En un contexto de creciente inseguridad y percepción de falta de confianza en las instituciones, el impacto de las economías ilegales en Perú alcanza niveles alarmantes.
Según el Índice Global de Crimen Organizado, nuestro país ocupa el sexto lugar entre los países de Sudamérica con mayor criminalidad, el décimo en América Latina y el Caribe, y el puesto 32 a nivel mundial. Además, de los 15 mercados criminales existentes, Perú presenta un mayor desarrollo en 10 de ellos en comparación con el resto de Sudamérica.
“Nuestro país muestra indicadores de criminalidad por encima del promedio y una menor resiliencia. La criminalidad se mide bajo dos dimensiones: los mercados criminales y el rol de los actores criminales, calificación en la que destacamos negativamente debido a los grupos mafiosos que operan en estas economías ilegales, las redes criminales establecidas y los actores vinculados al Estado o integrados en él”, comentó Gisella Aragón, Jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la UP con motivo de la presentación del informe “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú” en el evento “Día de la Gestión Pública 2024”.
Impacto de las economías ilegales
Los 10 mercados criminales que se desarrollan en Perú abarcan diversas actividades ilegales entre las que se encuentran la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, la tala, el contrabando, la extorsión, la pesca ilegal, la piratería y el tráfico de especies y de propiedades. Según el informe, de estas, las tres primeras mueven el mayor volumen de dinero, y se estima que, en conjunto, el monto de dinero movilizado equivale entre el 3 % y el 4 % del PBI.
“El esfuerzo por cuantificar las economías ilegales es arduo y complejo. Las organizaciones criminales se esfuerzan por diversificar y combinar sus actividades; por ejemplo, la trata de personas es una actividad que se vincula con otras economías ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala”, explicó Aragón.
También señaló que, además de su impacto económico, estas actividades ilegales generan consecuencias ambientales, sociales e institucionales. Como ejemplo, destacó que la minería ilegal provoca daños en la biodiversidad, los ríos, y en las comunidades de pueblos originarios que subsisten sobre la base del patrimonio natural de esas zonas.
Sobre los recursos destinados a combatir la inseguridad, Aragón enfatizó que las condiciones de infraestructura y equipamiento de las unidades policiales, así como los recursos de los que dispone el Ministerio Público y otros actores vinculados al combate de las economías ilegales, resultan insuficientes. Por ello, se requiere un cambio urgente y el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado para generar oportunidades dentro de la economía formal.
Además, mencionó que en el Perú existe una alta tolerancia a la informalidad, lo que facilita la transición hacia la ilegalidad: “Hoy por hoy estamos acostumbrados a vivir en alerta, tanto así que los negocios incorporan los costos de la extorsión dentro de sus proyecciones y existe una cotidianeidad en la práctica de la piratería, la cual ha evolucionado al ritmo de la tecnología.” Asimismo, añadió que no solo se necesita sancionar esta informalidad, sino que también se requieren acciones drásticas que reduzcan los costos de ser formal.
La presentación del informe se realizó en el marco de la novena edición del “Día de la Gestión Pública 2024”, evento organizado por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Este año, el tema fue “Economías ilegales: del problema a la política pública” y contó con la participación de destacadas figuras del sector público y privado.
