En el Perú del siglo XXI, la realidad política y social desafía la tesis clásica de José Matos Mar en Desborde popular y crisis del Estado (1984). Matos Mar veía un “desborde popular” poco creativo: masas migrantes e informales que rebasaban un Estado débil, generando -no lo decía, pero era la consecuencia- dinámicas agresivas, autónomas y violentas de supervivencia y transformación cultural. Cuarenta años después, esa interpretación resulta obsoleta. Lo que vivimos no es un pueblo que desborda al Estado, sino un Estado que desborda compulsivamente a la sociedad, expandiéndose de forma hipertrofiada, burocrática, coercitiva y corrupta, invadiendo la vida cotidiana, las decisiones individuales y los intereses privados de los ciudadanos, sin ofrecer a cambio servicios básicos ni contraprestaciones mínimas para el desarrollo humano.
Este Desborde del Estado constituye el motor principal de lo que denomino crisis popular permanente porque el Estado no está debilitado ni acorralado por lo popular; al contrario, se ha convertido en un monstruo que crece fortalecido, invasivo y devorador, que aplasta a la sociedad, desmoviliza al ciudadano y genera una profunda indiferencia cívica. El peruano promedio ya no cree que su voto o su protesta puedan cambiar algo; esquiva al Estado mediante la “beneficiosa” informalidad, la coima extendida o el silencio que acobarda en la comodidad de no ser partícipe, en lugar de enfrentar con propuestas colectivas a los gobiernos locales, provinciales, regionales y al Estado en su conjunto, compuesto por más de 1.6 millones de autómatas de la planilla pública. El pecado ciudadano irresuelto se llama aceptación de la imposición y promoción de la no participación, que deja espacios de poder y de presión a los que manejan el desborde del Estado.
Las causas de este desborde son estructurales e históricas. Heredamos un Estado centralista y excluyente desde la República Criolla -desintegración-, pero en las últimas décadas su expansión ha sido patológica con la proliferación de ministerios innecesarios, planillas públicas infladas, regulaciones asfixiantes, tramitología “que nada impide impedir” y un clientelismo electoral que inunda cada ciclo con burocracia partidaria que permite que la anterior burocracia “se quede para no interrumpir el gigantismo de la planilla”. En las elecciones de 2026 vemos el síntoma más evidente: decenas de partidos fragmentados (muchos efímeros, sin doctrina ni militancia real), facciones internas, alianzas por ambición personal y una multiplicación de candidatos que convierte la política en una estafa piramidal. El Estado se reproduce a sí mismo, capturando recursos y legitimidad a su estilo mientras abandona brechas en salud, educación, infraestructura y seguridad que superan los cientos de miles de millones de soles. Es una rueda imparable de maldad y perversión contagiante.
Las manifestaciones son cotidianas y devastadoras. La sociedad se atomiza en miles de colectivos pequeños, como las asociaciones vecinales, colegios profesionales, comités de barrio o comunidades, iglesias diversas y de todo género de interés pecuniario, gremios que buscan sobrevivir defensivamente ante la ausencia de canales de representación legítimos. Las instituciones intermedias sobrevivientes han sido desacreditadas sistemáticamente: infiltradas, manipuladas o estigmatizadas, perdiendo la confianza directiva que alguna vez tuvieron. Las acciones como invasiones de terrenos públicos o privados con fines de vivienda o las protestas violentas no son “desborde popular creativo”, sino respuestas desesperadas a un vacío institucional provocado por el propio Estado y que es aceptado irracionalmente. La informalidad económica desordenada (que abarca más del 70% de la fuerza laboral) no es iniciativa emprendedora, sino escape forzado ante un aparato fiscal y regulatorio predador.
Los impactos son profundos. Socialmente, generamos polarización, apatía y desmoralización: la confianza en instituciones públicas ronda mínimos históricos. Económicamente, perpetuamos desigualdades y corrupción que restan puntos al PBI anual. Culturalmente, fomentamos un cinismo que erosiona valores familiares y patrióticos, mientras el Estado promueve agendas ideológicas que atacan la vida, la familia y la libertad individual.
Frente a esto, la solución no pasa por más Estado ni por mesas de diálogo superficiales que perpetúan el statu quo. Urge un Estado mínimo pero eficiente: reducir ministerios y la abultada e ineficiente planilla que supera el millón y medio de empleados públicos -de los cuales deben quedar máximo 500 mil-, desburocratizar elecciones, fortalecer a las instituciones independientes y crear modelos anticorrupción efectivos que desmantelen las redes criminales y promover una representación directa y progresiva, que reconozca a los colectivos ciudadanos como actores legítimos sin represión. Hay que revivir el patriotismo desde la educación, impulsar “gritos de Libertad” y transformar rápidamente la informalidad en formalidad mediante impulsos a la legalidad.
El Desborde del Estado no es inevitable. Si no lo contenemos de inmediato, la crisis popular se profundizará más hasta convertirnos en una sociedad de masa manipulable, sin cohesión ni esperanza. Pero si cortamos sus garras hipertrofiadas, podemos recuperar la iniciativa ciudadana y construir un Perú donde el Estado sirva a la sociedad, a todo el pueblo, y no lo someta. Esa es la tarea urgente de nuestra hora actual.
