Tras meses de investigación, obstaculizada principalmente por el miedo de los afectados, hemos podido confirmar que 17 detenidos por las manifestaciones de marzo de 2024 en Granma se encuentran bajo autos fiscales sin tutela judicial alguna, y que afectan a su libertad desde entonces.
Los 17 prisioneros políticos participaron en protestas pacíficas que se produjeron en marzo de 2024 en la provincia de Granma, Cuba, cuyo detonante fueron la profundidad de la crisis económica, los apagones interminables de más de 15 horas y la escasez de alimentos y medicinas, cuyo único responsable es el régimen de Cuba, en un contexto de ausencia de todas las libertades fundamentales. Los 17 fueron detenidos en marzo de 2024 y, tras haber pasado más de un año en prisión, la mayoría de ellos, dieciséis conocieron sus peticiones fiscales el pasado 20 de junio. Todo ello, ejecutado sin tutela judicial alguna.
Entre estos 17 nuevos prisioneros políticos de Cuba se encuentran tres miembros de una misma familia. Son René Aguilera Aguilar, que lleva más de 1 año en prisión. De acuerdo con la petición fiscal, se solicita para el preso político una condena de 6 años de privación de libertad. Para su esposa,Odalys Zamora Rondón, se solicita una condena de 7 años de privación de libertad. El menor de la familia, Juan Carlos Verdó Zamora, detenido con 18 años, tras haber pasado más de 1 año en prisión aún no ha recibido la petición fiscal siquiera.
Fueron también detenidos en el contexto de las protestas pacíficas de Granma ocurridas el pasado 17 y 18 de marzo de 2024, Mario Luis Espinosa Cedeño y Osvaldo Núñez Villavicencio, para los que el régimen solicita una condena de 5 años de privación de libertad.
David Alexander Téllez Pérez fue detenido también en marzo de 2024 en el contexto de las protestas pacíficas de Granma, y la “Fiscalía” del régimen le pide una condena de 4 años de privación de libertad.
Daniellys Jorge Puig, Lázaro Armando Morales Romero, Jesús de Nazaret Alzuaga Almaguer, Frankie Carmona Arias, Reinaldo Lucas Leyva Romero, Antonio Zamora Blanco, Ángel Luis Céspedes Cruz, Pedro de Jesús Martínez Rivero y Jorge Alexis Milanés Cedeño fueron también detenidos en marzo de 2024 en el contexto de las protestas pacíficas de Granma, y la “Fiscalía” del régimen ha pedido para ellos una condena de 3 años de privación de libertad en prisión.
Duaniel de Jesús Carmona Verdecia, igualmente detenido en el contexto de las protestas pacíficas de Granma ocurridas el pasado 17 y 18 de marzo de 2024, tras pasar más de 1 año en prisión, conoció el pasado 20 de junio la petición fiscal en la que la “Fiscalía” le pide una condena de 2 años de prisión domiciliar y, por otro lado, paraRangel Miguel Domínguez Reyes la “Fiscalía” pide 3 años de prisión domiciliar.
Luis Ángel Cuza Alfonso, periodista y activista miembro del MONR y del Movimiento Democracia (MD) ha sido trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana, acusado falsamente de haber incurrido en los delitos de “tenencia ilegal de armas” y “otros actos contra la Seguridad del Estado“.
El preso político ya había sido condenado con anterioridad a 1 año y 6 meses de privación de libertad por un fabricado delito de “Desórdenes Públicos“, condena que extinguió el pasado 3 de mayo de 2025 en la prisión Combinado del Este. Fue detenido el 1 de diciembre de 2022 junto a dos compañeros mientras hacían cola para comprar pollo. La Seguridad del Estado, la policía y los funcionarios de la tienda los acusaron falsamente de alterar el orden, lo que llevó a su arresto y a la imposición una medida cautelar de fianza en efectivo de 20,000 CUP, todo ello sin tutela judicial. Posteriormente, la citación a juicio se presentó el 26 de octubre de 2023, y la vista oral tuvo lugar el 6 de noviembre de 2023 en el “Tribunal” Municipal Popular de Centro Habana, donde fue condenado tras un procedimiento sumario.
Durante su encarcelamiento, Luis Ángel enfrentó duras condiciones. Desde noviembre de 2023, fue confinado en una celda de castigo como medida represiva, y le negaron de manera injustificada el pase a un régimen de mínima severidad, entre otras violaciones. Su esposa, en multitud de ocasiones, expresó preocupación por su salud, señalando el hambre, alergias y dolencias no tratadas, y la falta de medicamentos mientras Luis Ángel esperaba el cambio de régimen penal al que tenía derecho. No obstante, no era la primera condena arbitraria que se le imponía. El 30 de abril de 2021 fue detenido durante una protesta pacífica en La Habana, donde la multitud coreaba “Patria y Vida”. Acusado de “Desórdenes Públicos” y “Resistencia”, la “Fiscalía” le impuso la prisión provisional sin tutela judicial en la mazmorra de Agüica, Matanzas durante 8 meses.
