A pesar de la aplastante victoria electoral de Javier Milei, los parásitos del establishment argentino, es decir, los sindicatos, piqueteros y la casta política, están socavando su administración por todos los frentes. Los sindicatos y sus aliados se niegan a ganarse la vida honradamente, por lo que se han dedicado a protestar de manera violenta y bloqueando las principales vías del país. El 6 de febrero de 2024, los patrocinadores de estos grupos en el Congreso Nacional bloquearon un megaproyecto de ley, crucial para la recuperación económica de la Argentina.
Milei tiene la titánica tarea de transformar el obsoleto modelo político y económico que lleva décadas destruyendo el país. La transformación es difícil, ya que el modelo peronista tiene innumerables redes clientelares y cómplices institucionales que se oponen al cierre del grifo del dinero gratis. Milei llegó al poder con la promesa de frenar a la casta parasitaria, la cual lleva décadas viviendo del bolsillo de los contribuyentes y las empresas privadas.
Con tan solo dos meses en el cargo, la actual administración ya ha tenido que enfrentarse a múltiples protestas y bloqueos por parte de las organizaciones piqueteras y los sindicatos más poderosos del país. El 24 de enero, la Confederación General del Trabajo (CGT) protestó contra el decreto de desregulación y el megaproyecto de ley de Milei. Ambos contenían resoluciones que golpeaban el poder económico de sindicatos y piqueteros, estos últimos reaccionaron con vandalismo y violentos enfrentamientos contras las fuerzas del orden.
Con 38 de 257 y siete de 72 escaños en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, la coalición La Libertad Avanza de Milei se ha encontrado con una batalla cuesta arriba, ha tenido que enfrentarse en el Congreso a quienes buscan aferrarse a sus privilegios. La coalición que lidera el partido Propuesta Republicana del expresidente Mauricio Macri ha resultado insuficiente para aprobar la ambiciosa liberalización del presidente.
Los intereses creados antes que la libertad
Al obstruir las reformas liberalizadoras en el Congreso, es evidente que la casta política está decidida a boicotear el trabajo de Milei. Esperan que se profundice la crisis económica —incluso los enfrentamientos violentos— para así conservar su estatus privilegiado. Después de siete décadas de peronismo, el intervencionismo estatal ha destruido la capacidad de creación y acumulación de riqueza.
En diciembre de 2023, Milei envió al Congreso la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esto representó un cambio de paradigma histórico; el ejecutivo daba el primer paso para desregular la economía y desmantelar el Estado prebendario que durante años ha entorpecido el correcto funcionamiento de las instituciones.
El proyecto incluía la privatización de gran parte de las empresas estatales. Muchas de estas, como Aerolíneas Argentinas y Ferrocarriles Argentinos, tienen déficits estructurales. Las pérdidas de estas empresas estatales en 2023 representaron el 1% del PIB del país. Cuando Milei presentó el proyecto, popularmente conocido como Ley Ómnibus, tenía más de 600 artículos. Después de arduas negociaciones en el Congreso, sin siquiera la participación del kirchnerismo, se redujeron a 386 artículos. En el debate, los diputados “dialoguistas” continuaron vaciando el proyecto de Ley hasta dejar una carcasa vacía. La administración de Milei decidió retirarlo temporalmente.
El proyecto de Ley incluía la privatización de empresas estatales, la eliminación de trámites burocráticos en las aduanas, una exención fiscal para blanquear capitales por $100,000 y el fin a la promoción partidista del Gobierno financiada por los contribuyentes. Quizás lo más inquietante para los parásitos sindicalistas y piqueteros -cuyo modus operandi es la intimidación-, era la incorporación de sanciones más severas para cualquiera que bloquee las vías públicas y obstaculice el comercio y la libre circulación ciudadana.
La casta política que desmanteló la Ley Ómnibus es cómplice de la devastación en cámara lenta del país. Muchos de estos diputados provienen de las provincias -privilegiadas con fondos- donde el peronismo más rancio reina sin contrapesos. Aprobando una ley sin contenido, querían mantener -y seguir gozando- del despilfarro del statu quo parasitario, pero mostrándose ante el electorado como partícipes del supuesto gran cambio.
