La Contraloría General de la República se enfrenta a un escenario de perder el 56.7% de sus trabajadores en los últimos cinco meses, lo cual no permitirá garantizar la continuidad de la operatividad y funcionamiento en gastos relacionados a las auditorías y servicios de control específico en todo el territorio nacional, informó el contralor general César Aguilar Surichaqui.
En conferencia de prensa, el titular de la Contraloría señaló que esta crisis se presenta en un contexto de mayor necesidad de control gubernamental en pleno año preelectoral. “Ante esta preocupante situación, resulta claro que la independencia de nuestra entidad fiscalizadora superior para ejercer su mandato constitucional de manera plena, y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, se está viendo restringida por las severas limitaciones presupuestarias”, subrayó.
Aguilar recordó que, desde el inicio de su gestión en la Contraloría, a fines de julio de 2024 se realizó un análisis de la situación presupuestal y del estatus contractual del personal que labora en la CGR, lo que generó particular preocupación con respecto al déficit de recursos en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2025.
En ese momento, se advirtió expresamente que la reducción del presupuesto institucional en más de S/ 600 millones con respecto al Presupuesto Institucional Modificado del 2024 pone en riesgo las metas de los servicios de control gubernamental a consecuencia de la necesidad de reducciones drásticas de personal y limitaciones operativas.
“No habiendo sido escuchadas nuestras advertencias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y habiendo sido aprobada la ley de presupuesto del año 2025 con una contracción de más del 38%, en los recursos asignados a la CGR, reanudamos nuestros pedidos al Congreso de la República, a la Presidencia de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para recibir una demanda adicional de recursos que permitiera mantener los niveles de operatividad institucional”, refirió.
Como resultado de no recibirse estos recursos adicionales, al finalizar marzo de 2025, la CGR se vio forzada a no renovar los contratos de 2750 trabajadores vinculados bajo el régimen laboral a plazo determinado, con lo cual la CGR perdió el 31.65 % de su personal afectando su capacidad operativa para realizar labores de control.
En sí misma, la situación antes descrita constituiría una grave vulneración de la capacidad institucional para realizar su labor de control de los recursos públicos de una manera independiente. Sin embargo, aún con esta severa contracción en su capacidad operativa, los recursos presupuestales con los que dispone actualmente la CGR siguen siendo insuficientes para garantizar la continuidad de sus operaciones, que se aproxima a un punto crítico.
“Mi despacho continúa realizando denodadas gestiones ante el MEF para solicitar recursos adicionales, pero de no recibirse estos con el tiempo suficiente para realizar los procedimientos de ley para su ejecución, entonces el 31 de mayo del presente se deberá desvincular a 2175 trabajadores adicionales”, concluyó.
Además, el tema escaló internacionalmente:
La Presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) rechazó la afectación a la independencia de la Contraloría General de la República del Perú, como resultado de la reducción de su presupuesto institucional.
“Rechazamos cualquier acción que vulnere la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”, señaló el titular de la OLACEFS, Camilo Benítez Aldana, a través de una misiva dirigida al contralor general de Perú, César Aguilar Surichaqui.
Asimismo, reconoció la labor fiscalizadora de la entidad peruana, así como los aportes relevantes demostrados en pro del control gubernamental, la rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.
Al tomar conocimiento de la preocupación planteada por la Contraloría peruana, la OLACEFS propuso al Perú acudir al SIRAM (SAI Independence Rapid Advocacy Mechanism), instancia global cuya misión es evaluar y pronunciarse sobre posibles afectaciones a principios de independencia institucional.
Benítez Aldana, quien a la vez es contralor general de Paraguay, resaltó los principios fundamentales consagrados en el Artículo 7 “Independencia financiera de las Entidades Fiscalizadoras Superiores” de la INTOSAI (Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), la organización central para la fiscalización pública exterior.
De igual modo, recalcó el principio 8 “Autonomía financiera y gerencial/administrativa, al igual que la disponibilidad de recursos humanos, material y económicos apropiados” de la INTOSAI, instrumento internacional que consagra en valor de la independencia de las EFS.