También ha entrado en la lista de Prisoners Defenders, el pasado mes de julio, el prisionero político Alfredo González, quien se encuentra bajo auto fiscal de medida cautelar de fianza bajo amenazas, también sin tutela judicial. Fue detenido el pasado julio de 2025 en su vivienda después de que varios funcionarios acudieran a la casa para que se dirigiera a la estación policial porque, le dijeron, el jefe de la prisión donde murió su hijo lo estaba acusando de amenazas. Detenido arbitrariamente, permaneció durante dos días en la estación policial de Playa, en Matanzas.
Le acusan de haber incurrido en un presunto delito de “Desacato” por llevar años exigiendo justicia tras el suicidio de su hijo Annier González, que, con 18 años, se quitó la vida con un arma de fuego en 2021 mientras cumplía el Servicio Militar en una prisión de Matanzas, conocida como Combinado del Sur. Antes de su liberación, la “Fiscalía” impuso a Alfredo una fianza de 5 mil pesos y la citada medida cautelar. El preso político había sido detenido anteriormente, el 4 de julio, cuando realizaba una caminata por Matanzas en homenaje a su hijo. Ese día fue seguido por la policía política hasta que un patrullero con un mayor del Ministerio del Interior lo detuvo y lo llevó a una estación para interrogarlo durante tres horas.
Igualmente, ha entrado en la lista de Cuba el prisionero político Yuniesky Lorences Domínguez. De acuerdo con la petición fiscal, se ha solicitado para el preso político una condena de 4 años de privación de libertad fabricándole un delito de “Desórdenes Públicos” tras haber dicho en voz alta el pasado 7 de noviembre “pongan la corriente, queremos corriente” a modo de coro junto a otros habitantes frente a la Sede del Gobierno en el municipio de Encrucijada, en Villa Clara.
Por otra parte, El preso político Miguel Alfonso Jiménez Martínez fue acusado de supuestamente lanzar piedras contra una tienda y se encontraba, desde mayo de 2025, en huelga de hambre mientras cumplía una medida cautelar de prisión provisional sin tutela judicial alguna. Debido al grave deterioro de su estado de salud y su condición crítica, las autoridades decidieron modificar la medida cautelar de prisión provisional por la de obligación contraída en acta (seguimiento, vigilancia y comparecencia periódica ante el instructor penal). Actualmente, se encuentra internado con pronóstico reservado en el Hospital Provincial Arnaldo Milián, en Santa Clara.
También ha entrado en la lista de prisioneros políticos en Cuba, clasificado en la categoría de “Otros prisioneros políticos” en Cuba debido a su historial y nuestra debida prudencia por ello, Ricardo Román Suárez Marrero. El preso político, de 60 años, fue detenido el 15 de diciembre de 2023 y condenado a 18 años de privación de libertad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión, confirmado por su sentencia. Cuando fue detenido llevaba más de 5 años siendo civil.
Tras 26 años de servicio en la contrainteligencia, ejerciendo como Teniente Coronel del Ministerio del Interior (MININT), con la labor de instructor, fue jubilado anticipadamente en 2018 por negarse a cumplir una orden que afectaría a una ciudadana que él sabía inocente. Ya como civil, pasados los años, la sentencia indica cómo comenzó a publicar análisis y opiniones críticas sobre la estructura represiva del Estado cubano, supuestamente a filtrar informaciones a un medio de prensa “contrarrevolucionario” y, utilizando un seudónimo en redes sociales y siempre según la sentencia, sería el supuesto autor de artículos que publicaría un medio de prensa libre cubano-español.
Los hechos parecen demostrar que, en 2018, despertó definitivamente a la realidad de Cuba y su régimen represivo y por ello dejó su estatus militar. Este tipo de casos, el de los conversos, se deben visibilizar y defender, puesto que es el camino que la oposición democrática pide realicen todos los que en la actualidad siguen en las filas de los represores, por lo que sería absolutamente irresponsable lapidarle y no transparentar y condenar las violaciones de derechos fundamentales contra él, cuando presuntamente, y según la sentencia, estaba -con su accionar durante 5 años- enmendando toda una vida profesional de errores y complicidad con la represión del régimen, causado por un entorno familiar ateo y ultra comunista desde su más tierna infancia.
