Kuczynski se desempeñó como ministro de Economía en dos ocasiones. Del 28 de julio de 2001 al 11 de agosto de 2002 y del 16 de febrero 2004 al 16 de agosto 2005. En esa fecha asume la Presidencia del Consejo de Ministros hasta que culminó el mandato del ex presidente Toledo, en julio de 2006.
Durante su gestión pública sus empresas y/o allegados firmaron diversos contratos de “asesoría financiera” cuyo objeto era la obtención del financiamiento requerido para la ejecución de las obras o concesiones de clientes, que a su vez y siempre tenían relaciones contractuales con el Estado.
Estos contratos de asesoría financiera fueron firmados y ejecutados en dos etapas; una primera –preparatoria- en la que se pactaba un primer pago diminuto, y una segunda en la que se retribuía el éxito, esto es la obtención de los recursos financieros propiamente dichos.
Hasta allí todo bien si no fuera que para facilitar la obtención de los recursos, y la consecuente materialización de una importante retribución porcentual, consistentemente era requerido o se hacía necesario un aval del Estado o algún otro tipo de mecanismo que garantizara el pago a los clientes.
Como ejemplo, Luis Carranza, que fuera viceministro de economía de Kuczynski, ha declarado que fueron dos los decretos -el Decreto Supremo 012 y el Decreto de Urgencia 016- que facilitaron a la Interoceánica su liberación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y que aumentaron los compromisos financieros por parte del Estado, elevando el tope del endeudamiento estatal.
Como en ese caso, las garantías estatales se obtuvieron en todos los casos, facilitando la obtención de los fondos financieros y generándose los ya famosos “honorarios de éxito” para las empresas o amigos del que fue nuestro presidente.
Y como decía el famoso “Cantinflas”, allí está el detalle. Los documentos suscritos por las empresas o amigos del ex presidente coinciden “extrañamente” con la expedición de las normas o disposiciones que posibilitaron el éxito de la recaudación de los recursos financieros.
Nadie cuestiona entonces si se esos contratos eran operaciones entre privados, si fueron operaciones declaradas, si los recursos eran de la caja uno o de la dos, lo que se cuestiona es que todo parece indicar que se trataba de una forma elaborada de “retribuir” los actos de un funcionario público para favorecer los negocios de quienes contrataron esas asesorías con sus empresas, siempre en perjuicio del Estado.
Estamos pues ante un evidente caso de negociación incompatible, para todos aquellos que no lo quieran ver.
(Articulo escrito por Rodulfo Cortez Benejam)
