La COVID-19 desencadenó una de las más severas crisis a nivel global, por lo que se han requerido diversas políticas gubernamentales para poder soportarla. En particular, en el Perú se implementaron medidas de contención[1] y reactivación[2], cuyo financiamiento ascendería a un 19.9% del PBI, de acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) de 2021-2024. Si bien estas mitigarían los efectos de la pandemia sobre nuestra economía, al esperarse una contracción del 12% en vez del 20% del PBI, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), también significan una reestructuración de los presupuestos para atender las nuevas prioridades y los objetivos que ya se encontraban presentes.
De acuerdo con el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, si bien el presupuesto se incrementa en S/ 4,948 millones respecto de 2020, para alcanzar los S/ 183,000 millones, esto se explicaría por un aumento en los gastos corrientes[3] y en el servicio de la deuda. En particular, para el primero, se espera un desembolso de S/ 121,000 millones (+4.3%), que provendrían del financiamiento a intervenciones de salud y contención de la COVID-19, así como para la contratación de nuevos docentes y el desarrollo de programas sociales; mientras que, el segundo, en el aumento de los intereses a pagar, debido a un mayor endeudamiento, de acuerdo con el MEF. Cabe resaltar que, por su parte, el gasto de capital, el cual corresponde a la ejecución de proyectos de inversión pública, disminuiría en S/ 1,080 millones.
Con relación a la distribución sectorial, el sector educación continuaría siendo la prioridad del presupuesto al recibir un 17.9% (S/ 37,715 millones), un 4.4% adicional respecto de lo considerado para el presente año, lo que se explicaría por el objetivo de fortalecer la educación a distancia, un mayor otorgamiento de becas estudiantiles y la aplicación de la matrícula en las instituciones públicas.
Por su parte, el sector salud representará un 11.4% (S/ 20,940 millones), un 13.2% más que el año en curso, debido al desembolso adicional para la adquisición de equipos de protección personal, la continuidad del personal, las intervenciones estratégicas y el fortalecimiento de la atención hospitalaria y el primer nivel de atención[4]. Aunque el sector agropecuario, con S/ 8,816 millones, apenas significa un 4.8% del total, registra el mayor crecimiento presupuestal para 2021, con un 57.3% adicional por la ejecución de proyectos en el marco de la reconstrucción con cambios.
ENDEUDAMIENTO: UNA ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO
Desafortunadamente, las complicaciones asociadas con la COVID-19 también significaron una contracción en los ingresos del Gobierno por un monto de S/ 31,000 millones, según información del MEF. Si bien las medidas de contención y reactivación serán retiradas conforme se disipen los efectos de la pandemia, lo que permitirá cierta liberación de recursos para el financiamiento, el presupuesto asignado requerirá un mayor endeudamiento.
En particular, la ley de presupuesto considera un incremento del 124.3% de los recursos provenientes mediante dicho mecanismo, por lo cual la deuda pública ascendería al 35.4% y el 38% del PBI este año y el próximo, respectivamente, pese a haber culminado 2019 con un 26.8%.
En particular, un financiamiento mediante deuda de tal magnitud solo es posible en nuestro país por el adecuado desempeño de las finanzas públicas en los últimos años. Inclusive, a pesar de dicho incremento, el Perú permanecería por debajo del promedio de endeudamiento de las economías emergentes y el registrado en América Latina, que ascenderían al 63.1% y el 81.5%, respectivamente, al culminar 2020. Si bien esto evidencia la solidez económica peruana, en realidad, omite el desempeño de su sistema tributario que, de acuerdo con el reporte Doing Business del Banco Mundial, se situaría en el puesto 121 de 190 países, uno de los peores en el pilar de pago de impuestos, y en caso se hubiera corregido el nivel de incremento de la deuda resultaría menor.
Evidentemente, la presente crisis limita la estructuración del presupuesto de nuestro país durante los próximos años al requerir desembolsos adicionales e inesperados. No obstante, estas complicaciones pueden reducirse conforme se solucionen los problemas que aquejan a nuestro país desde hace mucho tiempo, como la baja recaudación de impuestos y el retraso en la ejecución de inversiones.
Esto último porque la mayoría de las nuevas necesidades se sustentarían en no haber atendido los problemas en un momento oportuno, como la falta de establecimientos de salud adecuados y la conectividad a nivel nacional que limita la educación a distancia.
[1] Se refiere a medidas de asistencia inmediata y de soporte económico para los hogares y las empresas afectados por la COVID-19, así como el fortalecimiento del sistema de salud, la continuidad del servicio educativo, los subsidios a familias vulnerables, los alivios tributarios, las exoneraciones de retención y los retiros extraordinarios de las aseguradoras de fondos de pensiones, entre otros.
[2] Se refiere a medidas de apoyo para los sectores productivos y las empresas, como el Programa Reactiva Perú, el Fondo de Apoyo Empresarial a favor de las micro y pequeñas empresas (FAE-Mype), el Fondo Crecer, entre otros.
[3] El gasto corriente está constituido por los desembolsos permanentes del Gobierno, como el pago de las planillas, la adquisición de bienes y servicios, entre otros.
[4] Puestos de salud, postas de salud, centros de salud y centros médicos (categorías I-1, I-2, I-3 y I-4).
Redacción: ComexPerú / Publicado en Septiembre 11, 2020 / Semanario 1042 – Actualidad