La sentencia manifiesta claramente que las supuestas publicaciones del preso político y ex Teniente Coronel, centradas en denunciar irregularidades, abusos de poder y corrupción dentro del MININT, así como la crítica pública de figuras del alto mando político del país, fueron la base de una imputación penal que incluyó los delitos de “Espionaje”, “Revelación de secretos concernientes a la Seguridad del Estado” y “Desacato”.
Las autoridades lo arrestaron en diciembre de 2023 sin tutela judicial, y lo procesaron ante un “Tribunal” militar, cuando ya no era miembro de las fuerzas armadas ni del aparato estatal, en una clara violación de derechos. Durante el proceso, se le atribuyó la conservación de documentos clasificados y su presunto uso en los artículos publicados años después de haber sido licenciado, ya siendo civil. Pero esto último fue una excusa, puesto que ni en la sentencia se argumenta siquiera ni se detalla información que causara daño alguno a la seguridad nacional, ni que hubiese sido entregada a actores extranjeros. Tampoco se probó que sus textos divulgativos y opiniones contuvieran fragmentos concretos de documentos realmente sensibles.
Sin embargo, el “Tribunal” sí puso gran énfasis en la condena basada en valoraciones ideológicas, destacando su supuesta “deslealtad” y el impacto negativo de sus opiniones sobre la “imagen de la Revolución”.
La sentencia evidencia una instrumentalización del derecho penal con fines políticos para perseguir durante años a quien se negó a permanecer en el esquema represivo del régimen. Asimismo, el delito de “Desacato” fue utilizado para castigar opiniones sobre funcionarios públicos, en violación directa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión. El juicio militar, la falta de imparcialidad judicial, la ausencia de debido proceso desde el mismo momento de la detención, y el enfoque represivo del caso sobre derechos fundamentales revelan múltiples violaciones a los derechos humanos y procesales del preso político. Su condición de exoficial supuso un seguimiento durante años y, presuponen amigos cercanos al reo, finalmente el uso por parte de ésta de un contacto en la prensa independiente que podría haber filtrado las conversaciones de ambos a la Seguridad del Estado.
Al parecer, desde el mismo día que el preso político fue detenido, en diciembre de 2023, el citado periodista ni siquiera hizo ademán de hablar con la familia, interesarse por el caso, o publicar la situación, por lo que el caso ha tenido que salir a la luz por otras fuentes. Consultado el periodista citado en la sentencia por Prisoners Defenders, con el nombre, apellidos, historial y detalles del caso, en primera instancia negó conocer con Ricardo Román Suárez Marrero. Más tarde, tras conocer que nuestra información sobre el caso era absoluta (disponemos de todos los documentos procesales), tuvo que reconocer vínculos, hasta que súbitamente y en la misma conversación no sólo recobró la memoria sobre el caso, sino que, interrogándonos sobre qué familiar o amigo de Suárez Marrero era nuestra fuente, hasta nos referenció una muy reciente entrevista de un familiar de Suárez Marrero con el que precisamente Prisoners Defenders no tiene contacto alguno.
Fue una conversación ciertamente desconcertante para ser la persona que la sentencia esgrime como causa de la prisión de otra. El mero hecho de pensar que el origen de la detención, prisión y condena de un crítico cualificado de la dictadura sea un posible caso de infiltración de la Seguridad del Estado en la prensa independiente cubana, es una posibilidad perturbadora.
Breve nota sobre el sistema penal procesal en Cuba
Como ha publicado Naciones Unidas en una amplia alegación firmada por 6 Mandatos de derechos humanos en junio de 2024, y con total claridad y precisión, debemos advertir que en Cuba se denominan “Tribunales” a estos ya denostados cambalaches ejercidos por personas dependientes para su formación y nombramiento, incluso por Ley, del partido comunista, y con escaso o incluso nulo conocimiento de los estándares mínimos jurídicos de derecho internacional, el cual violan de manera sistemática en múltiples ejes. Baste para ello leer los más de mil autos judiciales en poder de Prisoners Defenders y las decenas de condenas de Naciones Unidas contra las sentencias de éstos.
Los llamados “Tribunales”, en realidad, no son sino meras salas de ratificación de fabricadas culpabilidades y condenas impuestas arbitrariamente y desde inicio por la Seguridad del Estado. En el Estado de Cuba los eufemismos del sistema penal son interminables y elegidos muy a propósito para poder proporcionar falsos argumentos a la izquierda extremista mundial, que durante 67 años ha pretendido que estos eufemismos del sistema “procesal” cubano no eran tales.
