El debate sobre el futuro es más incierto que la realidad de muchos países, en especial de América Latina, donde se pierden demasiadas oportunidades a diario, donde se deja lo trascendente para algún día lejano y donde se pone en primera opción el discutir las diferencias irreconciliables, antes que unir las oportunidades comunes.
Hablar de pensiones resulta aburrido para los más jóvenes, porque su horizonte de vida les señala el final del camino y además, porque se les hace monocorde, enredada y desconocida esa etapa de la vida, porque de eso se trata, una etapa de la vida y no una meta.
Un continente latinoamericano donde hoy en día son más los jóvenes que los adultos pero, con una tendencia cercana de reversión de grupos poblacionales por edades, nos debe alentar hacia las capacidades de ahorro individual para consolidar el rumbo hacia el futuro y no permitir que sea como siempre en América Latina, la suma de los años perdidos.
Es necesario debatir, pero escribiendo las metas comunes, a fin de adelantar procesos, fomentar esfuerzos y construir la necesaria Infraestructura de la Longevidad, más allá de las pensiones, más cerca de las jubilaciones.
SISTEMAS CONTRAPUESTOS
En la mayoría de países de América Latina existen sistemas de reparto o sistemas nacionales de pensiones y prácticamente todos ellos se encuentran en situación de desequilibrio financiero o quiebra, siendo insostenibles en el tiempo.
Algunos países –casos de Chile, Perú, Colombia, México- han logrado generar espacios para sistemas privados de pensiones cuya esencia es el ahorro en Cuentas Individuales de Capitalización, invirtiendo gran parte de esos recursos en proyectos de infraestructura, desarrollo inmobiliario e instrumentos de inversiones de diversa magnitud, logrando quintuplicar las cifras de ahorro, gracias la rentabilidad obtenida.
Se han dado también casos de reversión por decisiones de gobiernos populistas, es decir del sistema privado hacia el Estado, mediante nacionalización o estatización, como en Bolivia y Argentina, destruyendo las capacidades individuales en nombre de una falsa imagen de solidaridad inter generacional.
Lo cierto es que cada vez más, millones de hombres y mujeres no están ahorrando individualmente o pagando a los sistemas de reparto que administran los gobiernos de sus naciones, para construir pensiones de jubilación y para gozar de cobertura de sobrevivencia en los casos de invalidez –parcial o total, temporal o permanente-, viudez u orfandad.
El drama de América Latina tiene estas dos vertientes, ausencia significativa de pensiones de jubilación para siete de cada diez trabajadores en un futuro inmediato y ausencia terrible de una mínima infraestructura para la Longevidad.
Miremos bien la realidad, no se trata de las clásicas estadísticas que dicen cuántos trabajadores están afiliados a un sistema de pensiones, eso es un error. Se trata de saber cuántos efectivamente pagan, cotizan, aportan o ahorran sostenidamente para generarse el derecho a una pensión de jubilación o a la cobertura de sobrevivencia. Dos temas unidos por un mismo concepto social.
Las consecuencias –las respuestas- son devastadoras porque nos aproximamos a una lucha inter generacional donde la solidaridad no es precisamente el sello distintivo del nuevo mundo, sino un abierto enfrentamiento entre los que intentan sobrevivir y los que no podrán hacerlo.
Sistemas contrapuestos, sociedades en camino de confrontación, países un poco más estables pero discriminando la inmigración, ciudades rebosantes de gentes viejas y amplias áreas rurales abandonadas o donde se prioriza una tecnología excluyente del campesinado tradicional. Ese es el rostro de los próximos años.
El debate no significa encontrar soluciones de largo plazo, sino la necesidad de tener herramientas inmediatas por las cuales se pueda activar una secuencia de implementación de políticas sociales, que permitan incorporar en el progreso educativo y laboral a más personas –rápidamente- mientras se construyen mejores destinos para todos.
