Chile ha construido un sistema legal de integridad pública robusto. Sucesivos escándalos de corrupción, colusión de empresas y el financiamiento de la política impulsaron la adopción constitucional de los principios de probidad y transparencia, y luego de diversas normas complementarias. Sin embargo, los escándalos siguen acumulándose. En el último año tenemos el caso convenios, una dilapidación ominosa de recursos fiscales; el caso audios, denigración para la profesión de abogado; y reuniones reservadas entre ministros y empresarios con infracción a la ley de lobby. Como marco, altos mandos del Ejército, Carabineros y la PDI investigados por mal uso de recursos.
No basta perfeccionar las normas. Se requiere una fibra moral para arraigar una cultura de transparencia y probidad en la ciudadanía, y especialmente en el servicio público, porque detrás de las acciones que vulneran leyes hay voluntades que conscientemente traspasan esos límites. La generación que nos gobierna —a pesar de su autoproclamada superioridad moral— dio un claro ejemplo de carecer de esta fibra al propiciar “saltarse los torniquetes” del Metro, un flagrante llamado a evadir el pago de un servicio público.
La corrupción es una parte del problema. Hay también una degradación moral —tal vez sin reproche jurídico— que se manifiesta en la falta de austeridad y en el gusto por la pompa. Ejemplos contingentes son autoridades que renuevan vehículos optando por el lujo y otras que viven en residencias institucionales con arriendos que no podrían asumir con ingresos propios. Este escenario gris debe impulsar la búsqueda de líderes que posean carácter y virtudes, y la promoción de valores que estimulen —mediante el ejemplo— la honestidad y la austeridad en las distintas organizaciones humanas, cuyo objetivo común es servir a las personas.
A 33 años de su muerte, Jaime Guzmán nos ofrece respuestas. La institucionalidad jurídica no basta, “requiere además de hábitos políticos sanos y de personas que los encarnen con auténtico espíritu de servicio público” (Revista Chilena de Derecho, vol.6, 1979). Es crucial que la sociedad civil se involucre en la búsqueda de vocaciones dispuestas a servir en todas las esferas sociales y políticas. La generación que nos gobierna no lo hará. Ella normalizó la evasión, las tomas, los sacrilegios a la Constitución e incluso la violencia, como ocurrió el 18-O. La convocatoria es a las instituciones intermedias, partidos políticos, colegios, universidades, sindicatos, etcétera, porque gobernar y legislar con las mejores personas implica previa y necesariamente contar con ellas. En palabras de Jaime: “la grandeza de un país está dada por la calidad moral de sus integrantes”.
Nota de Redacción: el presente artículo fue publicado originalmente en El Mercurio, 1 de abril de 2024
Imagen referencial: Fundación Jaime Guzmán
Datos necesarios: Jaime Guzmán Errázuriz (Santiago, 28 de junio de 1946 – Santiago, 1 de abril de 1991). Abogado y político de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Senador entre 1990 y 1991. Asesor jurídico y político del régimen presidido por el General Augusto Pinochet. Fundador del Movimiento Gremialista y de la UDI, partido que presidió entre el 24 de septiembre de 1983 y el 29 de abril de 1987, y entre el 22 de octubre de 1988 y el 7 de marzo de 1990.