Por terminar de explicitar la cuestión someramente, aparte de los jueces, su dependencia y nombramiento dependiente del partido, que violan de forma palmaria y constante los estándares procesales y jurídicos internacionales, el llamado “Instructor penal” no es un juez instructor, como se entiende en cualquier estado de derecho, y ni siquiera ha estudiado o ejerce como juez, sino que, por Ley, es formalmente un policía, un mero agente de la Seguridad del Estado encargado de imponer medidas cautelares que el poder político le indique -a través de la Seguridad del Estado y/o el partido único- y que son por el mismo motivo ratificadas por la “Fiscalía”, que es el órgano de imposición de condenas fabricadas con plena capacidad ejecutiva, y sin tutela judicial, según dicta su propia “Ley del proceso penal”, también entrecomillada por el mismo motivo.
La “Fiscalía”, a su vez, es también dependiente enteramente del poder político del partido único. Para colmo de males, no existe la figura del abogado defensor independiente. Los “abogados defensores” dependen del Ministerio de Justicia, reciben órdenes de la Seguridad del Estado y, sin titubear, en muchos casos incluso acusan a sus defendidos de delitos que no han cometido, y en otros les niegan documentos procesales y múltiples derechos a sus defendidos.
Es decir, el sistema penal y procesal cubano es un teatro represivo repleto de eufemismos que la familia Castro ha elaborado para ahorrarse el sonrojo de firmar, ellos mismos, todas y cada una de las arbitrarias sentencias políticas, y no políticas, desde 1959 hasta la fecha, para que así lo hagan para ellos toda una horda de personajes a su servicio, unas veces malvados y otras muchas, además, tontos útiles: policías, instructores, fiscales, jueces y abogados. Todo un despropósito procesal que tiene que ser asumido por quienes realmente quieran conocer lo que sucede en el sistema penal cubano.
Ya son 5 los prisioneros políticos revocados y devueltos a prisión en Cuba
Son ya 5 los prisioneros políticos que, tras ser excarcelados mediante acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba entre enero y marzo de este año y por negarse a cumplir alguna de las draconianas condiciones del “régimen carcelario-domiciliar”, han sido revocados a prisión.
El último ha sido el joven Marlon Brando Díaz Oliva, detenido con 20 años y condenado a 18 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (el “11J”). Marlon Brando ha sido retornado a prisión tras la revocación de su medida de reclusión domiciliaria.
Anteriormente fue revocado José Daniel Ferrer García, activista y líder humanitario, fundador y Coordinador General de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y defendido públicamente como víctima de prisión de conciencia tanto por las Naciones Unidas, como por ONGs como Human Rights Watch, Prisoners Defenders o Amnistía Internacional. José Daniel fue excarcelado el 16 de enero de 2025 mediante acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba bajo el ya descrito “régimen carcelario-domiciliar”. El mismo día que fue excarcelado retomó la labor humanitaria que viene desarrollando por décadas con los vecinos de las provincias orientales del país, especialmente en Santiago de Cuba. En tan sólo tres meses, Ferrer distribuyó 30.503 servicios de ayuda humanitaria (entre desayunos, comidas, cenas y atención médica) llegando a alcanzar a más de 1.300 beneficiarios únicos distintos al día, todos ellos personas en situaciones de exclusión social y penurias económicas y de salud.
Jaime Alcide Firdó Rodríguez fue excarcelado el 18 de enero de 2025 mediante el ya descrito “régimen carcelario-domiciliar” debido al acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba, pero el 1 de abril le fue revocada dicha medida, quedando nuevamente bajo régimen de privación de libertad. Jaime Alcide es un joven afrodescendiente sin historial político, que fue detenido con 21 años sólo por participar en 2021 en las manifestaciones en La Güinera, La Habana.
Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y considerado internacionalmente como preso de conciencia en Cuba tanto por Prisoners Defenders como por Amnistía Internacional, fue excarcelado el 17 de enero de 2025 mediante acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba, bajo el ya descrito “régimen carcelario-domiciliar”. Sin embargo, fue detenido de nuevo y revocado a prisión el 29 de abril, tras meses de hostigamiento y vigilancia represiva.
Y Donaida Pérez Paseiro, miembro de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba y esposa del líder yoruba y preso de conciencia Loreto Hernández, fue excarcelada el 15 de enero tras acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba, mediante el ya descrito “régimen carcelario-domiciliar”. El pasado 11 de junio el “Tribunal” Provincial de Villa Clara revocó la libertad condicional de la presa política y la activista yoruba volvió a prisión. Según la escueta nota del “Tribunal”, el Juez presentó un escrito de solicitud de la revocación de la libertad condicional a la presa política por haber supuestamente incumplido “las obligaciones esencialmente en el ámbito laboral y por no acudir a la citación del Juez de Ejecución“, pero su revocación fue por la campaña de defensa de la vida y la libertad de su esposo Loreto Hernández García. La presa política ha sido trasladada a la prisión Guamajal, sita en Villa Clara.
