El plan económico del actual Gobierno no convence al sector empresarial y esto se refleja en las expectativas empresariales. Según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, elaborada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la mayoría de los índices que componen el indicador de confianza empresarial a tres meses presentaron retrocesos de uno a cuatro puntos en el mes de agosto.
Así, la confianza empresarial de la economía a tres meses disminuyó de 42.9 a 33.6 puntos en dicho periodo. Entre tanto, la expectativa sobre la situación de la empresa retrocedió dos puntos, mientras que la inversión prevista para la empresa lo hizo en un punto.
Si analizamos la evolución de la confianza empresarial, las expectativas para marzo del presente año (51.2 puntos) mejoraron con respecto a marzo de 2020 (21.8 puntos). Este incremento de 29 puntos se explica, en parte, por la finalización de la cuarentena focalizada y el inicio de la recuperación económica, sumado al proceso de vacunación masiva iniciado a principios de 2021, luego de la fuerte contracción económica reportada en 2020, con una caída del 11.1% en el PBI.
Sin embargo, después de la segunda vuelta y los recientes cambios generados por la instalación del nuevo Gobierno, se han producido variaciones en las expectativas de los agentes económicos, registrándose coincidentemente una caída del índice entre los meses de abril (39.7 puntos), junio (39.5 puntos) y agosto (33.6 puntos), siendo este último el que presentó la mayor caída respecto de marzo de 2021 y la menor con relación al mismo periodo de 2020.
Cabe resaltar que el Índice de confianza empresarial refleja las expectativas de los agentes económicos del país, por lo que resulta un elemento esencial para reactivar la economía e impulsar las inversiones. No obstante, a poco más de un mes de la instalación del nuevo Gobierno, no basta con afrontar los impactos de la pandemia de la COVID-19, sino que se deben generar las condiciones y la confianza para que los inversionistas tengan claridad sobre sus decisiones de invertir en nuestro país.
De acuerdo con el reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2022-2025, se proyecta un crecimiento del PBI alentandor de 4.8% para el país en 2022, con un sólido crecimiento de la inversión privada del 5.5%. Esto se daría como consecuencia del ritmo de recuperación, ya que la actividad económica alcanzaría los niveles previos a la pandemia durante el primer trimestre de 2022, según el MEF.
Sin embargo, unos días después de la oficialización de estas proyecciones, Moody’s Investors Service señaló que la inversión privada seguiría deprimida, dado que el panorama de políticas en desarrollo podría conducir a una menor confianza empresarial.
Al respecto, esta señal de falta de credibilidad del Gobierno se traduce en una fuente de incertidumbre y desconfianza, afectando así la política económica, donde el impulso fiscal pierde su efecto multiplicador y reactivador. Asimismo, ello se traduce en inconsistencias entre las proyecciones del gobierno respecto al crecimiento económico para el país (ver Semanario ComexPerú 1088) y la reciente rebaja en la calificación crediticia, la cual no es coincidencia, pues nos está diciendo que somos menos creíbles y que la toma de decisiones no está siendo lineal, predecible ni consistente en el tiempo.
Por ello, no bastan solo los discursos y las propuestas en papel, es vital la acción. Sin confianza ni credibilidad se cae el plan por más buenas intenciones que se tenga. Además, sin inversión privada se resta oxígeno para implementar reformas estructurales de largo aliento y cerrar las brechas de infraestructura que tanto nos aquejan como país.
Esta nueva administración debe demostrar que la tiene clara y que busca corregir y mejorar la confianza de los inversores. Por ejemplo, se debe poner fecha para sacar adelante proyectos como Chavimochic III e irrigación Majes Siguas II, mencionados por el Premier, que representan inversiones de S/ 5,168 millones.
Desde ComexPerú, esperamos que el actual Gobierno trace un camino claro con respecto a la inversión privada, garantizando reglas claras y el respeto de los contratos, el respeto a libertad de precios, así como garantías para la propiedad privada. Esto permitirá incrementar la confianza empresarial y la credibilidad del Gobierno, con el objetivo de reducir el riesgo de salida abrupta de capitales y garantizar el cierre de brechas que genera cada sol adicional que se pone la inversión pública, la cual va siempre de la mano con la inversión privada.
