De acuerdo con la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), el empleo a nivel nacional se contrajo a 17,207,230 personas durante el tercer trimestre del presente año, lo que representó una pérdida de 156,733 puestos de trabajo en relación con el mismo periodo de 2022. El mercado laboral también acumula tres trimestres en negativo, al igual que la economía. La falta de crecimiento e inversión restringe las oportunidades de empleo en el país, lo cual se observa en el incremento de la tasa de desempleo, que ascendió al 5.1% y superó los resultados del año previo en la gran mayoría de los departamentos.
En las zonas urbanas, el problema radica en la complicada coyuntura que limita las contrataciones formales y aumenta el desempleo, pero en las zonas rurales la situación es más grave, ya que los puestos de trabajo disminuyeron considerablemente.
En detalle, el empleo rural se redujo a 2,773,661 (-20.9%) personas, lo cual significó una pérdida de 735,049 puestos de trabajo, aunque esto fue compensando parcialmente por el mayor empleo urbano. La mayor parte de este resultado se explica por el desempeño del sector agropecuario, con 2,103,508 empleos (-20.2%; -530,881 puestos de trabajo), y que, en términos de producción a nivel nacional, acumula ocho meses consecutivos de resultados negativos debido a las condiciones climáticas adversas.
Si consideramos que la contratación formal, que se concentra en las zonas urbanas, está desacelerándose en los trabajadores no calificados (sin educación superior técnica o universitaria) (ver Semanario 1186), es evidente que el menor desempeño del mercado laboral está afectando más a los trabajadores con mayor nivel de vulnerabilidad. Este grupo, al igual que el mercado laboral rural, se caracteriza por su mayor exposición a la informalidad laboral, la cual aumentaría durante este año si se mantiene el desempeño económico negativo que actualmente enfrenta el país.
En setiembre último, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizó proyecciones sobre los resultados de empleo para este año en función de las expectativas de crecimiento consideradas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en el reporte de inflación de junio pasado, donde se estimaba que la economía peruana crecería un 2.2% este año. Con base en este pronóstico, se esperaba que el empleo a nivel nacional aumentara solo un 0.6% en 2023. Sin embargo, debido a que, en la última encuesta de expectativas macroeconómicas, realizada por el BCRP en octubre, los analistas económicos estimaron un crecimiento del 0.1% para el PBI este año, es evidente que el mercado laboral peruano sufrirá su primera contracción en las últimas dos décadas, con excepción del año de la pandemia.
El sector que reportaría una mayor contracción en cantidad de puestos de trabajo sería el agropecuario, que durante el tercer trimestre explicaba casi un cuarto de todo el empleo nacional, pero acumula una contracción económica del 3.6% a septiembre. Este desempeño se explicaría por las condiciones climáticas adversas causadas por el fenómeno de El Niño costero (mayores temperaturas en la costa) y El Niño global (ausencia de lluvias en la sierra), situación que pone en riesgo la actual campaña agrícola, lo cual limitaría la recuperación del empleo en este sector durante 2024.
También preocupan los resultados de la manufactura, que generó 1.4 millones de empleos en el tercer trimestre, pero acumula una contracción en PBI del 7.1%, debido al menor consumo. A esto se le suma el sector construcción (1.2 millones de empleos), con una caída en la producción del 9.3%, por causa de la menor inversión privada. El bajo desempeño económico está afectando a sector importantes para la generación de empleo en el país.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS EN EL EMPLEO AGROPECUARIO?
En términos de empleo, el sector que más preocupa es el agropecuario, con problemas graves y recurrentes en términos de productividad laboral y falta de desarrollo, por lo cual presenta una informalidad laboral superior al 90%. Desde la pandemia, el sector atraviesa una coyuntura más complicada con las modificaciones al régimen laboral agrario, el alza del precio de los fertilizantes y, ahora, los fenómenos climáticos adversos, que amenazan con ser más frecuentes. Por ello, es fundamental revisar la capacidad de contratación formal del sector que más empleo genera en el país.
De acuerdo con estimaciones del BCRP, las exportaciones representaron cerca del 30% del PBI peruano durante los últimos años y mantienen una participación similar en la generación de empleo formal. En detalle, en septiembre, se registraron 1.2 millones de empleos formales en empresas exportadoras, los cuales representaron el 28.8% del empleo formal a nivel nacional; esto representó una ligera reducción respecto del 31.5% reportado en el mismo mes de 2022. Las empresas exportadoras se caracterizan por tener mayores niveles de productividad y mejor capacidad de gestión logística, de manera que una mayor participación de estas podría significar más competitividad en el sector, pero ello no ocurre con el sector agropecuario.
En ese sector, durante setiembre de este año, la agroexportación generó 410,000 empleos formales, lo cual representa el 83.5% de todos los empleos formales del rubro. Esta cifra supera ampliamente la participación de las exportaciones en el empleo de los sectores manufactura (57.5%), comercio (24.1%) y servicios (11.6%). Si consideramos que, en el sector formal agropecuario —según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)—, casi 9 de cada 10 trabajadores pertenecen a una empresa con más de 100 empleados, resulta evidente que los requisitos para ser formal son imposibles de cumplir para las empresas de menor productividad, las cuales representan la gran mayoría de este sector.
Lamentablemente, incluso las empresas de mayor productividad están enfrentando reducciones importantes en el empleo, debido a que, en comparación con septiembre de 2022, el empleo formal agroexportador se redujo un 19.3%, lo cual significó una pérdida de 98,000 empleos en estas actividades. Es evidente la necesidad de apoyar al sector para que afronte la emergencia climática, pero también es urgente reevaluar los incentivos a la contratación formal, debido a que la informalidad acumula décadas afectando a más del 90% del empleo en el sector.
De acuerdo con estimaciones del MTPE, el régimen laboral agrario vigente representa un costo laboral adicional del 87.2% del salario pagado al trabajador, debido a que es el único régimen que considera una bonificación especial equivalente al 30% del salario. Este régimen, que busca favorecer la contratación en el sector menos productivo del país, pero que más empleo genera, enfrenta un costo laboral adicional de 25 puntos porcentuales en comparación con el régimen general. Es decir, para contratar un trabajador formal con el régimen laboral agrario se debe pagar un 25% adicional del salario establecido, en comparación con lo que se pagaría al mismo trabajador en el régimen general, que está diseñado para las empresas más grandes del país.
¿Verdaderamente estamos apoyando al empleo formal agropecuario o solo lo estamos sepultando? Es indispensable discutir mecanismos de contratación especiales para las empresas agropecuarias de menor tamaño y productividad, que no tienen la capacidad para asumir los costos actuales; de lo contrario, jamás se podrá reducir la informalidad del sector.