45 de las 124 mujeres prisioneras políticas en inmundas prisiones
45 mujeres inocentes, muchas madres de menores, otras al cuidado de familiares dependientes, tanto blancas como afrodescendientes (éstas con una alta sobrerrepresentación entre las condenas políticas), con rangos de edad entre los 20 los 60 años, aún hoy cumplen su condena en Cuba en situación intracarcelaria en inmundas prisiones, mientras las otras 79 lo hacen en “régimen carcelario-domiciliar”. Las 45 son mujeres torturadas, humilladas, sin atención médica, sin las mínimas condiciones higiénicas, en una isla donde el intenso calor del verano y las precarias condiciones carcelarias hacen imposible enfrentar estas inhumanas condiciones.
Son mujeres que sufren doble condena al saber que sus hijos, parejas y padres son víctimas de la violencia estatal del gobierno cubano que, al tiempo que limita las comunicaciones y las visitas a prisión, los acosa, detiene, interroga, reprime y agrede mientras amenaza a las madres con retirarles no sólo la custodia, sino hasta la patria potestad de sus hijos, gracias al innombrable nuevo código de familia, otra herramienta represiva más en la gran cárcel que es desde hace décadas la isla de Cuba, regida por la banda criminal familiar de los Castro.
Madres de prisioneros políticos encarceladas en Cuba
Algunas aseguraron que sus hijos ni siquiera participaron en las protestas, otras expresaron que marcharon pacíficamente pidiendo libertad. Ninguna puede creer que hayan sido condenados con mayor severidad que criminales y violadores.
Vigiladas, amenazadas, hostigadas, arrestadas para ser sometidas a interrogatorios e incluso encarceladas, las madres de los prisioneros políticos se han convertido en un objetivo para la Seguridad del Estado de Cuba.
Idolidia Carrasco Lobo, de 57 años, fue detenida en octubre de 2022 y condenada a 4 años de Privación de Libertad subsidiada por Trabajo Forzoso con Internamiento por los delitos de “Desórdenes públicos” y “Desacato”, pena que cumple en la Prisión de mujeres de Occidente, El Guatao, La Habana. La presa política es madre del joven preso político del 11J Yasiel Martínez Carrasco, quien fue excarcelado el 20 de enero de 2025 mediante acuerdo entre la Iglesia Católica y el régimen de Cuba, y se encuentra en “régimen carcelario-domiciliar”. Idolidia fue detenida en el marco de las manifestaciones pacíficas del 10 de octubre de 2022, en contra del Gobierno y los constantes apagones que se llevaron a cabo en la calle 112, entre la avenida 71 y avenida 77 del municipio de Güines en la provincia de Mayabeque. En medio de la manifestación, los agentes le dieron golpes y la arrastraron por los pelos de una esquina de la cuadra hasta la otra. Tras 72 horas de detención le decretaron una medida cautelar de fianza de 10 mil pesos bajo amenazas por parte de la “Fiscalía” sin tutela judicial alguna. Según la Petición fiscal, presentada por el Fiscal Jorge Pérez Candelaria el 24 de abril de 2023, la presa política es imputada por un delito de “Desórdenes Públicos” y dos delitos de “Desacato”, del Código Penal de Cuba, solicitando una sanción conjunta y única de 4 años de privación de libertad. En prisión es víctima de continuos actos de abuso de poder, golpes y maltratos. “La agarraron del cabello, la dejaron sin zapatos y casi sin ropa. Además, la lanzaron a un camión como si fuese un objeto”, afirmó un familiar cercano a Prisoners Defenders.
Misleidys Rodríguez Mas, de 37 años, activista del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), fue encarcelada por la “Fiscalía”, sin tutela judicial desde octubre de 2024, en la Prisión de Mujeres de Occidente, El Guatao, La Habana, y el pasado 5 de junio recibió una petición fiscal de 10 años de privación de libertad por el Delito de “Propaganda Enemiga”. Tras haber conocido la petición del fiscal, Misleidys intentó quitarse la vida mediante la ingesta de pastillas. Es madre del preso político Kendry Lastra Rodríguez, quien fue detenido salvajemente el 11 de noviembre de 2022 por participar en una protesta el 27 de septiembre de ese mismo año en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando tenía tan solo 18 años, y es esposa de José David Hernández Ferrer, de 34 años, también activista delMovimiento Opositores por una Nueva República (MONR),detenido en octubre de 2024 yencarcelado sin tutela judicial. Tras 9 meses en prisión provisional sin tutela judicial, también José David ha recibido, el pasado 5 de junio,unapetición fiscal de 10 años de privación de libertad por el supuesto delito de “propaganda enemiga”. Desde julio de 2021, Misleidys ha sido víctima de un patrón constante de hostigamiento, iniciado cuando comenzó a apoyar públicamente a las madres de los niños detenidos por su participación en las protestas del 11 de julio.
