La vigilancia digital y la brutal represión penal contra jóvenes críticos con la situación del país, dominado por décadas por la dictadura comunista que inició Fidel Castro y que ahora su delfín Díaz Canel ejecuta contra un pueblo dominado con las armas y los más abominables crímenes de lesa humanidad, ha tomado nuevos giros, ya que en la isla del totalitarismo, conocida como la Isla de la Prisión perpetua, se han instalado bases de ciber espionaje a fin de hacer seguimiento de lo que opinan y comparten en sus comentarios en las redes sociales los ciudadanos, los jóvenes y aún más, los niños.
Veamos una parte del Informe de Prisioners Defenders:
Ankeily Guerra Fis, joven cubano de 23 años, fue detenido arbitrariamente en La Habana el 14 de enero de 2026 tras expresar opiniones políticas críticas en transmisiones en vivo a través de Facebook. Sus mensajes, difundidos pocos días después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, apelaban directamente al entonces presidente Donald Trump para que, prestando atención a la situación de Cuba, ayudara a poner fin a la dictadura. En uno de esos videos afirmó: “Digo lo que muchos quisieran decir y no dicen”, expresando abiertamente su esperanza de un cambio político en la Isla.
Su detención se produjo sin orden judicial y con un uso desproporcionado de la fuerza. Sólo por expresarse en términos impecables en redes sociales bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión, varios agentes de la Seguridad del Estado rodearon el edificio donde se encontraba, irrumpieron en su vivienda y lo sacaron violentamente, arrojándolo al suelo y propinándole golpes y patadas, hecho confirmado por diversas fuentes directas y de primera mano. Durante el operativo, los agentes destruyeron su teléfono móvil, principal medio desde el cual ejercía su libertad de expresión. Inicialmente fue trasladado a la estación policial de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre, y posteriormente recluido en la prisión de Villa Marista, sede del Departamento de Seguridad del Estado, donde permanecía hasta la redacción de esta información.
Tras su arresto, Ankeily permaneció varios días en paradero desconocido, lo que su familia denunció como una desaparición forzada. Cuando intentaron presentar un recurso de habeas corpus, el Tribunal Provincial de La Habana se negó a admitirlo, exigiendo requisitos no requeridos ni siquiera en la ley de Cuba, en abierta violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Actualmente se encuentra en prisión provisional decretada por la fiscalía y sin tutela judicial alguna, acusado del delito de “Propaganda contra el orden constitucional”, sin que por supuesto se haya celebrado juicio o vista judicial alguna.
El caso de Ankeily se enmarca claramente en los patrones de vigilancia y represión digital documentados de forma sistemática en nuestro Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, donde el monitoreo de redes sociales, la identificación de publicaciones críticas y la posterior represión física forman parte de una política estructural de control estatal. El Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba documenta, gracias a 200 declarantes de diversos sectores de la población, que el 88 % de las personas fueron citadas, interrogadas o detenidas, ellos o incluso sus familiares, tras reprocharles las autoridades de forma expresa sus publicaciones digitales y que, en casi la mitad de los 200 casos auditados, fueron intervenidas incluso comunicaciones privadas sin tutela judicial alguna.
La situación de Ankeily reviste especial gravedad debido a su estado de salud, pues tiene VIH, con un perfil depresivo y problemas de salud mental acompañados de convulsiones, lo que incrementa de manera significativa su vulnerabilidad pues necesita de medicación y vigilancia médica permanente. Aunque actualmente recibe la medicación sólo gracias a que su familia se la proporciona, existen fundados temores por su integridad física y por la continuidad de su tratamiento, como sucede en la mayoría de los presos políticos con dolencias físicas y de salud mental a los cuales les es negada la atención médica en las prisiones castristas como mecanismo de tortura.
Su detención es otro caso, adicional a los 200 declarantes del Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, sobre cómo esta práctica represiva y de control no se limita a consecuencias en el entorno virtual, sino que se traduce en persecución, confiscación de dispositivos, detenciones violentas, encarcelamiento arbitrario y negación de garantías procesales para las personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
Enrique Ramos Bosch, joven cubano de 29 años, fue detenido arbitrariamente en diciembre de 2025 en Santiago de Cuba, sin orden judicial ni garantías procesales, como represalia directa por publicar en redes sociales mensajes críticos con el dictador Miguel Díaz-Canel y denunciar los prolongados apagones eléctricos que afectan al país.
Según denuncias del periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada y de fuentes directas del caso, agentes de la Seguridad del Estado lo interceptaron pocas horas después de realizar dichas publicaciones y lo trasladaron al Centro de Operaciones Policiales de Versalles, donde habría quedado bajo custodia. Hasta la fecha de redacción de este comunicado, las autoridades no han informado oficialmente sobre los motivos de su detención ni sobre los cargos que se le imputan.
