Nuestro mercado laboral se caracteriza por altas tasas de informalidad en el tejido empresarial y precariedad laboral, con una alta rotación de trabajadores, inadecuadas condiciones laborales y bajo acceso a seguridad social. Las enormes dimensiones de la informalidad involucran alrededor del 75.3% de la fuerza laboral en 2020, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), lo cual significa que tres de cada cuatro empleos son informales.
En ese contexto, la importancia de formular políticas públicas que impulsen la reactivación del mercado laboral peruano es una necesidad para el país, de cara a mejorar en aspectos como competitividad y generación de ingresos. El pasado 7 de setiembre, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo presentó la “Agenda 19”, que incluye una serie de medidas en materia laboral. Al respecto, analizaremos si estas son las que realmente se necesitan para aliviar en algo la problemática del mercado laboral peruano.
En primer lugar, la propuesta de derogación del Decreto de Urgencia N.o 038-2020, sobre la suspensión perfecta de labores, parte de un escenario hipotético de que en los próximos meses no habrá restricciones a los negocios por la tercera ola de COVID-19. Al respecto, consideramos que este instrumento nació con el objetivo de mantener puestos de trabajo, como se da en los casos de sectores aún restringidos y limitados. Por tanto, si se elimina, solo generaría la pérdida de esos puestos. Asimismo, si la medida no es retroactiva, la eliminación no afectaría las suspensiones ya dadas con anterioridad; entonces, el planteamiento carece de validez técnica para efectos de lo que busca.
En segundo lugar, se propone un incremento del salario mínimo, otra medida que no ha sido sustentada técnicamente, pues no existe consenso sobre una metodología para el cálculo. Al respecto, de acuerdo con un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo , el investigador Miguel Jaramillo concluyó que el sueldo mínimo no eleva las remuneraciones de los que ganan menos, es decir, no beneficia a aquellos que tienen un ingreso por debajo del salario mínimo ni a los trabajadores del sector informal.
Además, existe evidencia que demuestra que el incremento del sueldo mínimo no tiene el impacto favorable que persigue. Si se implementa, se recomienda que la metodología tome en cuenta factores como la productividad, la inflación, entre otras. Esto con el objetivo de darle predictibilidad a las empresas, para así evitar la afectación de perspectivas de inversión y de generación de empleo en el actual contexto. Y, finalmente, no debería responder solo a cuestiones políticas o promesas demagogas, pues afectaría enormemente la ya golpeada confianza empresarial.
Y ahí paramos de contar. No se observa una propuesta técnica para reducir la informalidad en el país.
Tal como se observa en el gráfico, existe un reto enorme para trabajar en políticas públicas que impulsen la formalización, su recuperación y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas (mypes) y así poder integrarlas con cadenas productivas y mejorar su productividad. Según cifras de la Enaho, en 2020, el número de mypes cayó un 48.8% respecto del año previo y la informalidad ascendió a un 90.1% en microempresas y un 40.9% en pequeñas empresas. Son 4.5 millones de peruanos los que trabajan en estas unidades de negocio.
Por otro lado, un aspecto importante para destacar es que contamos con un mercado laboral formal dual – donde existe una estrecha relación entre el mercado formal e informal de trabajo – como consecuencia de reformas parciales que se han orientado a mantener elevados o encarecer más los costos de despido de los contratos por tiempo indeterminado y, paralelamente, facilitar la contratación de trabajadores bajo regímenes temporales, con bajos o nulos costos de terminación. Tal es el caso del emblemático fallo STC-1124-2001-AA del Tribunal Constitucional en 2001, que reabre la reposición del trabajador como vía preferencial de reparación frente a un despido.
Las medidas propuestas por este Gobierno no han puesto énfasis en cómo solucionar el problema de la formalización en el país, cuyos efectos en el tejido laboral y social del país han sido más evidentes que nunca durante la pandemia. Por el contrario, varios de sus puntos van a dificultar la creación de empleo formal y obstaculizar la confianza empresarial, como la eliminación de la suspensión perfecta de labores y el alza del sueldo mínimo.
Finalmente, desde ComexPerú, hacemos un llamado al Gobierno para que se generen políticas públicas que solucionen los problemas estructurales del mercado laboral peruano. Estas deben estimular una mayor inversión privada que impulse la creación del empleo formal de calidad en adecuadas condiciones. Para ello, es indispensable generar confianza y predictibilidad, algo que la agenda propuesta no está haciendo.
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Fotografía referencial, Defensoría del Pueblo
