Es un tributo de la libertad el obrar en consonancia con el conocer, pero la responsabilidad tiene que moderar la tentación de convertir ‘mi realidad’ en una suerte de ‘ley’ obligatoria. Desde esta perspectiva, es lícito que un gobierno sustente su visión acerca de la realidad, pero es arbitrario que la quiera imponer. No siempre son ideas las que busca introducir en la sociedad, también pretende – desde el poder político – extinguir conductas o costumbres que no se acompasan con su mirada, sin reparar en los daños colaterales que eso acarrea: atropella la realidad; afecta los principios fundamentales de la persona; y, termina imponiendo una nueva visión del ser humano en el intento de erradicar esos usos y tradiciones sociales.
El intento de lograr que una ideología se difunda no es una mera proclama de proposiciones para un cotejo democrático de ideas, por el contrario, se busca que se arraigue y se legitime socialmente. ¿Cuál es uno de los cauces más eficaces para lograrlo en el mediano y largo plazo? Obviamente, la educación: a través de los planes de estudio, de la cultura y de las actividades escolares. Al decretar la educación como un servicio público, de paso se acreditó al Estado como el único garante y operador educativo. Sin ese “respaldo” legal sería inviable conseguir el agazapado propósito de generar un pensamiento único.
La primacía del querer sobre la razón, de la subjetividad sobre la objetividad, del capricho sobre el ‘deber ser’, del individualismo sobre la solidaridad, de la palabra sobre la realidad…son todas expresiones de una especie de autoritarismo alimentado por el no reconocimiento, en la práctica, de la libertad de enseñanza ni de pensamiento.
La libertad de enseñanza es un principio casi olvidado en las políticas educativas, que afecta por igual a los padres de familia y a los colegios. En las diferentes normas educativas últimas no solo no se alienta, sino más bien se incuba modos para suprimirla. Para los matriculados en la escuela estatal, no existe la elección entre distintas alternativas: el riesgo es la uniformidad. El Estado se justifica sesgando sus argumentos hacia lo económico (la gratuidad) pero atenta contra la libertad de los padres de familia: a) al no acompañarlos operativamente cuando aquellos quieren una educación de gestión privada; y, b) como las escuelas públicas son uniformes, es decir, no se distinguen entre sí, no se tiene la posibilidad de elegir aquella que ofrece un mejor servicio educativo o una cultura más centrada en alumno, por ejemplo.
La multiplicidad de escuelas privadas, no tiene como objeto competir con las de gestión estatal ni tampoco convertirse en los paladines de la calidad. Lo suyo es garantizar la pluralidad de visiones educativas para que los padres elijan la que más convenga a sus objetivos familiares. También es mantener activa y vigente el estilo y la convivencia democrática en la medida en que se respete y valoren puntos de vista diferentes pero convergentes en el bien común de un país.
La imposición abierta o soterrada de ideologías como política gubernamental afecta la centralidad de la escuela: la enseñanza y trasmisión de conocimientos. Si los conocimientos se adquieren al margen de la realidad, a costa de lo que otros quieran, las escuelas corren el riesgo de convertirse en centros de adoctrinamiento. Sin referencia a la realidad, sin normas objetivas, la elección entre lo bueno y lo malo se determina por conveniencias o caprichos. Más aún ¿sobre qué base se enseña ética y moral en las escuelas?
Los centros educativos no pueden ser tratados como laboratorios en donde se ensayen cada tanto ‘ideas felices’ pergeñadas por los ideólogos de los gobiernos de turno. Las escuelas: los padres de familia, los profesores y los alumnos, merecen respeto y consideración. La imposición de una idea o programa afecta radicalmente 1) a la exquisita naturaleza de las cosas, 2) a la dignidad y libertad de las personas; y, 3) a la esencia de las escuelas: la trasmisión de conocimientos y valores.
Digámoslo con fuerza, las malas prácticas de algunas pocas escuelas no pueden usarse como excusa para anular la existencia y minimizar aporte de la educación privada. La corrección de aquellas, debe ser pronta, severa y constante pero no tiene por qué atentar contra el principio de la libertad de enseñanza ni privar a la sociedad que se beneficie con la innovación y pluralidad que ofrece la educación privada.