Aliucha Herrera fue detenida en noviembre de 2024 cuando se trasladó a la unidad policial de Encrucijada, junto a otros 20 familiares, para saber acerca de su hijo, el preso político Rafael Camacho Herrera, uno de los cinco jóvenes que habían sido arrestados por participar en las pacíficas protestas contra los cortes de electricidad acaecidas la tarde anterior. Alrededor de las 7 de la tarde del día 7 de noviembre, los residentes de Encrucijada salieron a protestar tras más de 48 horas seguidas sin electricidad, las autoridades cortaron el acceso a internet para que no transmitieran en vivo, y, además, provocaron a los manifestantes mediante empujones, y arrebatándoles los teléfonos para que no pudieran grabar. Además, una fuente local confirmó que las autoridades locales estaban apuntando a los manifestantes con una linterna, diciéndoles “yo te conozco“, con el objetivo de intimidarlos. Las autoridades le acusan de “Desórdenes públicos“, y se les acusa de haber escrito “Patria y Vida” en la fachada de una casa durante la protesta.
Dayamí Villavicencio Hernández, activista del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue detenida en septiembre de 2022. El pasado 30 de junio fue condenada a 4 años de prisión por un supuesto delito de “Atentado” tras su juicio en Santa Clara. Dayamí fue arrestada junto su hijo menor de 12 años Cristian Hernández Villavicencio y su hermana Yaima Villavicencio Hernández durante unas protestas por los apagones en Santa Clara, Villa Clara. El menor permaneció durante 25 horas en un Centro de Investigaciones del MININT, donde fue coaccionado por oficiales de la Dirección de “Reeducación de Menores”.
Cumpliendo condena desde 2018
15 mujeres de las 45 presas políticas encarceladas hoy en Cuba aún cumplen condena en prisión por participar en las manifestaciones del 11J de 2021; 28 mujeres fueron detenidas entre 2023 y 2025 y 2 mujeres continúan encarceladas desde 2018 y 2020 respectivamente:
Aymara Nieto Muñoz, 49 años, miembro de las Damas de Blanco, organización ganadora del Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Es madre de tres hijos, dos de ellos menores, y esposa del activista y expreso político Ismael Boris Reñí. Ya debía estar en libertad condicional tras los 3 años y 10 meses cumpliendo la última sanción a la que fue condenada. El 12 de julio de 2016 fue llevada a prisión por un año por participar en la protesta ante el Papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana en 2015. Fue liberada el 11 de julio de 2017. Continuó con su activismo y el 6 de mayo de 2018 al salir de su vivienda fue detenida junto a otras dos Damas de Blanco y fue trasladada a prisión acusada de un delito fabricado de “Atentado”. Extingue una sanción de 4 años, acusada por la Seguridad del Estado de los delitos de Atentado, Desórdenes Públicos y Daños. Su caso ha sido dictaminado por Naciones Unidas como detención arbitraria. Lejos de liberarla, estando en prisión le impusieron una segunda pena política fabricada en el penal, de 5 años y 4 meses más de privación de libertad. El pasado mes de mayo fue trasladada a la Prisión de Trabajos Forzosos Bella Delicia en La Habana, y el Gobierno cubano ha condicionado su libertad al exilio, indicándole que únicamente será liberada si con ello acepta marcharse de Cuba. Aymara Nieto ha pasado un total de ocho años en la cárcel debido a razones relacionadas con su activismo por los derechos humanos.
Yaquelín García Jaén, 42 años, activista miembro de los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba (CDM) y del Consejo de Relatores, detenida el 4 de septiembre de 2020 y sancionada a 5 años que cumple en la Prisión de mujeres El Talaje, en Bayamo, fue detenida por negarse a aceptar su sanción de 4 años de limitación de libertad como consecuencia de la acusación por un falso delito de “Hurto”. La seguridad del Estado le fabricó este delito por su trayectoria como destacada líder defensora de los derechos humanos en Bayamo. Tras haber solicitado por segunda vez la libertad condicional, ésta le fue nuevamente negada por el Consejo disciplinario de la prisión el Talaje de Bayamo después de que le dijeran que sería revisada, hecho que no es sino una muestra más del acoso y venganza política contra su persona. En febrero del 2024, finalmente, le fue otorgada la libertad condicional faltando 5 meses y 14 días para el cumplimiento total de la sanción impuesta. Su sanción se cumplía el 20 de agosto, y ante ello se personó en el “Tribunal” municipal y le preguntó al ayudante del juez de ejecución por qué no le daban un documento que certificara su libertad, a lo que este respondió que ya no daban documentos y, más aún, que debía estar localizable, pues a pesar de haber extinguido la sanción debía presentarse al Jefe de Sector de la policía hasta 6 meses después de su liberación. Fue detenida de nuevo el 8 de noviembre pasado y se le acusa de un delito de “Instigación a delinquir“. Su esposo afirma que los agentes de la Seguridad del Estado la acusaron en principio de vender ilegalmente alimentos, allanaron su vivienda y la registraron. Le requisaron numerosos objetos de valor, pero ninguno indiciario de causa penal alguna. Aunque a los tres días le cambiaron el delito que le habían fabricado, no le han devuelto los objetos decomisados, que como es habitual en Cuba se los quedaron los agentes de la Seguridad del Estado.