El discurso de la inclusión social ha fracasado en términos absolutos, porque si bien se dice que en América Latina las clases medias son un espacio de mayor importancia estadística, su reversibilidad se está haciendo manifiesta cada vez más y esto se debe a que los países de marcado sesgo hacia el populismo de izquierda, no lograron generar estabilidad mínima para el impulso hacia el progreso y la consolidación del crecimiento.
Entender que el rol de la Economía Social de Mercado es un imperativo de los tiempos actuales requiere la mezcla de un discurso amplio, fácil de comprender, intensivo en las redes sociales, promovido por nuevos actores y entregado a nuevos gestores políticos y sociales.
Analicemos algunos de estos ejemplos de ahorro en cuentas individuales de capitalización o aquellos de cotización en sistemas de reparto, para ver si tenemos oportunidades como trabajadores, de ser estables en el tiempo del ahorro durante el empleo formal, si dentro del tiempo informal sabemos aportar o seguir construyendo nuestro camino previsional y si en vez de seres humanos, podemos convertirnos en seres hermanos.
No es fácil encontrar una sola respuesta, porque los sistemas de pensiones no pueden ser iguales para todas las personas, por la diversidad de trabajos, por la multiplicidad de diferencias, por lo complicado que es para cada economía nacional sostener presupuestos hacia el futuro.
Los caminos del ahorro, por lo menos son un buen inicio, porque los impuestos no producen pensiones seguras.
SISTEMAS DE REPARTO Y AUMENTO DE LA POBREZA – RETROCESO DE LAS CLASES MEDIAS
Los sistemas de reparto, también conocidos como sistemas nacionales de pensiones, son en realidad unidades de cobranza de aportes previsionales que generalmente usan la administración tributaria del Estado o sus canales establecidos, para la captación, cobranza y traslado del dinero hacia el ente burocrático determinado por Ley.
Los grandes y graves problemas de los sistemas de reparto residen en que son compulsivos, obligatorios, únicos. Los ciudadanos no tienen opciones para dejarlos, tal vez alguna ventana de complementariedad.
Al ser administrados por el Estado –en realidad cada gobierno cambia a sus gestores- carece de entidad de control en base a indicadores públicos que sean transparentes.
El dinero captado no es un ahorro de cada trabajador, sino que se trata de dinero que ingresa a una cuenta corriente de traslado inmediato, por la cual una parte cae en la caja de la organización previsional estatal y otra parte sirve para el pago de las pensiones de los jubilados, viudas, huérfanos e inválidos que gozan de planes de pago por el derecho de la pensión directa o el beneficio de la pensión de sobrevivencia.
Sin embargo, dado que la administración carece de transparencia y de indicadores de calidad en la gestión financiera, como el objetivo principal es pagar con lo que se recibe, se vuelven progresivamente insostenibles en todo sentido, por lo cual es frecuente que el Estado incremente subvenciones anuales que duplican y hasta quintuplican esa cifra requerida para los pagos mensuales de los pensionistas y para el pago mensual de las remuneraciones de los trabajadores y de la propia administración de la empresa estatal previsional –alquiler de locales, agencias, oficinas, servicios, etc-.
Es una pirámide financiera donde la base siempre estuvo dibujada en forma extensa y la cima en forma angosta. Pero el envejecimiento poblacional, la informalidad creciente en América Latina, con países como el Perú donde supera el 70 por ciento, la menor tasa de nacimientos, el menor número de familias matrimoniales y la carencia de infraestructura social para la longevidad –sin hablar de infraestructura en salud, educación, uso del tiempo libre, transporte y locomoción, atención de emergencias, etc.- han sumado varios componentes por los cuales así se extienda la obligatoriedad de los aportes o cotizaciones, los trabajadores buscan las formas de evitar los pagos al administrador estatal. Y la pirámide, se ha invertido.
