Una Sociedad Agente de Bolsa (SAB) fue clausurada hace algún tiempo por las autoridades por haber incurrido en malos manejos con el dinero de sus clientes. Lo interesante del caso, es que uno de los directivos funge de autoridad inspectora en una institución que depende de fondos públicos.
¿De qué fue responsable dicho implicado y sus socios? De haber incurrido en infracciones muy graves que colisionaban con el Reglamento de Agentes de Intermediación, como por ejemplo:
“Haber destinado los fondos a operaciones o fines distintos de aquellos para los que le fueron confiados”
“Contar con un patrimonio neto inferior al capital mínimo establecido”
“Contar con un indicador de liquidez y solvencia inferior al mínimo establecido”
“Mantener personal que cuenta con impedimento legal -o que no cumplen con los requisitos establecidos- permitiéndole el desarrollo de actividades de agente de intermediación”
“Permitir que terceros brinden información falsa o inexacta en perjuicio de sus clientes y realizar operaciones de crédito que no cumplen con lo establecido”
Además de haber incurrido en una infracción calificada como grave, al haber negado entregar estados de cuenta a sus clientes, e infracciones adicionales: no recabar órdenes de sus clientes y no comunicar oportunamente sus hechos relevantes, que es de obligatorio cumplimiento.
En la auditoría realizada por la acción de control, se detectó que los representantes de la sociedad agente de bolsa, dispusieron de los fondos de algunos de sus clientes sin haber contado con autorización respectiva, para fines distintos que los establecidos por las normas del mercado de valores.
Asimismo, en el caso de seis clientes, se descubrió que les habían remitido información inexacta de sus cuentas, así como, se habían realizado con estos fondos otras actividades al margen de lo que la ley dispone, incumpliendo reiteradamente con sus obligaciones.
El cierre de esa empresa “agente” no la exime del cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus clientes ni de la responsabilidad administrativa incurrida durante su funcionamiento.
El retiro de la licencia de funcionamiento, se veía venir por la comunidad bursátil. Se le impuso la primera sanción suspendiéndola por 90 días y siguieron en sus prácticas.
Esta suspensión se debió a que presentaba a esa fecha, un déficit patrimonial de aproximadamente cinco millones de soles -es decir, estaba prácticamente en quiebra-, y su indicador de liquidez y solvencia que revelaba sus estados financieros era bastante deficiente.
El regulador descubrió que la contabilidad de esa SAB registraba cuentas por cobrar de casi nueve millones de soles a favor de sus principales directivos y de una razón social relacionada.
Las garantías que exhibió para el desembolso de estos créditos fueron los siguientes: acciones de una minera junior, warrants por ejecutar, un contrato de gestión y comisión de éxito de un Fondo Privado, un título de la concesión de minería y derechos expectaticios por utilidades y dividendos del 90% de una empresa propia de los directivos.
Sin embargo, ninguno de esos valores “califican como garantías de inmediata realización respecto de los créditos otorgados a sus vinculados”, además, solo cuenta con un patrimonio de menos de treinta mil soles, por lo que, sería imposible que honre la deuda de varios millones con su relacionada.
Y como este caso, ¿Cuántos más habrá, mientras los inversionistas perdieron todo su dinero? ¿Pueden estar andando libres esos operadores? ¿Pueden estar interviniendo en decisiones sobre dinero público? ¿Se estarán acomodando en puestos públicos como estamos verificando ahora?
Estamos investigando… estamos encontrando más corruptos que se visten de santos, pero pecan peor que el diablo.
El caso fue derivado, denunciado ante la Fiscalía y según nos dicen, nadie se atreve a moverlo porque las influencias de los que han delinquido son muy fuertes con el gobierno de lujo y lo que queda del mismo.
Un mensaje: Esta denuncia recién comienza…
