCRP. Para contextualizar estos resultados, no se veía unos parecidos desde finales de la década de 1980, durante el primer gobierno del expresidente García.
Si bien el establecimiento de objetivos en las reglas fiscales es una señal positiva, se debe trabajar mucho por cumplirlas, no solo mediante un uso efectivo de los recursos públicos, sino también generando confianza en los distintos actores. Tengamos en cuenta que la incertidumbre política es un factor clave para la reactivación y el crecimiento económico. Esta afecta a las inversiones, pues sin reglas de juego claras se contraen, lo que trae consigo una menor actividad económica y menor recaudación. En consecuencia, se afectan los recursos disponibles para el presupuesto público y, por ende, el déficit fiscal.
Las expectativas son muy importantes para el crecimiento económico de un país y esto se refleja en la calificación de la deuda de los países. Un ejemplo claro es el de Colombia, que en mayo pasado perdió el grado de inversión y pasó de una calificación de “BB+” a “BBB-”. Según el informe de Standard & Poor’s, esta decisión se fundamenta en el retiro de la reforma fiscal presentada por el Congreso colombiano, en un contexto de altas presiones de gasto por la pandemia de COVID-19. Esto haría que, para el período 2021-2024, la deuda colombiana se mantenga por encima de 60% del PBI, tenga un déficit fiscal alto y menores tasas de crecimiento del PBI esperadas.
A partir del caso colombiano se pueden extraer algunas reflexiones. Primero, las expectativas son muy importantes para mantener la estabilidad macroeconómica del país. Los mercados miran hacia adelante (forward looking) y toman sus decisiones de acuerdo con estas. De esta manera, con niveles de deuda pública y déficits altos, los agentes pierden confianza en el país y su capacidad de cumplir sus obligaciones de deuda. Segundo, estas calificaciones más bajas se traducen en aumento del costo de endeudarse para el país. Esto es realmente importante en contextos recesivos, ya que con deuda es posible atenuar los efectos de shocks económicos negativos.
Asimismo, es imperativo garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales mediante acciones concretas. En primer lugar, se requiere garantizar el uso eficiente del gasto. El presupuesto público debe ejecutarse en gasto de inversión o corriente que genere el máximo retorno o beneficio para el país, de acuerdo con criterios técnicos. En segundo lugar, se necesita incentivar la inversión privada, pues son estos agentes quienes generan riqueza en el país y son los contribuyentes del Estado.
Por ejemplo, según el informe de Cartera de proyectos de construcción de mina 2020 del Minem, se tiene 46 proyectos, con un valor total de inversión de US$ 56,158 millones. Sin embargo, muchos de ellos están paralizados, tales como Tía María y Conga. El impacto macroeconómico es muy grande si tomamos en cuenta que, según el Minem, la minería representó un 9.1% del PBI nacional en 2019.
La ejecución de los proyectos mencionados tendría un gran impacto en la producción, el empleo, la recaudación y el crecimiento económico, lo que daría buenas señales y confianza a los agentes.
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