La educación privada representa el 25.5% de las matrículas en la educación básica regular y en Lima Metropolitana alcanza 48.7% ([1]). Su crecimiento constante viene ocurriendo desde hace un cuarto de siglo. Este hecho es explicado por la mejora económica que revistió a nuestro país. En este contexto, se incrementó la oferta de los servicios educativos gracia a los incentivos para la inversión y, las familias tuvieron más y mayor disponibilidad de recursos económicos. Sin duda, esas condiciones favorecieron la migración hacia la educación privada. No obstante, invocar vigorosamente la elección de un colegio a lo monetario, me suscita las siguientes reflexiones.
Primera. – Supone colocar y percibir a la educación a nivel de mercancía, con la que solo se satisface necesidades materiales o de posicionamiento social, esto es su condición de credencialista. De otro lado, se estaría valorando la siguiente composición: los centros educativos se mueven por la libertad de empresa y de iniciativa y, los usuarios de los servicios buscan acumular todas las prerrogativas de un pleno consumidor. Sin embargo, está visión debería ser confrontada con las decisiones fácticas que, gracias a la libertad, se asumen. Me refiero, a esos muchos padres de familia que prefirieron permanecer en la escuela pública, por los beneficios que les reportaba en lo académico; porque los servicios que ofrecían no tenían costo para ellos; y, en consecuencia, los mayores ingresos obtenidos – se entiende por el desarrollo económico – podrían asignarlos a otras iniciativas familiares. Lo propio – pero en sentido inverso – ocurrió con las familias que migraron a la escuela privada. Pudieron quedarse a gozar el privilegio de recibir el servicio educativo gratuito y utilizar sus excedentes a su conveniencia. No lo hicieron. Es más, con su hijo en la escuela privada continúan sufragando la pública con sus impuestos.
Segunda. – Sí el MINEDU y sus funcionarios están convencidos de que el único y principal componente de la educación es el mercantilismo monetario, se entiende el por qué el corpus normativo promulgado tiende a comprimir la libertad de empresa y a potenciar a los padres como consumidores o clientes. También se comprende que se haya instalado y extendido la creencia de que elegir la educación privada es hacer referencia a un cierto tipo de personas que gozan – alegremente – de prerrogativas, y de privilegios.([2]) Con este escenario, el gobierno tiene el pretexto perfecto zanjar el aparente dilema presentado: si mantiene o permite el crecimiento y multiplicación de los servicios educativos privados, las diferencias, las brechas y la segregación se acentuarán. Por tanto, el modo de atenazar su marcha regular es precisamente colocarles – mediante leyes- obstáculos administrativo-financieros, pues su apropiación pasaría por el cambio de la Constitución.
El sentido común nos dice que lo económico es un factor -entre muchos –que hace posible que las instituciones educativas puedan continuar -en el tiempo – cumpliendo su misión, de la mano – sin duda – con la visión y los principios que juegan un papel de primer orden en sus dinámicas y en sus culturas. Pero sí desde fuera se pretende intervenir precariamente en la gestión y en la toma de decisiones relativas a los ingresos y a las asignaciones, la reacción natural es defender legalmente el atropello a su autonomía institucional. Con todo, el poder del Estado termina imponiéndose con sanciones, multas y similares, con las que maniata y subyuga al centro educativo. La escuela para evitar mayores perjuicios económicos y, al extremo su paralización, aceptara con resignación y la menor criba, postulados ideológicos o visiones educativas que no se condicen con lo que públicamente, comunicó y se comprometió cumplir con los padres y con la sociedad.
Tercera. – La actual Constitución consagra unos derechos fundamentales relativos a la libertad de empresa y de enseñanza, entre otros, los que ponen a buen recaudo la supresión absoluta de la educación privada. Los servicios educativos prestados por privados pueden tener muchos defectos y largo trecho por mejorar… tan igual que los servicios prestados por el Estado. Esta realidad no es un problema. Es un sólido dato que se repite en todas las actividades emprendidas por el hombre.
La educación no es como una acémila que se moviliza en un solo sentido y por un único sendero. Educar es trasmitir conocimientos: ciencias, letras, humanidades, artes, idiomas…etc. La enseñanza no es un acto mecánico y uniforme. Existen modos diferentes de presentar un mismo tema. Aún más, educar es también formar. La formación hace referencia a principios, valores, estilos, formas de pensar, creencias, criterios, ejemplaridad y un largo etc. Este campo es esquivo a lo uniforme, a lo único y a lo homogéneo. A los padres les asiste el deber y derecho de – ejerciendo plenamente su libertad – elegir el tipo o modelo de educación (de escuela) que quieren para sus hijos y que coincida con sus principios educativos y familiares. Solamente desde una mirada socialista, izando la bandera de que la educación es un derecho constitucional, a través del Estado obliga una educación única, monocorde y muchas veces contraria a lo que los padres quieren para sus hijos. No se duda que la educación es un derecho y muy importante, pero los gobiernos deberían promover o permitir en igualdad de condiciones, plurales modos y formas de concretarlo.
La riqueza de una sociedad libre y plural como la nuestra radica, precisamente, en la riqueza y en la pluralidad de opciones educativas que se ofrecen en ella, de tal modo que los padres puedan elegir libremente el modelo que se adapte mejor a sus propias convicciones y estilos educativos. ([3]) Mientras la libertad de enseñanza, de pensamiento y de iniciativa sigan vigentes, activas y fuertes, la educación privada permitirá: la pluralidad de proyectos educativos; la trasmisión de nuestra memoria histórica y la peruanidad como identidad; los principios occidental- cristianos, los valores y la importancia de la familia. En suma, si se quiebran económicamente los centros educativos, los planes ideológicos emergerán del caballo de Troya y no se detendrán.
[1] Cuenca, R y Reátegui, L “Itinerarios de la Educación Privada en el Perú, 2019. Recuperado en www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302019000100315
[2] Cabe destacar que sólo el 4% del universo de escuelas privadas cobra una pensión mayor de mil soles (S/. 1,000); en el resto de escuelas que son la gran mayoría, los padres de familia paga muncho menos de lo que invierte el Estado por alumno, con el añadido que con su impuesto cotiza para cubrir una plaza escolar.
[3] Torralba, Francesc, La pasión por educar, Ed. Khaf, Madrid, 2015, p. 64