Una de las principales herencias que dejan los sistemas de reparto, es el empobrecimiento de las clases medias, ya que las pensiones son en promedio un quinto del total mensual que caracterizaba los ingresos de las familias por el salario del trabajador formal.
Es decir, la caída en los ingresos al comenzar la jubilación efectiva es terriblemente dramática, porque el ajuste tiene que ser muy fuerte. Muchos economistas que desconocen la realidad de la composición tradicional de las clases medias –educación privada, salud privada, uso del tiempo libre, costumbres familiares, comportamientos y vestido, entre otros- no contemplan en sus estadísticas estos temas vitales.
Un abismo diferencial se va generando y el empobrecimiento lleva a perder la propiedad urbana en muchos casos, bajo el pretexto de no necesitar algo tan grande –cuando podría revalorizarse o efectuarse una reinversión inmobiliaria que produzca mejores ingresos por alquileres por ejemplo- a fin de destinar esos nuevos ingresos de una venta, condicionados al pago de la educación universitaria o de especialización de los hijos, como regla frecuente.
Otro tema es el acceso a la salud vía la seguridad social. Aquí se deben buscar cifras reales, que el Estado no actualiza, para saber con certeza si los pensionistas mantienen la vigencia de la cobertura de salud integral cuando están en la etapa de jubilación y si éstos soportes son amplios o limitados.
Los sistemas de reparto hacen que la pobreza aumente, porque en apariencia pagan una pensión, pero en la realidad, no significan un pago, sino un acercamiento parcial al derecho y éste, es muy limitado.
SISTEMAS PRIVADOS DE PENSIONES Y GENERACION DE CONFLICTOS DE INTERES POLITICO
Han transcurrido más de treinta años desde que se creó en Chile el sistema privado de pensiones bajo la gestión de Administradoras de Fondos de Pensiones –AFP- y si bien desde el punto de vista económico y financiero son una fuente de ahorro bastante sólido para los trabajadores, en líneas generales, subsisten fallas de información y entendimiento de la acumulación del ahorro como posibilidad de pensiones de jubilación efectivas, seguras y duraderas -mucha atención, no decimos justas, ni dignas, por ahora-.
Esto ha provocado que los intereses políticos se contrapongan a los resultados, por un lado, y además que se entienda la presencia de las AFP como una especie de cártel que domina no sólo una gran parte del ahorro de los trabajadores de cada país donde operan, sino que se verifique que el foco de atención de las inversiones está orientado a grupos relacionados, con evidentes conflictos de interés.
A pesar de la regulaciones, las superintendencias de pensiones no han trabajado en su rol de educación y defensa del cliente financiero, ya que estas organizaciones dependen en sus presupuestos de los fiscalizados –algo absurdo- y también, existe un desplazamiento de funcionarios hacia y desde las superintendencias con las AFP, bancos de inversión, empresas de fondos mutuos y sociedades administradoras de fondos de inversión.
Nadie niega el derecho laboral o la especialización, pero ese tránsito ocupacional, que incluye posiciones en el Gobierno, llama a dudas y especulaciones mayores.
Vayamos al ahorro. Sólo en el Perú, con más de 6 millones de trabajadores afiliados a las AFP se ha logrado por efecto de acumulación de los aportes –ahorros en verdad- y la rentabilidad obtenida por la gestión del dinero que administran las AFP, más de 50 mil millones de US dólares que, comparativamente con el sistema nacional de pensiones –de reparto, cuyo déficit es casi la misma cifra atendiendo a 3,5 millones de trabajadores, nos muestra como evidencia contundente, que el ahorro produce más resultados que los impuestos.
Entonces, la presencia de operadores políticos como los populistas del nuevo Siglo XXI, es una sinrazón y debería ser rechazada por argumentos inmediatos, pero las AFP no han logrado hacerlo, ya que sus estructuras gerenciales no entienden el significado del comportamiento político de los ciudadanos, que no esperan guardar pan para el futuro, sino que especulan con el dinero que podrían usar hoy en día.
