Una vez que el chavismo y la facción opositora de la Plataforma Unitaria Democrática llegaron a un acuerdo inicial el 26 de noviembre de 2022, la administración de Joe Biden no dudó en tenderle la mano a la dictadura relajando las sanciones a su sector petrolero. Biden busca asegurar a como dé lugar el suministro de petróleo de los Estados Unidos, aunque esto pueda marcar el regreso de la dictadura a los mercados internacionales.
Desde el 26 de noviembre, el Gobierno estadounidense ha concedido licencias a corto plazo a Chevron para operar en Venezuela con fines específicos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han supeditado suavizar las sanciones gradualmente si el autócrata se compromete a dar pasos concretos para restaurar la democracia en el país con las mayores reservas petroleras del mundo.
En una rueda de prensa celebrada el 30 de noviembre, Maduro afirmó que el gesto del gobierno estadounidense era un paso “en la dirección correcta”, pero no suficiente. Al parecer, el narcodictador cree que tiene influencia para obtener más concesiones de la administración Biden a cambio de acceso a los recursos venezolanos.
Oxígeno para la dictadura
Las licencias otorgadas a Chevron por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro permiten a la petrolera estadounidense extraer crudo venezolano a través de sus empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela SA. (PdVSA) por un periodo de seis meses. Así mismo, permiten brindar mantenimiento a sus instalaciones y adquirir suministros en Estados Unidos.
Con la licencia, el petróleo extraído solo podrá ser vendido a Estados Unidos y los recursos de la transacción irían dirigidos a rebajar la deuda pendiente de la estatal venezolana con Chevron, mas no podrá lucrarse directamente con la venta del crudo. La licencia impide a Chevron pagar impuestos y regalías al régimen o dividendos a PdVSA.
Sin embargo, no es Chevron quien paga directamente las obligaciones fiscales, sino las empresas mixtas venezolanas que poseen la mayoría de las acciones empresariales.
La licencia no impide que el régimen venezolano se beneficie del acuerdo. El mismo dictador Nicolás Maduro aseguró en rueda de prensa que habrá un “ganar-ganar” para todas las partes.
Asimismo, Francisco Rodríguez, economista y profesor en la Universidad de Denver, afirma que el régimen sí recibirá recursos provenientes de la extracción de crudo pese a la restricción de la licencia, ya que Estados Unidos no tiene autoridad sobre las empresas venezolanas que están obligadas por ley a pagar impuestos por cada barril producido.
Este alivio de sanciones crea las condiciones para que, en una eventual supresión de las mismas, PdVSA vuelva a reestructurar su producción y llenar consigo las arcas estatales de la dictadura.
Actualmente, PDVSA produce unos 680.000 barriles diarios (bpd). En la década de 1990, antes de que el chavismo llegara al poder y cuando la empresa funcionaba a pleno rendimiento, la producción diaria llegó hasta los de 3,3 millones bpd. Hay una inmensa capacidad sin explotar, y Chevron estima una producción de 50.000 bpd durante los seis meses de licencias. Si se renuevan, la producción de petróleo de Chevron podría superar los 200.000 bpd en dos años.
Negociaciones hacia ninguna parte
En octubre de 2022, Washington ya se congració con la dictadura venezolana liberando a los dos sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro. Ambos cumplían penas de 18 años de prisión por narcotráfico tras ser condenados en un tribunal de Nueva York. A cambio, la dictadura canjeó a siete presos estadounidenses detenidos en Venezuela.
Paradójicamente, Estados Unidos sigue sin reconocer a Maduro —acusado de narcoterrorismo por el Departamento de Estado— como presidente legítimo de Venezuela. Incluso, el Departamento de Justicia mantiene firme la recompensa de hasta $15 millones por información que conduzca a su captura.
Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales del partido opositor Vente, argumentó ante el Impunity Observer que, al no existir una amenaza creíble que fuerce al régimen a ceder, las mesas de negociación en México solo funcionan como una simple fachada para legitimarlo.
Para Urruchurtu, la única manera para que exista un proceso de negociación verosímil es contando con un liderazgo opositor que goce con la confianza de la población y tenga capacidad de presión ante el régimen. Actualmente, la alianza opositora Plataforma Unitaria pasa por su peor momento tras haber acordado la culminación del malogrado Gobierno interino de Juan Guaidó.
Aunque los mensajes del régimen de Biden son contradictorios, se puede leer entre líneas. La conclusión es que no importa qué tan criminal sea un régimen, mientras tenga petróleo —como el venezolano— vale la pena sentarse a negociar con este.
No nos engañemos, el motivo es claro
Posterior a la guerra desatada por Rusia en Ucrania y la consecuente suspensión de Estados Unidos de importar petróleo y gas ruso, altos funcionarios del Gobierno estadounidense han realizado periódicas visitas al régimen de Nicolas Maduro en Caracas. Pese a que Washington asegura que los acercamientos corresponden a un esfuerzo por restituir la democracia en el país, la motivación real concierne a la reincorporación de Venezuela como proveedor barato de crudo.
Tras la liberación de emergencia de las reservas estratégicas de petróleo que Biden autorizó en marzo de 2022, estas cerraron el año en 372 millones de barriles, su punto más bajo en 38 años. El Departamento de Energía (DOE) había informado que, a partir de febrero de 2023 empezaría a reponer las reservas. Sin embargo, su presupuesto de $70 por barril no se ajusta a los precios actuales del petróleo, que rondan los $80.
Mientras han perjudicado la industria petrolera local —en un intento por complacer a los fanáticos de la agenda climática y donantes del partido— acuden a los brazos de sistemáticos violadores de derechos humanos por el suministro.
La llegada de Biden a la presidencia de los EE. UU. fue celebrado por lo alto en Caracas, hoy vemos que razones sobran. El régimen dictatorial de Maduro pasó de ser un apestado internacional bajo la administración de Donald Trump, a vivir un ambiente de sosegada legitimidad gracias a las incongruentes maniobras de la administración demócrata y sus pares europeos.
