El deterioro de la actividad económica, producto de la pandemia que atraviesa el mundo, el cual fue potenciado por la paralización de sectores productivos en el país para mitigar la expansión del virus, desencadenará la contracción del PBI más severa de los últimos 100 años en nuestro país, al esperarse una reducción del 12.7% para 2020, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Si bien las características mismas de la crisis permitirán una recuperación rápida del PBI conforme se complete el proceso de reactivación gradual y se controle la expansión de la COVID-19, lo cual se aprecia en las expectativas de un crecimiento del 11% en 2021 por el BCRP, esto no corregiría todas las distorsiones generadas.
En particular, el mercado laboral peruano, se posicionó el año pasado en el puesto 83 de 141 economías en el pilar de flexibilidad en el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el 134 en prácticas de contratación y despido, y el 120 en la calidad de las políticas activas para el mismo, resultaría severamente perjudicado por la situación. Según el último reporte de inflación del BCRP, si bien la población económicamente activa (PEA) ocupada ascendería a 17.1 millones en el último trimestre de 2020, cifra similar a la observada en 2019, la tasa de desempleo aumentaría al 8.1%, lo cual significaría un total de 1.5 millones de personas en esta condición y duplicaría lo observado en años previos, esperándose una recuperación recién en 2022. Es decir, tal como lo observado con la informalidad, no bastará con el crecimiento económico, sino que serán necesarias políticas efectivas que permitan corregir dicha situación.
RETOS PENDIENTES
Desafortunadamente, esta situación no se solucionaría de manera inmediata e, inclusive, intervenciones inadecuadas, a pesar de sustentarse en favorecer a los trabajadores, podrían perjudicarla severamente, como resultó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en 2001 que impuso mayor rigidez tras restringir la capacidad de despido de los empleadores[1]. No obstante, los acontecimientos del presente año han demostrado que se requiere subsanar las limitaciones que influenciaron la magnitud del daño ocasionado por la actual crisis. En ese sentido, resulta prioritario reforzar la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), el cual definió la estrategia del país para corregir los factores que contribuyeron a que el Perú sea uno de los más perjudicados en la región (ver Semanario 1052 COMEX Perú).
Uno de los factores más relevantes consistió en la implementación del teletrabajo para la continuidad de las actividades económicas. No obstante, según el MTPE, en octubre del presente año, apenas alrededor de 250,000 personas estarían laborando bajo esta modalidad, solo un 1.5% de la PEA ocupada a nivel nacional del año pasado. Si bien esto significa un progreso significativo respecto de los 126,209 potenciales teletrabajadores que estimó el MTPE en 2016, demuestra la urgencia de difundir dicho mecanismo mediante el adecuamiento de la regulación vigente a las necesidades actuales. Lamentablemente, a pesar de que ello se encuentra contemplado como un objetivo en el PNCP, este apenas registra un avance del 12% hasta la fecha en su portal de seguimiento.
Por su parte, reducir la rigidez del mercado laboral será necesario para revertir dichos resultados, pues, como sucedió con la intervención del TC, esta se traduce en restricciones adicionales para las empresas, incentivándolas a contraer aún más su demanda de trabajo o a sustituir la modalidad de contratación por alternativas más flexibles, como los contratos a plazo fijo, que en 2018 representaron el 61.1% de los contratos a nivel nacional, según el INEI. Por ello, permitir la difusión de las jornadas laborales a tiempo parcial formales —pues aproximadamente el 90% de los trabajadores en dicha modalidad operaban en la informalidad en 2017, de acuerdo con el PNCP— mitigaría esta situación. No obstante, el avance en este objetivo asciende al 13.3%, y continúa pendiente la modificación del marco regulatorio para facilitar su implementación.
Desafortunadamente, estos resultados también se traducirían en un menor progreso respecto de la reducción de la informalidad en el país, la cual supera en casi 20 puntos porcentuales (pp) el promedio de América Latina y el Caribe (53%) en 2018, según la Organización Mundial del Trabajo (OIT). En particular, si bien su presencia no aumentaría significativamente al finalizar el año, esto se explicaría por el avance del desempleo, pues los trabajadores informales se concentran en las microempresas, con un 89% del total nacional durante 2018, según el INEI. Es decir, su elevada persistencia indujo al incremento de la tasa de desempleo, pues dichas empresas se caracterizan por ser las más vulnerables en el sistema por limitaciones de acceso a crédito, entre otros factores, que limitaron sus capacidades de sobrevivir a la crisis.
Evidentemente, hoy más que nunca se requiere priorizar el desarrollo del mercado laboral, corrigiendo los problemas que se encuentran presentes desde hace varios años. De lo contrario, únicamente se expondría nuevamente a la economía peruana a un desempeño similar al observado ante una futura gran crisis, el cual resultaría uno de los peores de la región, según el Fondo Monetario Internacional.
[1] Según Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, el fallo significó una pérdida de S/ 6,100 millones en salarios durante 2015, además de limitaciones de acceso a un empleo adecuado desde su resolución. A modo de comparación, según el INEI, la pérdida monetaria representaría el 7.2% del total de ingresos en Lima Metropolitana en dicho año.