La Ley Ómnibus era, por necesidad, amplia, y un primer paso fundamental hacia la reactivación económica del país, la cual se encuentra en estado de coma. Cuando has estado viviendo por encima de tus posibilidades, acumulando déficits durante décadas, enfrentar la realidad con recortes no será fácil, sin embargo, la latente hiperinflación está a la vuelta de la esquina y urge hacerlo. Argentina necesita demostrar credibilidad internacional para atraer inversiones extranjeras, lo que podría amortiguar el duro ajuste fiscal. Pintar los camarotes del Titanic no engañará a nadie.
Mafias con estatus de oligarquía
La insestuosa relación entre los políticos argentinos y los sindicatos no es reciente, esta historia surge en la década de 1940. Después del golpe de estado de 1943, Juan Domingo Perón —quien se formó en el régimen fascista de Benito Mussolini en Italia— ocupó la Secretaría de Trabajo. Desde ahí se encargó de organizar y fortalecer a los sindicatos, proporcionando ayuda financiera a cambio de apoyo para su próxima carrera presidencial. Como presidente, Perón desarrolló el “justicialismo”, un modelo basado en la justicia social que ha llevado a la ruina a la Argentina, un país que hasta ese entonces era uno de los más prósperos del mundo.
Los líderes sindicales han tenido un enorme poder económico durante décadas. A pesar de no ser elegidos por los ciudadanos, unos 3.000 sindicatos viven de las cuotas obligatorias a los trabajadores de las diversas profesiones y sectores. Una economía proteccionista, disfuncional y congelada en el tiempo es el resultado previsible. Algunos líderes sindicales han estado en el poder durante más de 40 años, y operan como verdaderas mafias, extorsionando a los gobiernos que amenacen su gigantesco financiamiento.
En la década de 1970, los sindicatos se hicieron con el control y administración de las llamadas obras sociales, programas de salud para los trabajadores. Por ley, todos los trabajadores están obligados a contribuir a estas obras. Esto ha permitido que los sindicatos se enriquezcan y adentren aún más en el proceso político.
Por otra parte, los piqueteros son los grupos de choque del kirchnerismo -similares a los matones de Antifa que respaldan causas progresistas en los Estados Unidos- quienes ejercen presión sobre cualquier político que se atreva a amenazar el statu quo. Los contribuyentes financian a los piqueteros a través de los llamados planes sociales, que son transferencias de ayuda directa a estas organizaciones para su supuesta distribución entre los ciudadanos desamparados.
Quienes viven de los planes están a merced de los piqueteros, ya que estos pueden chantajearlos con bloquear las transferencias -financiadas por los contribuyentes- si no asisten a protestar contra el gobierno. El kirchnerismo, a través de los ejércitos de piqueteros, ha construido una extensa red clientelar a la que puede manipular a su antojo para que se manifieste contra la liberalización del mercado.
El poder de esta red es formidable y peligroso. Un informe de Infobae estima que más de 20 millones de ciudadanos dependen de alguna transferencia social administrada por sindicatos y/o piqueteros. Esto es alarmante ya que representa alrededor de la mitad de la población total de Argentina.
Está claro que los sindicatos no se preocupan por el bienestar de los trabajadores, y la idea de que son indispensables para los trabajadores se ha vuelto risible. Los sindicatos han permanecido inquebrantables junto a las administraciones, flagrantemente corruptas e ineptas económicamente, de Alberto Fernández (2019–2023) y Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015). Mientras la inflación y la pobreza aumentaban bajo los peronistas, los mafiosos sindicalistas miraban hacia otro lado.
En una entrevista del 28 de enero con el Wall Street Journal, Milei afirmó que no hay un plan B con respecto a las reformas de liberalización. Ante las amenazas que se ciernen sobre sus vidas, Milei y su equipo se están enfrentando al parasitario establishment, haciendo cumplir la ley y liberando la economía tanto como sea posible.
Argentina está sufriendo las consecuencias de décadas de irresponsables políticas basadas en la justicia social. El fallecido economista de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, tenía un sabio consejo con respecto a la cura a la inflación: “los malos efectos llegan primero y los buenos solo llegan después”. Los argentinos tendrán que aprender a sobrellevar el dolor inicial de la austeridad y posponer su gratificación por un futuro más prometedor.
¡Viva la libertad, carajo!
