Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, el contralor general, Nelson Shack, anunció que hacia fines del mes de mayo se culminará el informe de control previo realizado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sobre la discutida operación de endeudamiento interno a largo plazo, que comprende la Segunda Emisión de Bonos hasta por la suma de S/ 1550 millones y cuyos recursos serán destinados a financiar nueve proyectos de inversión públicas en la capital del Perú.
“Tenemos hasta fin de mes (mayo), según los plazos legalmente establecidos, para emitir el informe y estamos esperando que la MML nos responda algunos pedidos de información. Tenemos entendido que para el año 2025 se realizará el tercer tramo por S/ 1245 millones, con lo cual estamos hablando de un endeudamiento por emisión de bonos hasta de S/ 4000 millones”
Precisó que, en los informes de control previo, la opinión de la Contraloría se circunscribe a la legalidad de la operación, y no sobre si ello implica un sobreendeudamiento de la MML, ya que eso le compete definir al ente rector de las finanzas públicas, que es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“En esa perspectiva, lo que va a hacer la Contraloría es analizar el cumplimiento de la legalidad y desde lo establecido en el mismo Decreto de Urgencia N° 006-2024, que establece el marco legal aplicable vigente a esta transacción, el Municipio de Lima está autorizado legalmente a llevar adelante, siguiendo todos los protocolos y procedimientos establecidos, este mecanismo de emisión de deuda”, comentó.
Control a acciones de cobranza a empresas
El titular de la Contraloría también se pronunció sobre las acciones de control realizadas a las actividades de cobranza que deben realizar las entidades del Estado, particularmente la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a las empresas privadas que tienen deudas con el Estado y reveló que la Contraloría no tiene acceso a la información sobre cuánto suma esa deuda.
“Esto porque la Contraloría no tiene acceso a levantar la reserva tributaria de las recaudaciones que hace la Sunat. Esto no es un problema de ahora, sino que desde hace años atrás se informa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sobre la necesidad de resolver este problema, que conduce a que haya miles de millones de soles que han sido declarados, en el dictamen a la Auditoría a la Cuenta General de la República, como en situación de abstención”, subrayó.
Opinión de Contraloría sobre proyectos de ley
Adicionalmente, Shack Yalta sustentó la posición de la Contraloría sobre el Proyecto de Ley N° 4750/2022-CG que establece medidas para reforzar el ejercicio del control gubernamental.
Entre las propuestas incluidas figura establecer con precisión sobre quiénes, dentro del Sistema Nacional de Control, se encuentran facultados para acceder a la información, y también se establece a qué tipo de información se podrá acceder. También se propone establecer un mecanismo de elección ad hoc, tanto del Jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Congreso de la República como del Jefe del OCI de la Contraloría General.
La iniciativa también busca que el ejercicio del control gubernamental requiere que la Contraloría General, así como los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, puedan tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los documentos e información de las entidades, no solo cuando éstos sean secretos y también reservados o confidenciales, siempre que dicha documentación e información sea necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, el Contralor General se pronunció sobre los alcances del Proyecto de Ley N° 7310/2023-CG que plantea una Ley de Fortalecimiento de la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República en la Defensa Jurídica y Representación del Estado, el cual propone una modificatoria al Decreto Legislativo N° 1326 que reestructuró el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y creó la Procuraduría General del Estado.
Al respecto, indicó que esta iniciativa legislativa permitirá centralizar las competencias de defensa jurídica de la Procuraduría Pública de la Contraloría, evitando así la dispersión entre diversas procuradurías, garantizado así un enfoque coherente y consistente en la defensa de los intereses del Estado y reducir la duplicidad de esfuerzos.
Otras ventajas que traería la aprobación del proyecto de ley es que, con una estructura más centralizada, la Procuraduría Pública de la Contraloría podría llevar un seguimiento más detallado de los procesos judiciales iniciados por la implementación de las recomendaciones de los informes de control, y se reforzaría la lucha contra la corrupción al garantizar que las acciones legales derivadas de los informes de control se gestionen de manera más efectiva.
Con información de la Contraloría General