Mujeres presas políticas condenadas a entre 12 y 15 años de prisión
15 años de prisión por grabar violencia policial contra menores en una protesta
Mayelín Rodríguez Prado, 24 años,conocida en redes sociales como “La Chamaca”, fue detenida en su casa en agosto de 2022 por publicar unas imágenes en las que dos niñas pequeñas eran agredidas físicamente por agentes policiales mientras intentaban evitar el arresto de su padre durante las protestas en Nuevitas, Camagüey. Fue acusada de “Corrupción de menores”, “Instigación a delinquir”, “Atentado”, “Sabotaje” y “Difamación”. El 22 de septiembre la “Fiscalía” presento la petición fiscal, donde solicitaba 15 años de privación de libertad, pena a la que fue condenada por los delitos de “Propaganda enemiga de carácter continuado” y “Sedición”, codena que cumple en la Prisión Kilo 5 de Camagüey.
En 2024 Mayelín atentó contra su propia vida dentro del centro penitenciario, como consecuencia de los malos tratos que recibe en el penal. Está siendo agredida por presas comunes dirigidas por la Seguridad del Estado, en varias ocasiones ha sido trasladada a una celda de castigo como método de represión y además, colocaron en su misma galería a una presa común que había amenazado con anterioridad a la presa política cubana con matarla. Los agentes de la seguridad del penal en el que la presa política se encuentra extinguiendo sanción han negado pasarla a un régimen de menor severidad, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos para poder acceder a este beneficio penitenciario. De nuevo, el pasado 28 de marzo la presa política recibió una golpiza a manos de otras reclusas del penal y éstas la metieron a rastras en su celda.
14 años de prisión por participar en las manifestaciones del 11J
Lizandra Góngora Espinosa, 39 años, activista del Partido Republicano de Cuba, madre de 5 hijos, 4 de ellos menores, fue detenida por participar en las manifestaciones del 11J de 2021 y condenada a 14 años de privación de libertad por los fabricados delitos de “Atentado”, “Sabotaje” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos Los Colonos, en la Isla de la Juventud, siendo trasladada en marzo de 2023 desde La Habana, donde residía con sus 5 hijos menores, precisamente para alejarla de éstos como mecanismo de tortura. Dicha prisión está separada de La Habana por 90 km de mar más 57 km de tierra. Le ha sido negado el traslado a la prisión Mujeres de Occidente, en La Habana, debido a “la falta de capacidad” en dicha prisión. La presa política ha denunciado de manera pública que los agentes de la Seguridad del Estado están usando a una presa común para hostigarla y acosarla. La presa común, además, ha intentado difamarla acusándola de ser informante de la Seguridad del Estado, para desacreditarla ante otras reclusas. Sin medicamentos ni atención médica, sigue a la espera de que la operen de su fibroma uterino, pero las autoridades dicen que no hay personal médico capacitado en la Isla de la Juventud para realizar la operación.
12 años de prisión por participar en protesta 11J
Leidiana Prohía Guevara, 36 años, madre de dos hijos, trabajadora en la lavandería de un hotel, fue detenida por participar en las manifestaciones del 11J de 2021 y aún siendo civil fuesometida a un juicio militar donde no existió la más mínima garantía de defensa efectiva o debido proceso, y donde fue condenada a 12 años de prisión por los supuestos delitos de “Desórdenes públicos” y “Sabotaje”, sanción que cumple en la Prisión de Mujeres La Bellotex, Matanzas. Antes del juicio, sufrió medida cautelar de privación de libertad firmada por el fiscal e iniciada por el policía instructor, sin que juez alguno supiera de su caso hasta el día de la vista oral, meses después de la imposición de medida.
Fabricación de delitos contra las presas políticas
Entre los delitos más habituales que el gobierno cubano “fabrica” para encarcelar a estas mujeres por ejercitar su derecho a la libertad de expresión y participar en protestas pacíficas son el “Atentado”, el “Desacato” y los “Desórdenes públicos”, pero en un intento por reprimir y acallar el descontento creciente en la isla mostrado en redes sociales, son varias las mujeres condenadas por el delito de “Propaganda Enemiga” y/o el de ‘Ultraje a los símbolos de la patria’.
