No es un tema de testimonios sinceros o confesiones anticipadas a una intervención fiscal, aceptación de responsabilidad legal y culpabilidad delictiva que salen con naturalidad y vergüenza cuando te aprietan el cuello con las pruebas y evidencias irrefutables, no como lo hacía el involucrado en la red criminal con mentiras, sicosociales o guiones preparados para justificar -mediante su influyente posición y trabajo en los medios de comunicación- la permanente corrupción y la impunidad, defendiendo a gobiernos que esquilmaron nuestras reservas, que condenaron a más de doscientos mil peruanos a morir en abandono, angustia y desesperación frente al COVID mientras los gobernantes, sus socios y cómplices, adulones y sirvientes, usando irregular e ilegalmente el poder se vacunaban a escondidas y se protegían también, a escondidas, para decir luego que se estaban sacrificando en beneficio de todos.
Mataron a cientos de miles y condenaron a las víctimas añadidas (esposas, esposos, padres, hijos, nietos) para favorecerse con robos al Estado, con privilegios y lujos pagados con el hambre del pueblo y con ese antecedente, con esa verdad, nos íbamos enterando de a pocos que algunos sino muchos periodistas se encontraban en las planillas del delito y el crimen organizado en mini cárteles desde el poder y alrededor del mismo. Usaron periódicos, canales de televisión y radioemisoras para justificar lo injustificable y para vender imágenes falsas de falsos líderes. Pero no contentos con esa oprobiosa etapa, volvieron a la carga con Castillo (a quien decían no poder verlo, pero si poder cobrarle), exigiendo subliminalmente puestos en el gobierno “un poco solapas” como estar en directorios de empresas del Estado, incluyendo por supuesto los codiciados organismos supervisores y las superintendencias, según se mencionaba en todos lados, pero pocos se atrevían a denunciar.
Dejaron de ser periodistas -o como quieran llamarlos-, para convertirse en vanidosos operadores del crimen organizado desde los medios de comunicación, al punto que ahora, uno de ellos -descubierto por la Fiscalía de la Nación-, es denominado el gestor de los enlaces bajo la sombra y el silencio, cobrando millonarias sumas de dinero por eso y enmascarando el alquiler del departamento de su propiedad y uso, que se convirtió en el centro de operaciones y lavado de dinero, coordinando y participando en cada entrega de dinero, para luego recibir -¿en cada tramo?- un “premio” de sus socios en el negocio, repito, en cada etapa de las gestiones casi casi, familiares. ¿Y ese comportamiento, no califica como complicidad? ¿No existe prisión preventiva para un operador del crimen organizado, para uno o varios periodistas que están implicados y la jauría de sus afines lo defienden?
¿No aspiramos a una Justicia de la Libertad, en vez de someternos a una protección insensata de la injusticia de la desigualdad?