Esta mañana, la Contraloría General desplegó simultáneamente a sus equipos de auditores para intervenir en las oficinas y sedes centrales del Proyecto Especial Legado (PEL) y del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El propósito de esta acción es recopilar información sobre las actividades desarrolladas por ambas entidades públicas en respuesta a denuncias públicas y alertas de riesgo en las inversiones como procesos misionales.
Siguiendo el enfoque adoptado durante las intervenciones de la semana pasada en los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Cusco, los equipos de control trabajarán de manera focalizada en cada entidad para evaluar y, de corresponder, revelar posibles irregularidades.
De esta manera, con estas intervenciones focalizadas, a través de la ejecución de la recopilación de información, así como servicios de control simultáneo y posterior que se deriven de estos, se busca contribuir, mediante la ejecución de los servicios de control, a la reducción del impacto de la corrupción e identificar presuntos hechos de inconducta funcional en las inversiones como procesos misionales a cargos de ambas entidades públicas.
En este despliegue participan auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para el caso del PEL y del OCI del OSCE quienes estarán bajo la supervisión y monitoreo de las gerencias especializadas de la Contraloría General.
Intervención al PEL
La intervención de la Contraloría al PEL comprenderá los procesos misionales como inversiones del PEL y se ejecutó en las oficinas de la citada entidad, ubicadas en el distrito de San Luis. La investigación comprenderá diversas actividades realizadas en el período comprendido entre el 20 de julio de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.
Entre las materias que se revisarán en el marco del control gubernamental figuran diversos proyectos de inversión con miras a los Juegos Bolivarianos 2024 que se desarrollarán en nuestro país, como las obras del comedor y la residencia de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
Además, forman parte de la intervención la inversión realizada para la adquisición de ocho tribunas móviles para la creación de los servicios deportivos de ciclismo, voleibol playa y skateboarding en el distrito de San Miguel, y para la infraestructura deportiva del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa de Punta Rocas, en el distrito de Punta Negra; así como se examinará la contratación de locadores y designación de personal.
Intervención al OSCE
En cuanto al OSCE, los auditores de la Contraloría General llevarán a cabo la recopilación y análisis de información y documentos relacionados con la operatividad del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE). Esto surge como consecuencia de la suspensión del suministro eléctrico y sus efectos en la continuidad de los procesos de selección en el Estado. Además, la investigación se centrará en la legitimidad de los sorteos para el desempate electrónico llevados a cabo en el contexto de las Adjudicaciones Simplificadas, las cuales han generado denuncias públicas.
Por otro lado, el equipo de auditores evaluará los procedimientos seguidos ante la Dirección del Registro Nacional de Proveedores (RNP), enfocados en la identificación de ampliación de categoría para consultores de obra y aumento de su capacidad máxima de contratación que habrían derivado en el otorgamiento de la buena pro a contratistas que no acreditaban la experiencia exigida para obras de alta complejidad e inversión pública.
Otras materias a investigar serán la operatividad de la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE y la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública”.
También se examinará la documentación vinculada al Concurso Público N° 01-2024-OSCE-1 para la “Contratación del servicio de limpieza, fumigación y mantenimiento de los locales del OSCE” y la Adjudicación Simplificada N° 001-2024-OSCE-1 para la “Contratación del servicio de alquiler de computadoras de escritorio”, entre otros procesos.
Con información de la Contraloría General