La información verificada disponible desvela que su privación de libertad está directamente vinculada al ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión en el entorno digital, un patrón ampliamente documentado en Cuba. Nuestro informe sobre vigilancia digital señala que, de los 200 declarantes, más del 60% han sido detenidos y/o interrogados tras su actividad en redes sociales, y que estas acciones suelen producirse pocas horas o días después de las publicaciones críticas, lo que demuestra un monitoreo constante y personalizado de la actividad digital.
Familiares y allegados de Enrique han denunciado la falta absoluta de información sobre su situación legal, su paradero exacto y sus condiciones de detención, lo que agrava la vulneración de sus derechos fundamentales y constituye una desaparición forzada. Este tipo de ocultación institucional coincide con los patrones documentados de represión preventiva, orientada a generar miedo, autocensura y desmovilización social.
Los casos de Enrique y Ankeily ilustran de forma clara cómo la vigilancia digital en Cuba opera como una herramienta represiva, permitiendo identificar voces críticas, documentar expresiones contra el régimen en redes sociales, confiscar o destruir dispositivos, y construir causas penales por delitos de carácter ideológico. Esta vigilancia se articula con represalias físicas, judiciales y familiares, conformando un modelo híbrido de control digital-presencial institucionalizado. La vigilancia digital es uno de los principales mecanismos de control social y de criminalización del ejercicio pacífico de derechos fundamentales de los que hace uso el régimen cubano.
Han sido incorporados a la lista de prisioneros políticos los jóvenes activistas de la UNPACU Roilán Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordan Méndez Martínez, como resultado de una operación represiva coordinada ejecutada entre el 29 y el 31 de enero en el municipio de Mella, provincia de Santiago de Cuba. La acción fue llevada a cabo fundamentalmente por fuerzas de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y la Seguridad del Estado.
El 29 de enero, alrededor de las 6:00 pm., las autoridades realizaron un registro en la vivienda de la familia de Dariel Calderín Rensoler, alegando la búsqueda de pintura, grafitis, teléfonos y otros materiales supuestamente vinculados a carteles antigubernamentales. El allanamiento se llevó a cabo sin presentar orden de arresto o judicial, no se ocupó ningún objeto incriminatorio y, aun así, se produjeron amenazas e intimidación contra la familia, incluyendo a la esposa de Dariel y a su hija, presente, de apenas un año. Durante este operativo, el padre de Dariel -una persona con discapacidad tras una operación de fémur- fue maltratado físicamente y arrastrado violentamente hacia una patrulla policial.
Ese mismo día, Dariel Calderín había sido citado en horas de la mañana a la PNR del municipio Mella y nunca regresó a su vivienda, quedando desde entonces detenido y en paradero desconocido, sin que las autoridades informaran oficialmente el lugar de reclusión ni ofrecieran canales de comunicación a la familia. Su familia denuncia una total falta de transparencia y recuerdan que Dariel ya había sido objeto de un registro similar el 17 de diciembre de 2025 por los mismos motivos. La preocupación se agrava debido a su delicado estado de salud, ya que padece pericarditis y había recibido atención médica reciente en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba.
Esa misma noche, alrededor de las 7:30 pm., las fuerzas represivas irrumpieron en otras viviendas familiares, entre ellas la de la madre de Roilán Álvarez Rensoler, rompiendo los candados del portal y entrando sin consentimiento, mientras la mujer se encontraba recién operada y bajo cuidados. Durante estos operativos, los agentes afirmaron que “no pararían hasta encontrar a Roilán”, a quien identificaron como uno de los principales líderes de la oposición en la zona, vinculándolo a supuestos “hechos contrarrevolucionarios” ocurridos en la provincia de Holguín.
Así, en el transcurso de esos días fueron detenidos Roilán Álvarez Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordan Méndez Martínez, y se denunció que las líneas telefónicas de los familiares fueron cortadas deliberadamente con el objetivo de impedir cualquier tipo de comunicación. Tras horas de angustia e incertidumbre, las autoridades finalmente admitieron que Roilán y los demás jóvenes habían sido trasladados a la provincia de Holguín, donde permanecen bajo custodia policial.
La familia fue informada de que Roilán Álvarez Rensoler inició una huelga de hambre desde el momento de su detención, manteniendo la misma postura que en arrestos anteriores, algunos de ellos extremadamente prolongados y con grave riesgo para su vida. Las autoridades únicamente han permitido visitas muy breves, mientras los familiares temen que, ante el plazo de 72 horas impuesto para “encontrar culpables”, estos jóvenes sean utilizados como chivos expiatorios, enfrentando un alto riesgo de torturas y confesiones forzadas.
