El anuncio del cierre unilateral de minas en Ayacucho por parte de la presidenta del Consejo de Ministros dinamita el Estado de derecho, la seguridad jurídica y atenta contra el derecho al trabajo. Es un golpe mortal para las inversiones. Como ya ha ocurrido, luego vino el intento de aclarar las cosas. El daño está hecho y la palabra del presidente, que días antes aseguraba el respeto a las inversiones, ha perdido credibilidad.
Lo evidente en estos casi cuatro meses de Gobierno es que el riesgo para las inversiones en el Perú es alto. No hay respeto al Estado de derecho y actúan fuera del marco de la ley. El populismo es lo que los guía. Firman acuerdos con comunidades sabiendo que es ilegal lo que les prometen. Atentan contra las inversiones y engañan al pueblo. Todos perdemos.
Hace unas semanas fue Camisea; luego, la violencia en las minas y las empresas agroexportadoras, frente a lo que el Gobierno se puso de costado, cuando debía resguardar el respeto a la propiedad privada y el libre tránsito; ahora, el cierre de minas. Mañana puede ser una fábrica, una pesquera, un aeropuerto o un medio de comunicación.
Se está minando la reactivación económica. Se están ahuyentando las inversiones y, con ello, la generación de puestos de trabajo formales. Nuevas inversiones, una minera, una fábrica o un puesto en una feria o un mercado, todo está parado ante los riesgos y la incertidumbre. El principal riesgo es la Asamblea Constituyente. Mientras esté en agenda, no se recuperará el dinamismo económico. A ello se suman la corrupción, el tráfico de influencias, la designación de funcionarios con cuestionamientos y una clara estrategia antiminera. Pura destrucción.
La actividad minera formal ha generado un círculo virtuoso de inversión, empleo, impuestos y canon, exportaciones y encadenamientos.
El Perú es el segundo productor mundial de cobre y plata. La producción minera metálica explica el 8.6% del PBI y la inversión minera es la que impulsa la inversión privada en el país. Es el principal sector exportador (57.7% del total en 2020). Son los empleos mineros los más competitivos a nivel nacional, con una alta productividad. Además, el sector minero es la principal fuente de generación de recursos para Gobiernos subnacionales. En el periodo 2011-2020, el canon, sobrecanon y regalías han financiado el 78%, 67% y 44% de la inversión pública de los Gobiernos subnacionales en Cusco, Áncash y Arequipa, respectivamente. Este dinero, sin embargo, no se invierte de manera eficiente en obras para la población.
Existe un marco regulatorio que debe ser respetado por el Estado y cumplido por todas las empresas mineras. Si una empresa no lo cumple, deben aplicarse las sanciones que estipula la ley. Lo que no puede hacer el Gobierno es saltarse el marco jurídico. Eso no se hace en una democracia.
Reactivar la economía tiene que ser una prioridad. Eso es lo más importante para las familias peruanas. Solo con respeto a la seguridad jurídica y el Estado de derecho podremos hacerlo.