Por ejemplo en el Perú se han aprobado leyes que permiten retirar hasta el 95,5 por ciento del Fondo individual del afiliado, si se encuentra en la edad legal de jubilación -65 años- o si accede a la jubilación anticipada por desempleo -55 años varones, 50 años mujeres-. Esto ha dado como resultado que a la fecha más de 100 mil afiliados retiren ese dinero y casi un 60 por ciento lo haya utilizado en compras diversas, autos, línea blanca, viajes, alguna pequeña propiedad inmobiliaria o en instalar un negocio –bodega, peluquería, taller, restaurante, agencia de empleos o de viajes, librería, licorería- que a la vez, en más del 50 por ciento de ellos, han perdido esa inversión por la carencia de conocimientos empresariales básicos de presupuestos, tasa de retorno, gastos tributarios, regímenes laborales, alquileres y costos derivados.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en el Perú, permitió el llamado viaje al suicidio con el ahorro del trabajador, cuando pudo haber ofrecido múltiples variables de educación financiera para entender la importancia de las pensiones de jubilación y en todo caso, de las formas de invertir una parte, sin perder el derecho generado para las pensiones.
Las AFP tienen menos fondos administrados y eso es muy peligroso para las inversiones, rentabilidad y proyección de mayores retiros. El afiliado saca dinero porque la edad laboral promedio –estable, histórica por decir alguna palabra- se circunscribe entre los 45 y 55 años, cuando de cada 10 trabajadores 6 dejan de seguir en planilla de empresas. Eso debilita los ingresos del trabajador y su familia.
En consecuencia, las AFP han mantenido un bajo perfil de liderazgo gremial. La Superintendencia no ha actuado en la mejor forma su rol clave en los procesos de defensa del cliente financiero y el Estado, en este caso el Gobierno, ha resultado el operador político del desastre.
Esta imagen de sacar el dinero y usarlo en cualquier destino menos en las pensiones, es una muestra que las economías de las familias están golpeadas y que los gobiernos no están enfocados en soluciones sino en paliativos. No existe justicia social si el propio Estado abandona al ciudadano más fuerte, al que durante muchos años ha contribuido con mayores impuestos en la economía nacional.
Como se puede observar, la situación general –en promedio en América Latina- revela que son muy pocos los trabajadores que cotizan, aportan o ahorran con frecuencia y cierta secuencia en algún sistema de pensiones, lo que a su vez, refleja el grado de vulnerabilidad de ese dinero, ya que si no se consiguen determinados requisitos para el trámite de pensiones, se pierde todo el dinero.
La realidad obliga a un cambio de paradigmas, en los cuales el componente de la justicia social no debe ser entendido como la beneficencia de los dueños del poder político.
EL NUEVO GRITO, NADA
América Latina es un mundo pequeño de contradicciones donde el populismo renace cada cierto tiempo, con el rostro de algún caudillo sin más oferta que frases llenas de esperanzas e ilusiones que no tienen asidero alguno.
Desde más trabajo, más salud, más vivienda –sin decir cómo, cuándo y de dónde- hasta el grito revolucionario de los nuevos tiempos para rehacer la historia de cada país, nos enfrentamos con periodicidad a procesos electorales críticos donde el panorama social se ahoga en una especie de tubo de ensayo que al final, siempre explota.
Las desilusiones no pueden destruir lo que funciona bien, pudiendo ser mejor. El sistema privado de pensiones es un buen ejemplo de esto, pero no es un sistema excluyente de otras opciones previsionales.
Si las AFP enmendaran su labor de comunicaciones, explicación, información y permanente transparencia en los movimientos del ahorro y sus resultados, los trabajadores aprenderían a valorar sus esfuerzos por aportar y los esfuerzos también de quienes les devuelven sus aportes más la rentabilidad generada.
