Un sistema democrático que hostiliza la iniciativa privada, imponiéndole ideologías, el cumplimiento de trámites y procedimientos farragosos para su ejercicio, atenta contra los principios fundamentales, induce a la anomia social, entra en litigio con el sentido común y con la gramática de la realidad. Para evitar situaciones así, valdría la pena tener en cuenta algunas ideas como estas:
- Es tal la fuerza, el dinamismo de la iniciativa privada y la preferencia de los padres de familia que a pesar de lo apuntado líneas arriba, la educación particular sigue en crecimientos. Veamos una muestra. En 10 años, las matriculas en el sector privado crecieron anualmente en 46,002 estudiantes. Es decir, de 1’528,161 alumnos matriculados en el 2008 se pasó a 1’996,181 en el 2018. [[1]]. Este incremento, obviamente, trajo consigo mayor demanda de docentes y de infraestructura escolar. En ese mismo periodo, 10 años, 2,758 profesores fueron contratados cada año y se construyeron 257 nuevos locales.
- Toda acción humana es atribuible a una persona concreta con nombre y apellidos. En esa medida se le puede denominar: privada, personal, individual o particular; más, desde la óptica de su influencia o radio de acción no es privativa, es pública.
- La educación llamada pública no es “gratuita”, su costo se paga indirecta y solidariamente a través de los impuestos; la escuela privada, por el contrario, es pagada por el padre de familia. Atendiendo a esa sola diferencia se suele etiquetar como social y humanitaria la una y elitista a la otra. Cuando en verdad, el precio de la educación privada incluye el costo de la educación pública.
- La libertad de enseñanza impide el pensamiento único digitado desde las esferas del poder de turno; a su vez permite que los padres de familia opten por la propuesta educativa que coincida con sus objetivos familiares. Un tipo estándar de escuelas no se condice con una sociedad plural: las opciones educativas deben ser variadas y diversas.
- La educación privada aporta al bien de la sociedad. Lo suyo no es competir ni ser mejor que la pública. Lo suyo es mantener vigente y garantizar que se ejerza la libertad para fundar escuelas y la de decidir el tipo de educación que se quiere.
- La educación pública debe asegurar que nadie sea vea impedido, por razones de diversa índole, de educarse. La cobertura educativa es solo una parte; al Estado, justamente porque sus usuarios no disponen de recursos económicos, le compete – sobre todo – brindar un servicio educativo de alta calidad.
- En una escuela, el plexo de relaciones interpersonales predica que el quehacer docente no se detiene en el logro de metas cuantificables y medibles, se abre a tareas en que la ayuda es superior al servicio de enseñanza prestado. A diferencia de la industria y del comercio, el quehacer educativo incluye “insumos intangibles” que operan al margen de las leyes del mercado. Son impagables, su valor no se puede tasar: el consolar a un alumno cuando está triste; alentarlo cuando arrecia el desánimo; corregirlo cuando yerra; orientarlo para mejor elegir; reconocer sus logros o simplemente escucharlo…
- La neutralidad que caracteriza la relación entre un vendedor y un comprador cualquiera no se predica en la relación docente – discente. La dinámica de la convivencia, el trato personal, las manifestaciones propias de la edad de los alumnos, fecundan en la relación el afecto, la preocupación, y el cariño. A este “insumo intangible” no se le puede poner precio. Por eso, a la educación no se le debe comprender exclusivamente con las claves del mercado.
[1] Las cifras reportadas han sido consultadas en el Portal de MINEDU. Unidad de Estadística de la Calidad (ESCALE) Magnitudes de la Educación en el Perú.