Cuatro presas políticas han sido condenadas por ‘Propaganda Enemiga’:
- Yennys Artola Del Sol,40 años, madre de un menor, ha sido sentenciada a 8 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones de Nuevitas, Camagüey, el 8 de agosto de 2022.
- Misleidys Rodríguez Mas,37 años, fue detenida en octubre de 2024, ha recibido la petición fiscal sin tutela judicial de 10 años de privación de libertad por ayudar a las familias de los prisioneros políticos del 11J en Cuba.
- Mayelín Rodríguez Pradofue detenida con 21 años y condenada a 15 años de Privación de Libertad por publicar vídeos en sus redes que prueban la violencia policial contra menores en una protesta en Nuevitas, Camagüey.
Sulmira Martínez Pérez, 23 años, estudiante de informática e influencer conocida como “Salem Cuba”, fue detenida el 10 de enero del 2023 por incitar a los cubanos “a salir a la calle” desde sus redes sociales y procesada por “Desacato” y “Delitos contra el orden constitucional”, con una petición fiscal de 10 años de privación de libertad. Fue juzgada el 26 de noviembre de 2024 en el “Tribunal” Municipal de Diez de Octubre, en La Habana, bajo un fuerte operativo policial, donde el fiscal reafirmó en la acusación. Aún no ha recibido la sentencia.
Aniette González García, 46 años, fue detenida el 23 de marzo de 2023 y condenada a 3 años por “Ultraje a los símbolos de la patria”, al postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana.
Sin discriminación por edad: desde los 20 a los 60 años
Detenidas con 20 años
Elsa Elisa Solís Barrera fuedetenida con 20 años el 8 de marzo de 2024, en el marco de las manifestaciones del poblado de San Andrés, ubicado a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín. Fue trasladada a la sede de la Seguridad del Estado en Pedernales, donde fue interrogada sin presencia de un abogado y recluida en la Prisión Provincial de Holguín. Se encuentra bajo régimen de Prisión Provisional, sin tutela judicial, esperando ser acusada formalmente por los presuntos delitos de “Desacato y Desórdenes Públicos”. Por otra parte, Mayelín Rodríguez Prado ySulmira Martínez Pérez, fueron ambas detenidas cuando solo tenían 21 años.
Mujeres encarceladas con más de 60 años
Raquel Márquez Vázquez, de 61 años, auxiliar de limpieza, fue detenida en las manifestaciones del 11J de 2021 y condenada a 4 años de privación de libertad que cumple en la Prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas.
Olga Lidia Sardiñas Martínez, de 61 años, fue detenida el 10 de octubre de 2022 y condenada a 4 años por su participación en las manifestaciones pacíficas en contra del Gobierno cubano, y por los constantes apagones, que se llevaron a cabo en la calle 112, entre la avenida 71 y avenida 77 del municipio de Güines en la provincia de Mayabeque.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de julio
Con cierre de datos a fecha 31 de julio de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.176 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” de Cuba sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de agosto de 2024 a 31 de julio de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 141 prisioneros políticos nuevos (un promedio de 12 prisioneros políticos nuevos cada mes en Cuba). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses en Cuba estuvieron presentes en la lista un total de 1.258 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.869 prisioneros políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de julio pasado, en apenas 4 años y un mes, donde 1,722 han entrado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de julio en nuestra lista 25 nuevos prisioneros políticos en Cuba. Y 7 prisioneros políticos han salido de nuestra lista de Cuba este mes pasado: 6 por cumplimiento íntegro de sanción y una baja por fallecimiento, la del preso político Yan Carlos González, como consecuencia de una prolongada huelga de hambre como forma de protesta por su injusto encarcelamiento y desproporcionada condena, que acabó en tragedia por la maldad de los represores en prisión.
De los 1.176 prisioneros políticos en Cuba:
- 33 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 31 chicos y 2 chicas. 30 de ellos aún cumplen sentencia y 3 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.
- 15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.
- De nuestra lista actual, 221 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.
- 124 mujeresque aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.
- Entre los prisioneros políticos entre rejas en Cuba hemos censado 474 prisioneros políticos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 40 prisioneros políticos entre rejas en Cuba con trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
691 Convictos de Conciencia, 449 condenados de conciencia y 36 otros
Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de:
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.
- La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa.
En otro grupo más complejo de catalogar, Otros prisioneros Políticos en Cuba, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos.
Por ello, los 1.176 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros prisioneros Políticos en Cuba, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos.
La clasificación actual en Cuba de éstos es la siguiente:
- 36 casos de Otros PrisionerosPolíticos
- 691 Convictos de Conciencia
- 449 Condenados de Conciencia