Pero eso no ocurre en forma secuencial. Las AFP viven cómodamente hasta que alguien capta el resentimiento social y económico, transforma la verdad en una evidencia contraria y el resultado es la protesta y el querer que desaparezca lo que los populistas llaman absurdamente robo financiero.
Así, en Chile primero y luego en Perú se ha hablado de crear una AFP del Estado. Paradojas de la vida, porque si se dice que las AFP no sirven, para qué quieren el estilo AFP en manos del Estado.
No se trata que la competencia sería desigual, se trata que si quieren AFP estatal que lo hagan y frente a esa realidad, las fuerzas del mercado demostrarían en poco tiempo que la empresa privada en este tema de administrar cuentas individuales de capitalización, es mucho más efectiva, transparente, rentable y promisoria que el Estado a pesar de cualquier escenario de dominio o preferencia.
Es cierto como señalamos, que los sistemas previsionales del Estado o en manos del Estado han fracasado, no sólo porque no son sistemas de pensiones estructurados a lo largo del tiempo, resultando insostenibles, sino porque la corrupción política los ha inundado, destruido y condenado al fracaso.
Es cierto también que los sistemas privados de pensiones son una mejor opción, pero no la solución absoluta y eterna, mucho cuidado con caer en la ilusión financiera eterna, eso no existe.
El debate también debe cuidarse de pensar si se eleva la edad de jubilación, o si los aportes son cada vez mayores. Por allí nos vamos a enredar en temas inconsistentes, ya que si por ejemplo eliminamos las lagunas o silencios en los aportes previsionales, extender la edad de jubilación es un despropósito.
Cobertura, densidad, frecuencia y secuencia. Si resolvemos estos asuntos, habremos logrado una gran solución a la esencia de la historia previsional de cada trabajador. Pero si nos enfocamos en la edad extendida, en el aporte incrementado, estaremos pateando el tablero únicamente.
El tema es Economía Social de Mercado en palabras simples. Justicia social en hechos contundentes, solidaridad inter generacional condicionada a estímulos y contrapartes por esa participación. Subsidiariedad en cuanto sea competente y mucho cuidado con las tentaciones populistas, como pensar en pensiones universales que al final, son pobreza para todos.
Esta es nuestra visión de la actualidad previsional y la resumimos en las siguientes iniciativas.
- Fortalecer los sistemas privados de pensiones
- Generar programas sociales de jubilación para poblaciones vulnerables identificadas como permanentes
- Crear un sustento tributario que permita el crecimiento del ahorro individual
- Compensar las lagunas previsionales con un seguro de desempleo que cubra esa ocurrencia
- Establecer ahorros previsionales vía matching contributions para Amas de Casa
- Reducir drásticamente la informalidad con metas anuales verificables
- Promover mercados laborales que sean atractivos en todos sus componentes
- Estimular la educación en el ahorro y la educación previsional
- Construir redes de información y explicación de la secuencia y frecuencia del ahorro
- Fomentar etapas previas de ingresos por historial laboral – pre jubilaciones sucesivas
Creemos que no existe una sola respuesta al problema evidente de la construcción de planes de pensiones y jubilaciones que sean sostenibles en el tiempo, por eso consideramos necesario que las opciones mezclen variables que fortalezcan cada posibilidad y que exista un monitoreo permanente, acompañado de la máxima difusión y explicación del ahorro previsional, del sentido de pertenencia, de la importancia de las inversiones del ahorro conjunto en proyectos rentables –infraestructura para la Longevidad por ejemplo- y que los gobiernos hagan su tarea enfocados en los sectores vulnerables, grupos de personas que pueden a su vez, contribuir al desarrollo de sus naciones si cuentan con plataformas educativas, sanitarias y laborales que les den el impulso al progreso y desarrollo que requieren.
Pensiones dignas, es posible lograrlas, en el marco de una Economía Social de Mercado.
Imagen referencial, en redes sociales
