Resulta muy preocupante la barbaridad que se viene gestando en el Congreso de la República —una de las tantas en verdad—, a través de la Comisión de Reforma de Pensiones que preside la señora Carmen Omonte. Y resulta más preocupante aún que la ciudadanía no le esté dando la debida importancia a este importante asunto.
Más grave aún es el tema cuando el IPE (Instituto Peruano de Economía), presidido por el destacado economista Diego Macera, precisa que la experiencia en temas previsionales no es algo que abunde entre los miembros titulares de este grupo de trabajo del Congreso. Siendo, además de ello, que solo uno de los miembros titulares de la Comisión Multipartidaria Especial para la Reforma del Sistema de Pensiones tiene estudios en ciencias económicas.
¿Más demagogia? ¿Más populismo? ¿Hasta dónde queremos caer como país? ¿Al nivel de Venezuela o Argentina? ¿Queremos copiar a Chile? ¿Cuánto más pobres queremos ser?
Quisiera creer que la señora Carmen Omonte, a quien respeto y aprecio, tiene el mejor equipo de asesores, aunque lo dudo, y que está buscando lo mejor en pro de nuestro sistema previsional, imperfecto por cierto. Quisiera creer también que en ella no predominan las ambiciones políticas, lo cual es su legítimo derecho. No olvidemos que ahora pertenece al partido Alianza para el Progreso, del siempre cuestionado César Acuña. Lo cierto es que en la eventualidad de que el señor Acuña sea elegido presidente y luego sea vacado por cualquiera de sus múltiples chicharrones, Carmen Omonte asumiría la presidencia. Que me disculpen, pero como decía el difunto ex-presidente García, en política no hay ingenuos.
Vamos por partes y cucharadas.
- El Sistema Privado de Pensiones (SPP) se crea en junio de 1993, para reemplazar al quebrado IPSS, que pagaba pensiones de jubilación miserables cada tres meses a sus jubilados. El IPSS era un monopolio público semejante al que propone crear ahora la Comisión de Reforma de Pensiones.
- La propuesta de reforma de pensiones ha creado la Oficina de Pensiones Públicas (OPP) que administrará conjuntamente la ONP y Pensión 65, ambas instituciones con problemas de dinero, pues la ONP está quebrada y Pensión 65 sin financiación asegurada.
- El siguiente paso es trasladar la administración de las cuentas individuales de los jubilados y las de los afiliados a las AFP. La propuesta indica que las cuentas individuales serán administradas en dos componentes:
- Una parte en una cuenta de Riesgo Compartido, con “mecanismo redistributivo”.
- Otra parte en una cuenta de riesgo individual.
Lo cierto es que la propuesta que está trabajando la comisión que preside la señora Carmen Omonte presenta varios problemas para los jubilados y afiliados a las AFP, entre ellos:
- No se está respetando la libertad de contratación de los afiliados a las AFP, que firmaron un contrato de afiliación con su AFP y hoy se propone trasladarlos a todos de manera obligada a la OPP.
- Los Fondos ya no serán administrados ni invertidos por una AFP, si no por la OPP. Los negativos resultados de una entidad pública que administre pensiones son larga y ampliamente conocidos. Podemos estar seguros que los jubilados estarán nuevamente en la miseria en poco tiempo, como fue el año 1993 con el IPSS.
- El “mecanismo redistributivo” implica que se repartirá una parte del Fondo del afiliado a otros afiliados, que tengan menor ingreso, a criterio del Congreso de turno. Sin el menor respeto a la propiedad de los aportes de los trabajadores, logrados luego de 27 años de trabajo, desde el inicio de las AFP.
Cabría preguntarle entonces a la señora Carmen Omonte y su grupo de “expertos” en la materia lo siguiente:
- Acerca del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia: Las pensiones de invalidez y sobrevivencia son pagadas por las compañías de seguros por un convenio. Actualmente los afiliados pagan un seguro de invalidez y sobrevivencia ¿Seguirán pagando esta prima los afiliados a las compañías de seguros? Porque si no pagan las aseguradoras ya no tendrán que pagar.
- Acerca de la cobranza mensual de los aportes: La cobranza de los aportes la realizan actualmente las AFP de manera eficiente. ¿Hará esta cobranza el Estado? No será que se propondrá que la SUNAT la realice, porque es un pésimo cobrador de aportes, en Essalud recibe como retribución anual más de cien millones de soles y las cuentas por cobrar atrasadas son de muchos años.
- Acerca de la acreditación de los aportes: La rápida acreditación de las cobranzas, en las cuentas individuales de los afiliados, es muy importante porque de ello depende que se pueda acreditar los intereses ganados diariamente, esta labor las AFP la realizan eficientemente. ¿Quién la hará? ¿Y cómo se haría en la transición para no perjudicar al afiliado y al jubilado?
- Acerca de la redistribución de los aportes del trabajador: ¿Qué quiere decir “mecanismo redistributivo” en la cuenta individual del trabajador? ¿Implica una distribución de los aportes del trabajador a otras personas? ¿No pagamos impuestos para esto o es otro impuesto al trabajo remunerado? ¿No creen que se incrementará con cada nuevo Congreso?
Comentarios adicionales y pertinentes a la propuesta de la Comisión de Reforma de Pensiones del Congreso:
- No se está respetando la libertad de contratación de los afiliados a las AFP, que firmaron un contrato de afiliación con su AFP. Hoy se propone trasladarlos a todos de manera obligada a la OPP.
- Los Fondos ya no serán administrados ni invertidos por una AFP, sino por la OPP. Los negativos resultados de una entidad pública que administre pensiones son largamente conocidos. Podemos estar seguros que los jubilados estarán nuevamente en la miseria en poco tiempo, como fue el año 1993 con el IPSS, y con la actual ONP que requiere de más de cinco mil millones de soles de aporte de nuestros impuestos para pagar pensiones muy bajas.
- El “mecanismo redistributivo” implica que se repartirá una parte del Fondo del afiliado a otros afiliados, que tengan menor ingreso, a criterio del Congreso de turno, atropellando el derecho a la propiedad de los aportes, de los trabajadores, logrados con su ahorro de 27 años de trabajo, desde el inicio de las AFP.
No está demás mencionar que este proyecto vulnera de manera flagrante nuestra Constitución Política en su Artículo 2°, referido a los derechos fundamentales de las personas y que dice que todos tenemos derecho:
- A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. ¿Por qué a los jubilados y afiliados a las AFP se les tratará de manera discriminatoria al pasar obligadamente sus Fondos a una empresa pública?
- A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público. ¿Los jubilados y afiliados firmaron un contrato de afiliación con una AFP, por qué ahora no se respeta y se desconoce su derecho a contratar libremente con una empresa lícita?
- A la propiedad y a la herencia. ¿Por qué no se respeta la propiedad de los Fondos y se pretende reubicar su administración en una empresa pública, sin autorización de sus propietarios? Por qué se pretende “redistribuir” los Fondos de los afiliados a las AFP, sin respetar que constituyen propiedad privada, lograda con el esfuerzo de su trabajo, a través de 27 años de aportes?
Todo, absolutamente todo, es susceptible de mejora. Lamentablemente cada vez que la señora Carmen Omonte ha hecho declaraciones a la prensa acerca de este importante tema, ha dejado más sombras que luces.
Recuerdo con pena, con decepción y con mucha indignación la CADE 2015, pre-electoral, cuando en simultáneo, el Congreso de ese tiempo, en el gobierno de Ollanta Humala, discutía la liberación del 95,5% de los fondos de la AFP y era sabido y conocido que llamaban a los ejecutivos de las AFP que se encontraban en el evento buscando vender sus votos a cambio de dinero. Sabido era que quien lideraba este proyecto de ley era el puneño acciopopulista que hoy pretende candidatear a la presidencia.
Una vez más, lamentablemente, seremos testigos de cómo se anteponen los intereses personales al bien común.
